Comisión del agua presentará un recurso

La comisión en defensa del agua y la vida, promotora de la reforma constitucional aprobada el pasado 31 de octubre, decidió ayer que presentará un recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo, para intentar dejar sin efecto el decreto emitido el viernes pasado por el gobierno para mantener las concesiones de agua y saneamiento.

En los hechos, este decreto permite que la empresa Aguas de la Costa pueda seguir actuando en el país, mientras que el contrato de Uragua será rescindido por su incumplimiento.

Luego de analizar el panorama con sus asesores legales, la dirigencia de la comisión decidió la elaboración del recurso, que será presentado en fecha a definir. En caso de que esta medida no tenga efectos, el siguiente paso será presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

"Lo cierto es que existe gran enojo", dijo ayer el dirigente Sergio Rossi. La comisión evalúa futuras movilizaciones para presionar a las autoridades en torno a este tema. Además, el próximo viernes se realizará una conferencia de prensa con el objetivo de dar a conocer la posición oficial de la organización sobre la decisión del gobierno.

Durante la pasada campaña electoral, el entonces candidato Tabaré Vázquez dijo en varias oportunidades que la reforma del agua no tenía efecto retroactivo y que sólo afectaba a futuros intentos de privatización de servicios de agua y saneamiento.

El decreto firmado por Vázquez indica que "las personas jurídicas no estatales que tengan calidad de prestatarios del servicio público de saneamiento o del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 31 de octubre de 2004, continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento".

Se deroga, además, la resolución del gobierno de Batlle de diciembre que mantenía las concesiones en forma transitoria hasta que el gobierno decidiera la rescisión de contratos.