"Cada comisaría tendrá registro de las órdenes de alejamiento"

DÉBORAH FRIEDMANN

-¿Cuál es su tarea específica en Uruguay?

-Vine a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para participar en el fortalecimiento, que está llevando a cabo el Ministerio del Interior con el Instituto de la Mujer, para reforzar las unidades policiales en materia de violencia doméstica en Uruguay. En estas primeras semanas he realizado trabajo de campo; con la Policía, jueces, parlamentarios, servicios sociales, educación y sanidad. Trabajamos además en una guía de procedimientos policiales en violencia doméstica.

-¿Hay estadísticas suficientes para evaluar el problema?

-Se está avanzando y trabajando con efecto retroactivo. Esto es muy importante. Son escasos los datos que tenemos, no sabemos cuántas denuncias de malos tratos tenemos en el Uruguay. Hasta ahora podemos hablar de departamentos, en algunos hay más y en otros hay menos. Lo mismo pasa con las mujeres fallecidas. Para establecer una política de lucha contra este tipo de delitos, lo primero que tenemos que saber es qué estamos fallando: qué mujeres se están muriendo, si son las mujeres que denuncian o las que han sido amparadas en una orden de alejamiento.

-A nivel policial, ¿con qué situación se encontró?

-Se están haciendo avances en centralizar el tema en las comisarías de la mujer y también presupuestando capacitación y buscando mejorar la coordinación con la Justicia. Realizamos un seminario con mandos policiales de diferentes departamentos, donde se vieron puntos débiles.

-¿Cuáles son?

-Están intentando mejorar el tratamiento de la víctima. Fundamentalmente, demandan formación y saber a dónde derivar: aquí no hay muchos recursos sociales pero existen y hay que acercárselos a las víctimas. También trabajar en la unificación de criterios al recepcionar una denuncia de malos tratos, porque es muy diferente cómo se trabaja, sobre todo a nivel de departamentos.

-¿En qué se trabaja distinto?

-Hay diferencias en los recursos humanos y materiales. En algunos sitios hay un abordaje mejor del problema y en otros departamentos se aprecian carencias, falta de formación y de capacitación en los funcionarios policiales. Además, hay lugares policiales donde para mí equivocadamente, intentan abordar la asistencia social tipo albergue. Por lo tanto, la red de servicios sociales no está funcionando.

-¿En cuanto a la coordinación judicial, hay problemas?

-Es necesario poder informar mejor al juez del asunto. Aquí se informa en primera instancia con una comunicación telefónica, con la que yo no estoy muy de acuerdo, porque no consta en ningún sitio lo que se ha dicho o no se ha dicho. Hay veces que falta información al juez o el juez no demanda esa información. Estamos intentando inculcar a la Policía cuáles son los datos fundamentales para informar al juez.

-¿Qué es lo que el juez debería saber?

-Hay que darle una visión global de todos los elementos: antecedentes, consumo de drogas, la presencia de niños en el domicilio, situación económica de la víctima, en qué situación queda y si tiene familia aparte del agresor.

-Hubo casos de mujeres asesinadas, cuyas parejas tenían orden de alejamiento. ¿Han estado trabajando en eso?

-La base de todo es la legislación con la que cuenta el país, la respuesta que ofrece el Código Penal, independientemente de la respuesta policial. Según me han informado el Código Penal actual tiene una figura que es el desacato, que en principio algunos jueces lo están aplicando y otros no, porque el tipo penal no se adecua íntegramente al acto de incumplir una medida de alejamiento. Está previsto en el Código hacer un apartado bis de añadir el delito específico del incumplimiento de la medida de alejamiento.

-¿Qué papel tiene que cumplir la Policía en esto?

- Yo les hago saber a la policía que como fuerzas y cuerpos policiales tenemos la obligación legal de proteger a todos los ciudadanos y en especial a las víctimas, y más a las que tienen una orden de alejamiento. Estamos concientizando esta policía preventiva y protectora, aparte de la represiva. Y desde el punto de vista policial colaborar para prevenir con las situaciones de violencia doméstica.

