Defensores piden a jueces de crimen organizado en el caso

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EDUARDO DELGADO

Los defensores de oficio de Maldonado plantearán la situación de la cárcel de Las Rosas a la OEA y exigirán que un juzgado especializado en crimen organizado busque responsabilidades en el motín. En tanto, se hacen ajustes a custodia militar.

"Esto fue justificado por carencias e incumplimientos del propio Estado, dice el juez, pero como defensora penal quiero y necesito que el Estado tenga nombre y apellido, porque si no se diluyen responsabilidades, y estamos hablando de una muerte", expresó la abogada María Eugenia Elso.

Agregó que para realizar su trabajo necesita "certezas en la cárcel, que si matan a una persona se juzgue y condene al responsable" y entiende que la sentencia del juez Gabriel Ohanian no va en ese sentido.

Señaló que en su caso se trata de la muerte de dos clientes, la del asesinado en el motín y la de otro que falleció por tuberculosis el viernes pasado.

Elso afirmó que en el verano se espera que haya unos 200 presos más en Las Rosas y "si un juez justifica una muerte en estas condiciones, habilita que se asesine a un preso porque un policía se descontrole".

La abogada consideró que se deben definir responsabilidades en el motín, y que de ello deberá encargarse un juzgado especializado en crimen organizado o un juzgado de Maldonado que tiene un expediente abierto referido a las condiciones de hacinamiento del establecimiento carcelario.

A nivel internacional, las defensoras de oficio prevén denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la situación de Las Rosas, fundamentalmente en lo referido al estado sanitario de los presos.

Por su parte, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que ha tenido activa participación en la denuncia de irregularidades en las cárceles, manifestó su "profunda preocupación, no sólo por los hechos, sino por un fallo que consagra la impunidad".

INTRAMUROS. La Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior está investigando lo ocurrido la noche del motín en Las Rosas. Espera tener acceso al expediente, lo que se concretará en los próximos días, para conocer documentos reservados de la Policía y judiciales que desconoce e incorporarlo a su indagatoria.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron a El País que la investigación interna debe cumplir aún varias instancias, y recordaron que esa unidad tiene otros casos relevantes entre manos, tales como la investigación en torno al procedimiento en el caso del economista Saúl Feldman.

Entre tanto, la situación dentro de la cárcel de Las Rosas es de "total tranquilidad", señalaron desde la Secretaría de Estado. Alrededor de 50 efectivos del Batallón de Infantería N° 12 del Ejército ya tomaron posiciones en el perímetro externo del establecimiento.

En relación con la intervención de los efectivos militares en la custodia, la sección jurídica del Ministerio de Defensa Nacional trabaja en el ajuste de los decretos que regulan la participación de personal castrense en estas tareas. En base a un decreto de 1997 la custodia perimetral se ejerce en el Penal de Libertad, el Comcar de Santiago Vázquez, y la cárcel departamental de Canelones. "Se estudia qué forma jurídica darle a esta intervención y cómo será la extensión de competencias a Las Rosas", señalaron las fuentes ministeriales.

Los efectivos del Ejército llegaron a Las Rosas en la noche del lunes, pocas horas después que el juez Gabriel Ohanian emitiera su fallo y rechazara el procesamiento de un policía y dos reclusos. Ayer por la mañana los militares pudieron concluir su despliegue, al tiempo que comenzaron a delimitar la nueva "zona militar".

Este refuerzo permitió relevar a los efectivos policiales que cumplían hasta el martes las tareas de custodia externa y volcarlos a tareas dentro de la propia cárcel.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Bruni, señaló que se viene trabajando en varios aspectos para mejorar la situación interna del penal fernandino. La ampliación de las instalaciones es una de ellas, aunque las obras, estimó Bruni, alcanzaron sólo al 15%.

"Estamos paliando situaciones difíciles en Las Rosas; se trata de un establecimiento en dificultades por problemas de hacinamiento", declaró Bruni ayer luego de la firma de un convenio entre la Suprema Corte de Justicia, el INAU y la Secretaría de Estado.

El ministro discrepó también con la visión del Comisionado Parlamentario, Álvaro Garcé, acerca de la incidencia de las drogas en la situación interna de Las Rosas. "El informe del comisionado parlamentario tiene algunas divergencias en cuanto a lo que nosotros pensamos. No tenemos indicios serios de que exista tanta influencia de la pasta base; eso está en contradicción con lo que dice el informe del señor comisionado. También existe la visión diferente en cuanto a una posible fuga el día de los hechos", consideró Bruni.

Durante su comparecencia ante la comisión bicameral del Parlamento, Bruni había anunciado algunas medidas que se están adoptando. Algunas de ellas se pondrán en práctica de inmediato -tal el caso de la custodia militar- o antes de los 120 días de plazo para terminar la ampliación de la cárcel: instalarán cámaras, reforzarán con efectivos del equipo GEO, instalarán de un detector de drogas y la prisión pasará a la Dirección Nacional de Cárceles. (Producción: E. Barreneche, D. Friedmann y R. Rossello)

La Ley 18.315 de Procedimiento Policial establece las reglas para el uso de la fuerza por parte de la Policía, en los artículos 20, 22 y 23. "Oportunidad para el uso de la fuerza: numeral B) Se ejerza contra el personal policial o terceras personas violencia por la vía de los hechos o amenazas por persona armada, poniéndose en peligro su integridad física", según el artículo 20. El artículo 22 establece que "el uso de armas de fuego es una medida extrema". En cuanto al empleo de armas de fuego, el artículo 23 establece como criterio que su empleo se hará cuando sea inevitable, sujeto a los criterios: "A) Actuará con moderación y en proporción a la gravedad de la agresión o la conducta ilícita que se trate de reprimir. B) Reducirá al mínimo los daños y lesiones que pudieran causar al agresor".

