Debate por reforma del estado con funcionarios públicos bajo la lupa

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Sebastián Cabrera

Una larga lista de propuestas presentadas por Lacalle para la reforma del Estado disparó el debate en el Senado, mientras el gobierno prepara un sistema más riguroso de contratación, con un segundo concurso o evaluación después del ingreso.

Esa es una de las modificaciones que plantea el Poder Ejecutivo para la administración, como parte de una batería de reformas que se implementará a partir del próximo Presupuesto y seguirá con diversos proyectos de ley durante los años 2010 y 2011.

El tema estuvo presente ayer en el Senado, donde el ex presidente Luis Alberto Lacalle explicó una serie de iniciativas "hacia una nueva administración pública", que catalogó de "revolucionarias". El anuncio de esa exposición fue criticado el lunes en el Directorio por el senador Sergio Abreu, debido a que su contenido no fue coordinado en forma previa con la bancada. Ayer, el ex presidente se retiró del recinto cuando Abreu hizo uso de la palabra.

Entre otros planteos, Lacalle propuso que la cédula de identidad sea el único documento para los trámites y que no se exija partida de nacimiento; sugirió el trabajo "a distancia" y desde el domicilio para las empleadas con hijos pequeños a cargo; habilitar todo tipo de trámites por internet; cambios en el pago de honorarios para los abogados del Estado; compensaciones salariales a quienes tienen títulos o certificaciones relativas a su oficina; además de un sistema de clearing de créditos y deudas en el Estado.

También planteó que es posible eliminar un 30% de vacantes, ya que cada año se jubila un promedio de 3.000 personas. "Desde 2005 se jubilaron 13.680 personas. Debemos estudiar la redundancia de funciones y eliminar las vacantes que se produzcan", indicó.

El senador nacionalista planteó que todos los empleados con antigüedad de cinco años puedan concursar por los ascensos, ya que "no hay nada peor que ascender porque se estuvo 20 años en un lugar sin haber cometido faltas". Lacalle recomendó "liberar los concursos de jefaturas a partir de un mínimo de experiencia" para lograr "una verdadera revolución interna en la administración" y que el personal "se ponga la camiseta" y "tenga ganas".

En la línea del gobierno, Lacalle planteó una "gran reforma" en los departamentos jurídicos de la administración, con "incentivos" para los abogados y procuradores. El ex presidente sugirió que se distribuyan los honorarios entre el profesional y la oficina jurídica.

Otro tema que le obsesiona es la partida de nacimiento y ayer planteó que el Estado no pida los datos que ya tiene. "Es un acto surrealista, porque yo estoy ahí pero tengo que demostrar que nací. Renato, amigo mío, éste soy yo", ironizó Lacalle. Sugirió "terminar con estas cosas" porque "un día habrá un acto de violencia extrema" y recomendó sustituir la presentación de la partida por la exhibición de la cédula.

También planteó el "silencio positivo" de la administración (por ejemplo, lograr el fin de obra si en un plazo de seis meses no hay inspección del BPS) y la "presunción de pago" si el contribuyente tiene los últimos recibos de luz o agua.

Hubo elogios desde la bancada oficialista a planteos de Lacalle, aunque también críticas. Así, por ejemplo, la senadora Constanza Moreira rechazó la definición del contribuyente como "cliente" del Estado y también que el ex presidente haya aconsejado consultar a todos los funcionarios públicos y no tanto a COFE. "Los trabajadores organizados deben ser incorporados a este proceso. No hay que caer en el facilismo de contraponer los intereses de los gremios con los intereses de la ciudadanía", alertó Moreira.

MEDIDAS. El prosecretario Diego Cánepa y el director de la OPP Gabriel Frugoni repasaron el lunes con la bancada de senadores del Frente Amplio las diferentes iniciativas en elaboración (ver recuadro aparte).

Una de las reformas, que sería incluida en el proyecto de Presupuesto, establece un sistema "más exigente" y con mayores controles para el ingreso al Estado en el marco de los cambios al Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (Tofup), dijeron a El País fuentes frenteamplistas.

La idea es que los funcionarios ingresen por concurso a través de un sistema de ventanilla única y, cuando se trate de una función permanente, habrá una segunda evaluación tiempo después del ingreso (que podría ser a través de otro concurso) para ocupar el lugar en forma definitiva.

Sería un "filtro más fuerte para confirmar la necesidad de personal y que el empleado elegido sea idóneo", dijeron las fuentes. Eso no se dejará solo a la evaluación directa del superior. "El problema es que hay gente que concursa bien, pero luego no encaja en el cumplimiento de la función", explicó a El País un senador frenteamplista. Este cambio estará vinculado a una movilidad "horizontal" y a la simplificación de los contratos temporales, con dos o tres figuras distintas.

El director de OPP también anunció una reforma en las partidas por productividad en las empresas públicas, que hoy en muchos casos incluyen variables no vinculadas en forma directa al sueldo del empleado, como la mejora en la facturación de la empresa. La productividad se topearía hasta el 12% del sueldo de cada trabajador y se ligará a distintos indicadores.

Otro planteo está vinculado a los cargos políticos y de confianza: habrá partida única para cada ministerio y un formato único de contrato, además de un tope para la remuneración.

Durante el debate, el senador Enrique Rubio resaltó la necesidad de simplificar los vínculos laborales porque "todos conocemos la habilidad de los orientales para entrar por la ventana" y armar "ingenierías ingeniosas". Consideró "clave" reformar la abogacía del Estado y recordó que esa era una de las "obsesiones" del ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, ya que suele haber una "abulia institucional" para defender al Estado.

Proponen controles "más exigentes" para el ingreso al Estado y una segunda evaluación para comprobar que quienes ganaron concursos sean idóneos para el cargo.

Modificaciones a los pagos por productividad en las empresas públicas, con un tope de hasta 12%.

Se plantea una nueva ley de compras estatales, que reformará el Tocaf.

Otro proyecto de ley reglamentará la definición de los despidos por causales de ineptitud y omisión, para otorgar mayor precisión y unificar criterios en el Estado.

En abril de 2011 habrá una reforma en la abogacía del Estado, siguiendo criterios trazados en el gobierno anterior. En el segundo semestre de 2010 se presentará un proyecto de ley marco de personas públicas no estatales.

Se plantea simplificar los sistemas de contratación: se mantendrán los contratos de obra y se eliminarán los contratos "cachet", que se sustituirán por un nuevo sistema de contrato artístico.