-¿Pero la Policía tiene que velar por el cumplimiento de las órdenes de alejamiento?

-Los jueces, según manifiestan, sí comunican a las comisarías el resultado de un episodio de malos tratos, que muchas veces culmina en una orden de alejamiento. La cuestión es registrar en forma ordenada esa información y que cada comisario tenga conocimiento de las órdenes de alejamientos que hay en su zona. No para poner un policía en la puerta de cada casa, pero sí para que exista un control de ello, fundamentalmente para que la víctima sepa que la policía tiene conocimiento de esa medida. Eso mejora en algunas ocasiones la seguridad subjetiva de la víctima, el sentimiento de seguridad, al saber que la policía es consciente y que actuará si hay un incumplimiento.

-Por lo que le informaron, ¿la Policía tiene capacidad para controlar el cumplimiento de esas órdenes?

-Estamos valorando alguna forma de registro de una manera ordenada. Porque a la fecha de hoy, aunque quizás sí tengan esa información en los partes, los guardan, no les dan uso ni actúan en protección. Una medida que desde mi punto de vista no es descabellada es crear unidades especializadas en prevenir o velar por las medidas de alejamientos. En España sí creamos esas unidades. También es necesario que informen al juez de la situación: si las están cumpliendo o si hay una vuelta de convivencia, por ejemplo.

-Usted también asiste en la elaboración de una guía de procedimiento policial. ¿Qué contendría?

-Hay que ver que recursos tenemos aquí. Sobre todo los conocimientos. La policía los tiene y es necesario que estén en cada comisaría o en cada dependencia que trabaja en esta problemática. La guía incluye cómo tratar a una víctima, que preguntarle, qué nos interesa saber, hasta que punto es efectiva una denuncia manuscrita por la víctima o es mejor escribirlo nosotros; ver si es importante que un psicólogo o un trabajador social acompañe al policía a redactar esa denuncia. También analizar cómo se certifican las lesiones y si los acompañamos.

-¿Para cuándo prevén tener listas las guías?

- Las guías se hacen muy fácil. El tema es poder hacerlas cumplir. Yo para esto, tampoco me quedo sólo con la información de la Policía. Me reuní con ONGs y con órganos judiciales. Cada institución le hecha la culpa a otra; creo que falta un poco de interrelación entre todas. Porque la violencia doméstica no se puede solucionar desde una perspectiva. Si una mujer denuncia un hecho delictivo y no la acompaña una red de recursos sociales, al final no vamos a tener éxito en esa denuncia. A parte de demandar asistencia policial, tenemos que tener un buen aparato judicial y una red de recursos sociales para la víctima por parte de personal especializado. Necesitamos albergues para personas que abandonan el domicilio.

Nombre: María Astrid Diez

Edad: 30

Nacionalidad: Española

Otros datos: Es Inspectora Nacional de Policía de España.

Tiene 30 años y un extenso currículo. María Astrid Diez Suárez es inspectora del Cuerpo Nacional de Policía de España. Es licenciada en Ciencias Policiales e ingresó en 1999 a la Academia del Cuerpo Nacional de Policía. Desde 2004 es jefe del grupo operativo. Se encarga específicamente de la jefatura del grupo de servicio de atención a la familia de la brigada provincial de la Policía Judicial de Las Palmas.

Como máxima responsable del tratamiento policial a menores, violencia doméstica y delincuencia sexual fue expositora y representante de la Policía en numerosos congresos. También impartió cursos formativos a diferentes grupos profesionales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ministerio de Justicia, personal sanitario, educativo y social. Llegó a Uruguay hace dos semanas para asesorar al Ministerio del Interior y del Instituto de la Mujer en violencia doméstica. Estuvo en varios departamentos del interior, en Montevideo y mantuvo decenas de reuniones.