Debate sobre el control de armas bajo fuego cruzado

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Si usted es cazador deportivo, representa a Uruguay en competencias de tiro o utiliza una escopeta heredada de su abuelo, podría ir preso hasta seis años, según un proyecto de ley sobre tráfico de armas que está a estudio del Parlamento.

En su artículo 1°, la iniciativa legal elaborada por el Ministerio del Interior castiga con 24 meses a seis años de prisión el tráfico y la tenencia ilegal de armas. Sin embargo, el artículo 2° del proyecto abarca a una enorme cantidad de situaciones (ver documental) que pueden acarrear penas de dos a seis años si el poseedor del arma no está registrado en el Servicio de Armamento del Ejército o en la Jefatura de Policía en el interior.

El representante del Club Uruguayo de Tiro, Martín Caubarrere, advirtió que, en caso de aprobarse ese artículo, toda persona que practica la caza en Uruguay "estaría quedando como un delincuente" porque, tradicionalmente, la munición que se utiliza para cazar en todo el mundo no está permitida en Uruguay.

La caza deportiva se ha incrementado en los últimos años. Cazadores extranjeros arriban a Uruguay a cazar en cotos privados. En el año 2010 los ingresos por la cacería en Uruguay fueron más de US$ 10:000.000, cifra superior a la exportación de vinos, informó Caubarrere.

DEPORTISTAS. Otros que enfrentarán problemas legales en caso de que se mantenga el actual texto (que está a consideración de la Comisión de Cons- titución y Códigos del Sena- do) son los tiradores profesionales que compiten por Uruguay. "Si cuando vamos a un torneo nos encuentran con la pistola y 500 municiones, estaremos transgrediendo lo que establece el artículo 2º. Nos preocupa su amplitud, pues llega a comprender a gente que realiza su actividad en un marco totalmente legal", señaló Caubarrere.

Los coleccionistas de armas también estarán en la mira pese a que, cada año, deben presentar una declaración jurada ante el Servicio de Material y Armamento del Ejército y reciben inspecciones anuales de dicha repartición estatal.

El directivo de la Asociación de Coleccionistas de Armas Julio Lestido dijo: "Observamos que dentro de esa cantidad de opciones que se consideran en el artículo 2º, se plantean penas muy duras para circunstancias que pueden ser inofensivas o sin intención de dolo alguno".

BALACERA. El pasado martes, en la Comisión de Constitución y Códigos, el senador de Alianza Nacional Carlos Moreira dijo que la redacción del polémico artículo es "demasiado dura" para quienes tienen escopetas de caza o armas de los abuelos que pasan de generación.

"La casuística que abarca el artículo 2° es enorme. Si bien no podemos saber a ciencia cierta cuántas armas existen en el Uruguay, mucha gente no las declara y es imposible censarlas. Seguramente hay cientos de miles que obran en hogares, establecimientos agropecuarios y lugares diversos, y en la mayoría de los casos no han sido registradas", indicó.

El senador del Frente Amplio Luis Rosadilla también dijo que el artículo 2° tiene "un gran nivel de generalidad" y pena a muchas acciones vinculadas al porte y uso de armas de fuego.

Tras advertir que coincide con el gobierno sobre la necesidad de legislar sobre la tenencia y el tráfico ilegal de armas, Rosadilla dijo: "Considero que este artículo no tiene un balance justo entre lo que se quiere regular y reprimir, con oportunidad y justicia, y el funcionamiento que se le da a la norma".

El exministro de Defensa señaló que en la zona donde vive (Santa Catarina) "la ley está lejos" y "es común" que el hombre que sale a trabajar todavía de noche le entregue a su mujer un arma para disparar al aire por si ve a alguien merodeando la finca. También dijo que los pescadores, quienes tienen viviendas muy vulnerables, piden a sus vecinos que les guarden las armas para evitar que las roben cuando se embarcan.

El senador colorado Ope Pasquet precisó que, por más que se otorgue un plazo para registrar las armas, "sabemos que a la gente que vive en el medio rural no le va a ser tan sencillo enterarse de la existencia de la norma, comprender su significado y, finalmente, dar los pasos necesarios para regularizar la situación. Estas personas, tal como está redactada la disposición, con el paso del tiempo van a quedar incursas en delito".

ANTECEDENTES. El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, afirmó que el objetivo del proyecto de ley es "desestimular" el porte de armas a aquellas personas que no deben estar armadas, y no ofrecer dificultades a los ciudadanos que quieren o consideran importante tener un arma. "No es intención, tampoco, limitar la posibilidad de acceder a las armas", dijo y agregó que no podrán tener armas personas con antecedentes penales y judiciales.

Con respecto a escopetas, revólveres o pistolas heredadas, Vázquez dijo que las convenciones internacionales consideran armas de fuego todas aquellas que fueron fabricadas después de 1899 y, por lo tanto, "estarían comprendidas dentro de la reglamentación" si fueron fabricadas después de esa fecha.

En cuanto a las personas que tengan en su posesión armas de fuego legales y quieran regularizar su situación, Váz-quez explicó que pueden hacerlo en cualquier Jefatura de Policía.

También se refirió a quienes suelen cazar en Semana de Turismo y piden armas prestadas. "En realidad, las armas deben estar registradas y también las personas que las van a utilizar", dijo.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Váz-quez, afirmó que el tráfico internacional y la tenencia ilegal de armas a nivel nacional están generando "un problema importante" de seguridad pública.

"Actualmente, la mayoría de los delitos se comete a mano armada, con cualquier tipo de armas de fuego", dijo Vázquez en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado donde se discute el proyecto de ley que penaliza la tenencia ilegal de armamento liviano y de guerra.

Advirtió que, además del tráfico ilícito, "es dable pensar que puede haber gente que se dedique a alquilar armas para cometer delitos. Llama la atención que la Policía detiene a los delincuentes a pocas cuadras de donde se cometió el hecho y no encuentra el arma; probablemente se descarten de ella en algún lugar. En declaraciones algunos detenidos han dicho que habían alquilado el arma".

Afirmó que los delincuentes utilizan armas de buena calidad y armas ensambladas, lo que hace pensar a la Policía que también hay un comercio internacional de partes de pistolas y revólveres. "Incluso, es importante el tráfico transfronterizo de partes de armas, porque se pueden estar montando en algún lugar. A veces lo que parece un delito menor, co-mo llevar algunos caños o cerrojos, termina generando otra situación", dijo.

Recordó que, con la aprobación del proyecto de ley, "se dará un paso muy bueno. Hoy, cuando la Policía detiene a un ciudadano que está armado, no sucede nada -salvo que el arma sea robada-, pues no está cometiendo ningún delito. Estas medidas tienden a proteger al ciudadano que, responsablemente, quiere tener un arma de fuego, y a desestimular a aquellos que no deben utilizarlas".

El artículo 2 del proyecto está redactado como sigue:

"El que de cualquier modo adquiriere, alquilare, recibiere, transportare, distribuyere, ocultare, tuviere en depósito, fabricare, produjere, creare, armare, ensamblare o reensamblare, adulterare, vendiere, o de cualquier forma utilizare, armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados sin autorización o contraviniendo las normas legales y/o reglamentarias, será castigado con una pena de 24 meses de prisión a 6 años de penitenciaría".