Corte negó "libertad por gracia" para Bengoa y demás procesados

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La Suprema Corte de Justicia rechazó el pedido de libertad presentada por los abogados de Juan Carlos Bengoa, sus dos ex asesores y un empresario procesados en diciembre de 2007 por las irregularidades registradas en los casinos de la Intendencia de Montevideo.

La decisión de los ministros de la Corporación causó "sorpresa" en los abogados de los procesados, señaló a El País Víctor Della Valle, representante legal de Bengoa, quien dijo desconocer los fundamentos de la resolución, ya que en solicitudes de libertad por "gracia" la SCJ no está obligada a fundar sus pronunciamientos.

Tanto Bengoa, sus ex asesores Orestes González y José Luis Antúnez y el empresario Felipe Ruiz había solicitado la libertad a los ministros de la Corporación el mes pasado, en el marco de la visita anual de cárceles.

Fuentes judiciales dijeron que la decisión -que fue adoptada por unanimidad de los cinco ministros- se tomó en virtud de que el proceso se encuentra en pleno trámite, a la vez que se evaluó la gravedad de los delitos imputados en el procesamiento.

Hasta hace diez días, la jueza penal Fanny Canessa y el fiscal Diego Pérez tomaron nuevas declaraciones en el marco de esta investigación, que busca esclarecer las irregularidades constatadas en los casinos de la IMM entre los años 2000 y 2005, durante la segunda administración municipal del actual senador Mariano Arana.

Della Valle dijo que, luego de la resolución de la SCJ, "la única que queda" es solicitar la libertad provisional a la jueza. Eso se coordinará, en los próximos días entre los abogados de todos los procesados, según explicó el abogado del ex jerarca municipal.

Además de Bengoa, González y Antúnez, en 2007 también fue procesado el funcionario de casinos Gustavo Dalmonte, quien al habérsele imputado delito más leve recuperó la libertad a fines de julio por disposición del Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno.

Por su parte, el abogado de González, Mario Pereira Garmendia, renunciará a la defensa del ex asesor de Bengoa, como consecuencia de la resolución de la Corporación que, a su juicio, es un "mamarracho jurídico".

"Es nuevamente dejar a Uruguay en evidencia en relación a la violación del Pacto de San José de Costa Rica y desentenderse del principio de inocencia", dijo el abogado a El País.

"¿Qué le puedo reclamar a la jueza de primera instancia o al Tribunal de Apelaciones cuando ya se pronunció el máximo órgano del Poder Judicial?", se preguntó Pereira Garmendia. "Entiendo que en Uruguay no están dadas las garantías para defender a González, y por eso voy a abandonar su defensa", añadió el abogado.

"Esto no es un debido proceso. Que se fundamente una prisión cautelar de dos años porque queda prueba por diligenciarse no es serio", cuestionó Pereira Garmendia.

MÁS AUDIENCIAS. En los próximos días, la jueza Canessa fijará nuevas audiencias, en el marco de una serie de pruebas solicitadas hace varios meses por el fiscal del caso, Diego Pérez.

A fines del mes pasado declararon varios jerarcas y ex jerarcas municipales, quienes fueron interrogados sobre el sistema de arrendamiento de slots implementado durante la gestión de Bengoa, y que según se constató, arrojó pérdidas millonarias para el municipio.

En tal sentido, comparecieron prosecretario de la IMM, Jorge Rodríguez, y el actual gerente de la comuna, Hugo Gandoglia, quienes destacaron ante la jueza Canessa y el fiscal Pérez la conveniencia de la modalidad de arrendamientos, que es la que actualmente mantiene el intendente Ricardo Ehrlich.

El pasado 31 de octubre, compareció ante la magistrada el ex director de Desarrollo Económico de la comuna, Alberto Rosselli, a quien se cuestiona por su responsabilidad en las obras de remodelación del Casino Parque Hotel, que fueron financiadas con aportes irregulares de empresarios que alquilaban slots a la IMM.

Rosselli, que declaró en calidad de indagado, involucró al ex intendente Arana y a la ex secretaria general y actual ministra de Salud Pública María Julia Muñoz, quienes, según dijo, tuvieron responsabilidad en la firma de algunos contratos.