Estalla el motín

A las 23.40 del miércoles 21 de octubre un recluso llama al agente de guardia, el "llavero" como se le conoce en la jerga interna, para avisarle que hay un interno enfermo que necesita atención médica. Hasta entonces reinaba la calma en el módulo 0 como en el resto de Las Rosas. El guardia avisa a su superior, en ese momento el sargento Gustavo Cazón Perdomo, que junto a otros efectivos se dirige al sector. Pero al entrar al módulo se ven rodeados por presos encapuchados y armados con cortes. A los policías no les queda otra opción que replegarse hasta la oficina de guardia interna. Los reclusos, armados y visiblemente exaltados, comienzan a romper los candados de los sectores 1, 2, 3 y 4.

Un policía emboscado

Los reclusos tiran abajo una pesada puerta de hierro y comienzan a romper todo a su paso, al tiempo que queman colchones. El objetivo es bloquear con fuego la puerta de la guardia interna. Allí queda sitiado el agente Pío Bravo, a merced de más de 100 presos fuera de control. Según establecerá más tarde la indagatoria judicial, el agente Bravo salvó por muy poco su vida gracias a la cobertura del agente Luis Alberto Recoba quien, armado con una escopeta, comienza a disparar munición no letal contra los amotinados desde una azotea para mantenerlos a raya e impedir que se acerquen al agente emboscado. Una agente policial, del pabellón femenino, logra rescatar a Bravo de lo que parecía una muerte segura.

A metros de la salida

En ese momento había tan solo 11 funcionarios policiales en Las Rosas, un establecimiento con unos 470 reclusos. Ese grupo de policías es el que intenta frenar la arremetida de los amotinados. Disparan balas de goma, pero la munición no letal era escasa y se termina en minutos. Los reclusos intentaban copar el sector de visitas, a sólo 23 metros del portón de salida. El control de ese sector por parte de los reclusos habría cambiado dramáticamente la situación: a un paso de la fuga masiva. Los policías comenzaron a pedir refuerzos en clave de urgente. Un equipo de la Comisaría 2ª al mando del oficial José Alejandro Pimienta es el primero en llegar, luego lo harán efectivos de Radio Patrulla.

Muere el primer recluso

Dentro de la cárcel reinaba la oscuridad. El humo de los colchones incendiados inundaba el celdario. Los efectivos de guardia no contaban con faroles o linternas para alumbrarse en el interior. Con los primeros refuerzos, los policías volvieron a ingresar al celdario. Algunos cargaban balas de goma en sus armas, la mayoría llevaba munición letal. Comienzan a disparar contra los reclusos para hacerlos retroceder. Muchos de ellos optan por retroceder y entrar al celdario. Durante esta etapa del enfrentamiento el recluso Horacio Dutra Quiroga es alcanzado por disparos en el tórax y muere. El accionar de los policías era desordenado, desesperadamente intentaban contener a los amotinados.

La "causa de fondo" del motín del 21 de octubre en Las Rosas "es el hacinamiento que tiene el sistema carcelario uruguayo" y en particular el que existe en el establecimiento de Maldonado, dijo el ministro del Interior, Jorge Bruni, al concurrir la semana pasada a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario.

Bruni anunció medidas para mejorar la situación (ver nota principal) y también informó que en pocos días estará pronto un protocolo para "orientar" las actuaciones cuando ocurren motines.

Por su parte, el subsecretario Ricardo Bernal, dijo que el Código de Conducta de funcionarios policiales ya contiene "normas vinculadas con el respeto de las personas privadas de libertad, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego". "Me refiero a los principios de racionalidad, progresividad y proporcionalidad de los medios", señaló.

El jerarca citó una resolución de 1999 que refiere al uso de los medios de coerción en el sistema carcelario y un manual de orientación de la Jefatura de Maldonado para los policías que trabajan en Las Rosas. A su vez, señaló que el decreto N° 110 de 2002 establece que "los policías utilizarán las armas y cualquier otro medio material de coerción en forma racional, progresiva y proporcional, debiendo agotar antes los mecanismos de disuasión adecuados que estén a su alcance según los casos".

Bernal dijo que tienen bajo análisis jurídico un proyecto sobre el empleo de los medios de coacción, que sea "una garantía para todas las personas que puedan estar involucradas", tanto policías como presos.

A su vez, señaló que analizan otro reglamento sobre la intervención en situaciones de crisis como motines, agresiones o intentos de fuga masiva. El proyecto fue elaborado por el Estado Mayor Policial y es un "plan general" que deberá ser adaptado a la realidad por cada uno de los jefes. "Las normas recogen que siempre tienen que ser utilizados los medios no letales y que las otras armas se utilizan como último recurso", dijo.

En Las Rosas, agregó, no era conveniente usar gases porque podía ser riesgoso por el tipo de estructura. "Por eso, lo atinado era usar balas de goma", señaló el subsecretario.