DIEGO FERREIRA / FEDERICO CASTILLO
Con un clima de creciente conflictividad, empresarios y trabajadores del comercio apuran la negociación de los convenios colectivos. Los acuerdos logrados hasta ahora se caracterizan por escapar a los lineamientos sugeridos por el gobierno.
Esta tanda de la negociación abarca a los 120 sectores cuyos convenios cayeron el pasado 31 de diciembre, básicamente los del rubro del comercio y servicios, los cuales ocupan a 200 mil personas. La expectativa del gobierno era cerrar esta etapa a fin de mes aunque esa posibilidad está cada vez más lejos debido al inicio tardío de las negociaciones y al ritmo lento de las mismas, a causa del forcejeo entre empresarios y sindicatos.
Así, apenas se ha registrado un 25% de acuerdos, informó días atrás el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta a El País.
Pese a que la discusión está en ciernes, las partes ya han encontrado un punto en común: el no ceñirse a los lineamientos salariales del gobierno. "Son excepciones, los (grupos) que manejan el concepto de crecimiento sectorial que plantea DGI", dijo como ejemplo un negociador de la Cámara de Comercio, quien pidió mantener su nombre en reserva.
"Cuando empezamos a mirar los indicadores de la DGI, tanto nosotros como los trabajadores vimos que tenían muchísimas inconsistencias que les fueron haciendo perder credibilidad", explicó la fuente.
Los datos proporcionados por DGI se presentaron a efectos de incorporar valores de crecimiento sectorial o productividad pero con este escenario, su inclusión fue descartada o reemplazada por otros datos.
En tanto, el asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, señaló que los trabajadores de las empresas de limpieza, seguridad y áreas verdes -caracterizados por los bajos salarios- son los que han logrado aumentos mayores. Por ejemplo, los empleados con salarios mínimos en las empresas de limpieza recibieron en enero un ajuste promedio de 17%.
Por otra parte, tampoco se tomaron en cuenta la sugerencia del gobierno de celebrar acuerdos a tres y cinco años. Por el contrario, la mayoría de los convenios se están firmando por 24 o 30 meses con ajustes semestrales y no anuales como sugirió el Ejecutivo.
En los convenios se están incluyendo cláusulas de salvaguarda, en previsión de una disparada de la inflación. Algunas determinan la rediscusión de los ajustes en caso que la inflación alcance los dos dígitos.
Ocupados. Entre los subgrupos que aún quedan por acordar se encuentra el de los supermercados. Como forma de presionar a las empresas, el gremio del comercio (Fuecys) está ocupando supermercados desde el viernes 11.
Ante ello, Mailhos indicó que el nivel de conflictividad registrado es "inusual para la negociación del comercio y los servicios", aunque matizó esta apreciación si se compara este fenómeno con el que se da en los sectores industriales.
Ayer no fue la excepción y Fuecys ocupó la sucursal de TaTa de 18 de Julio y Roxlo, desde las 6 de la mañana. Sólo se permitió el ingreso de los funcionarios pero no el de las mercaderías ni el de los clientes, dijo Fabio Riverón, de Fuecys.
Esta no fue la única ocupación de ayer; hubo otra en la planta de procesamiento de pescado Arteva.
Los trabajadores ocuparon la planta debido al atraso en el pago de sus salarios y como forma de garantizar que el lugar no sea "desmantelado" por la patronal. Los trabajadores estiman que es un hecho que la empresa va a cerrar.
El dirigente del sindicato de la pesca (Suntma) José Franco, destacó que los empleados de la planta (unas 60 personas) no cobran sus salarios desde "hace más de un mes" y cuestionó la "actitud irresponsable" de la empresa. "Ha sido una constante la dilatoria en los pagos", dijo el sindicalista.
La empresa fue convocada a negociar por la Dirección de Trabajo y hoy habrá una reunión tripartita en el ministerio.