La Intendencia de Montevideo pretende revisar el mecanismo de multas a empresas que colocan publicidad en la vía pública sin los permisos correspondientes. Así lo informó esta semana en el acuerdo con la intendenta Ana Olivera el nuevo director de Recursos Financieros, Arturo Echevarría.
Según explicó Echevarría, existen situaciones en las que -por los tiempos de la administración pública- a las empresas infractoras les conviene más pagar las multas que adecuarse a la normativa.
La División Asesoría Jurídica de la Intendencia rechazó esta semana siete recursos de reposición interpuestos por la empresa Heres Uruguay por multas que le fueron aplicadas por colocar propaganda "fuera de sede" (en la vía pública) sin contar con los permisos correspondientes. En uno de los casos, la multa es de 300 Unidades Reajustables ($ 140.000), por un cartel publicitario colocado en avenida Italia.
Según el recurso presentado por la empresa, dicha publicidad estaría exonerada y la normativa que utiliza la IMM es "inaplicable e inadecuada".
La Asesoría Jurídica de la Intendencia entendió, no obstante, que el planteo del recurrente no era de recibo, por cuanto el decreto en el que Heres pretendió ampararse "estaba legalmente vencido al momento de presentarse la impugnación".
Estos argumentos, de una y otra parte, se repiten en las resoluciones firmadas esta semana por la intendenta.
SOCIAS. Heres, filial uruguaya de la multinacional CBS, mantiene un vínculo comercial de larga data con la Intendencia de Montevideo y es, entre otras cosas, la actual concesionaria de las paradas de ómnibus.
La licitación de las paradas de ómnibus de la administración del ex intendente Ricardo Ehrlich culminó en un fracaso. Ahora, la intendenta Ana Olivera prepara un nuevo llamado para comprar nuevos refugios, luego de un polémico proceso licitatorio plagado de acusaciones y amenazas de juicios.
Según supo El País, existe malestar en algunas autoridades municipales con la empresa CBS-Heres, que explota el servicio desde hace años, luego que se le ofreciera continuar con el negocio -tras una fallida licitación en la que el ganador no pudo mantener su oferta- y ésta retirara la garantía que tenía depositada.