Comuna de Maldonado dice que los "siete proyectos" pueden hacerse

Los siete últimos grandes proyectos especiales aprobados por la Junta Departamental el pasado 8 de marzo, un grupo de obras valoradas en unos 180 millones de dólares, podrán construirse en tiempo y forma porque a juicio de la administración comunal, los ediles de la izquierda y los vecinos que se oponen a este tipo de emprendimientos no impugnaron las resoluciones administrativas en los plazos constitucionales fijados para hacerlo, informaron fuentes municipales.

Los informantes señalaron que, al amparo del régimen excepcional vigente en el departamento, la viabilidad de la construcción de estos nuevos seis proyectos especiales fue aprobada por la Junta Departamental de Maldonado el pasado 8 de marzo y que once días más tarde el intendente Luis Eduardo Pereira dictó el cúmplase respectivo.

Fuentes de la izquierda consultadas por El País declinaron hacer comentarios sobre este tema hasta tanto tengan todos los antecedentes sobre el mismo para poder fijar una posición oficial al respecto. Esta situación vendría por un lado a "descomprimir" la tensión existente en torno a la suspensión de estos grupos de construcciones que son vistas por muchos como una interesante fuente de ocupación. Pero también vendría a marcar una diferente manera de actuar por parte de los impuganantes que resultaría dificíl de comprender tanto para el público como para los inversores. El artículo 303 de la Constitución de la República establece un período de quince días para poder impugnar ante la Cámara de Representantes las resoluciones del intendente municipal o los decretos de la Junta Departamental.

Esto ocurrió con la primera tanda de doce grandes proyectos aprobados en enero pasado y que fueron impugnados por ediles y vecinos ante la Cámara de Diputados donde, actualmente, se sustancia el planteo en cuestión formulado por quienes se oponen a estos proyectos.

En el caso de los ediles la impugnación se concretó por la firma de once curules, en tanto que los vecinos hicieron lo propio al recolectar más de mil firmas, las que fueron presentadas en la Cámara de Diputados y luego verificadas por la Corte Electoral.

Los voceros de la administración municipal indicaron que una vez que el jefe comunal aprobó la viabilidad de los proyectos, una copia de cada una de las resoluciones fue colocada en la página web de la Intendencia Municipal de Maldonado.

En este caso se trata de tres torres de 23 pisos previstas para el fraccionamiento Lobos (U$S 25.000.000 cada una), un edificio de cinco pisos en la rambla de circunvalación de la península a la altura de la calle 15 frente a la playa de los Ingleses (U$S 5.000.000), dieciséis bloques de entre 3 y 5 pisos a la altura de la parada 44 de la playa Mansa (U$S 40.000.000), otro complejo de seis bloques con edificios de hasta cinco pisos a la altura de la parada 36 de la playa Brava (U$S 20.000.000) y el complejo de la cadena Aman Resort de La Juanita de José Ignacio (U$S 45.000.000).

En tanto, los doce proyectos especiales aprobados el pasado 19 de enero e impugnados de inmediato por ediles y vecinos se encuentran actualmente a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, la que deberá expedirse sobre los mismos. Sus integrantes, a mediados de marzo pasado decidieron cursar una serie de pedidos de informes al MVOTMA, a la OSE y a la Intendencia Municipal de Maldonado. El artículo 303 de la Constitución de la República establece un plazo de 60 días para que Diputados se exprese sobre los recursos presentados por los vecinos. En este caso existen varias interpretaciones sobre si los pedidos de informes dejan o no de lado el plazo fijado constitucionalmente.