El Senado prevé votar hoy el nuevo proyecto sobre accidentes camino al trabajo, luego del veto del presidente Tabaré Vázquez en mayo pasado a una ley votada por todos los partidos. En aquel momento el gobierno consideró "inconveniente" la ley -presentada inicialmente por el diputado blanco Gonzalo Novales- porque su cobertura "es de muy difícil administración y encarece el seguro de forma notoria".
El nuevo proyecto del gobierno sigue considerando accidente laboral todo aquel que se produzca cuando un empleado se traslada "hacia o desde" su lugar de trabajo y si no alteró o interrumpió el trayecto por causas ajenas al empleo. Pero se establecen salvaguardas: una de ellas es que el empleado no puede haber actuado "por dolo o culpa grave".
El nuevo proyecto dice que el Banco de Seguros abonará "exclusivamente" indemnizaciones por "incapacidades permanentes" de los damnificados. Y aclara que se descontará el monto a percibir por el seguro obligatorio de responsabilidad civil, de modo que no se acumulen dos seguros diferentes. El texto agrega que la asistencia médica será prestada por la institución -pública o privada- a la que el empleado esté afiliado.
METIDA DE PATA. Novales considera que la nueva ley no tiene mayores cambios respecto a la sancionada a comienzos de año y que son "apenas algunos infantilismos para tapar el ojo". El diputado blanco se reunió semanas atrás con el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, que le comunicó las razones del veto presidencial.
Novales dijo a El País que el nuevo proyecto es "una salvaguarda para tapar la metida de pata monstruosa del presidente", cuando vetó la ley. El diputado considera que el Banco de Seguros "engatusó" al mandatario y que los cambios se podrían haber incluido en la reglamentación de la ley.
"Es el mismo perro con distinto collar. Solo que ahora le sacaron al Partido Nacional el orgullo de firmar un proyecto que defiende los derechos de los trabajadores. Ahora lo firmó el presidente", dijo Novales.
Una vez que el proyecto sea votado por el Senado, pasará a Diputados. El Poder Ejecutivo reglamentará los términos y el alcance de la cobertura de la ley en un plazo de 30 días. La iniciativa entrará en vigencia recién 90 días después de la reglamentación.