VALERIA GIL
Mientras que el gobierno da por finalizado el debate tributario en la interna del Frente Amplio, el Partido Comunista redobla la apuesta y plantea eliminar las exoneraciones fiscales a grandes empresas nacionales.
Cuando el debate tributario parece llegar a su fin, desde el Partido Comunista del Uruguay (PCU) se vuelve a insistir con la necesidad de aplicar cambios en la política tributaria que implican la eliminación de parte de los incentivos a la inversión extranjera directa y también a la nacional.
La rebaja generalizada del IVA de dos puntos y la devolución total del impuesto para los usuarios de las tarjetas del Mides; la suba del mínimo no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una BPC, el incremento del universo de empresas agropecuarias que pagan el impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y la revisión de la Ley de Promoción de Inversiones, fueron los anuncios que realizó el Ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
Si bien en ellos se contemplan varios de los planteos que hicieron distintos sectores del Frente Amplio, los comunistas pretenden que el gobierno revise el sistema de beneficios fiscales a empresas extranjeras y nacionales.
Según un documento aprobado por el Comité Central del Partido Comunista el domingo 3 al que accedió El País: "es necesario cambiar aspectos de las exenciones a la inversión privada nacional, sin afectar los proyectos de la pequeña y mediana empresa".
Con un tono crítico, los comunistas explican que "por un lado se dice que no hay recursos para inversiones importantes del Estado, pero ocurre que apoyamos con beneficios tributarios el equipamiento de oficina y compra de computadoras de varios estudios jurídicos y contables".
Según el PCU, "las medidas fiscales estatales abarcan a una conocida red de pagos a la que se ayuda para mejorar la seguridad y la protección del personal y los clientes, además de permitir adecuar su parque de coches blindados".
En el documento también se menciona como ejemplo el apoyo estatal a otra empresa nacional "para que instale tecnología 3D en dos de sus salas cinematográficas".
En la misma línea, el PCU insiste con la necesidad de eliminar una parte de los incentivos a la inversión extranjera directa que son considerados innecesarios. "Hemos dicho que no podemos ser más realistas que el propio rey, máxime cuando un 72% de los proyectos se hubieran realizado igual sin ese apoyo", sostiene el PCU.
Por otra parte, los comunistas cuestionan el proyecto de Participación Público Privada (PPP) que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para habilitar la construcción de obras de infraestructura. "¿No hay recursos estatales para destinar a obras?", se preguntan. Al tiempo que afirman que tan solo con el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) por encima de lo estimado (US$ 600 millones), se pueden obtener fondos para realizar obras.