Comunistas mantienen en Senado oposición a la ley público-privado

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VALERIA GIL

El Frente Amplio analiza realizar en el Senado una serie de modificaciones al proyecto de Participación Público Privado, para evitar la declaración de inconstitucionalidad. Además, el Partido Comunista planteará nuevos cambios al articulado.

En atención a una observación realizada por juristas, la bancada de senadores de la coalición de izquierda analiza nuevos cambios al proyecto de Participación Público Privado, aprobado en la Cámara Baja el pasado 11 de mayo.

Para no caer en una inconstitucionalidad, se plantea la supresión del inciso tercero del artículo 23, que establece que "todo recurso que quiera interponerse sobre la adjudicación provisional de obras quedará en suspenso, hasta la resolución definitiva".

Fuentes legislativas dijeron a El País que en este artículo "podría decirse que lo que planteamos es un tecnicismo, pero perfectamente puede terminar en una inconstitucionalidad y, como no agrega nada, se pretende su eliminación".

"La redacción del articulado es mala, porque los recursos no se suspenden sino que se sustancian", explicó un senador oficialista.

Además, de esta modificación se plantean tres cambios menores en la redacción del proyecto que refieren a errores de sintaxis y referencias equivocadas. Por ejemplo, en un caso se remite al artículo 49 cuando tendría que decir 48. Como estos ajustes no son considerados imprescindibles por parte de los legisladores oficialistas, se modificarán en el caso de que se lleven adelante los otras modificaciones en el articulado.

comunistas. Por otra parte, el Partido Comunista planteará en la reunión de bancada del lunes 4 de julio sus reparos al proyecto que permite la asociación estatal con privados para la construcción de infraestructura.

"Nuestra exposición no va a ser muy distinta a la que hicimos en Diputados. Tenemos varias cuestiones para proponer, pero hay que esperar a la reunión con los senadores", dijo a El País el senador Eduardo Lorier (Partido Comunista).

En tanto, fuentes legislativas dijeron que el Partido Comunista pretende la modificación del artículo 54 para que en la solución de los conflictos que surjan con motivo de la aplicación, ejecución, cumplimiento y extinción de los contratos entre las partes no se recurra a un Tribunal de Arbitraje, sino a la Justicia ordinaria.

La actuación del Poder Judicial supone un trámite más demorado que el de un Tribunal de Arbitraje. De esta forma, se podrían retrasar las obras y este es uno de los motivos por los que la bancada de senadores del FA no apoyaría la iniciativa del Partido Comunista.

Además, los comunistas comparten el planteo de la Mesa Sindical de la Coordinadora de Entes del Pit-Cnt, "respecto a que toda iniciativa de asociación con privados, no debe modificar el actual patrimonio de las empresas públicas", según se expresa en la última reunión del Comité Central del PCU.

En la misma línea, plantean que "es necesario que las áreas estratégicas de la economía permanezcan en manos del Estado y que las empresas públicas sigan desarrollando las principales cadenas productivas".

Asimismo, el Comité Central del PCU reafirmó que "solo acompañará la ley de Asociación Público Privada si las salvaguardas del patrimonio público, los derechos de los trabajadores, los controles y garantías para las empresas públicas, se respetan tal como surgen del programa del Frente Amplio".

Para no retrasar los plazos de aprobación del proyecto de participación con privados, la bancada oficialista pedirá el desglose del proyecto para permitir la votación de los artículos ya acordados.

La idea es terminar de aprobar el resto del proyecto con las modificaciones que se introduzcan en los primeros días de julio, para cumplir con el plazo solicitado por el Poder Ejecutivo. El proyecto debe ser remitido luego a Diputados para que se aprueben los cambios; allí se negociará con la oposición la votación "sobre tablas", según se informó ayer en la bancada del Frente Amplio.

El Partido Comunista pidió en Diputados "libertad de acción" para no votar el proyecto de ley que permite la asociación con privados para la construcción de obras de infraestructura. La solicitud fue realizada por el diputado Hugo Dávila, pero la bancada no hizo lugar al planteo.