En medio de nuevas acciones de la campaña de recolección de firmas para habilitar el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal, el diputado nacionalista Gustavo Borsari (Herrerismo) reclamó al gobierno utilizar el dinero que dice tener excedente para invertir en seguridad.
"Hay que invertir buena parte de los 140 millones de dólares en políticas de seguridad pública, que es el más grave problema que tiene nuestro país", aseguró el legislador blanco, quien ayer instaló los puestos de recolección en plazas de todo el país para recepcionar rúbricas de adherentes a la campaña que impulsa junto a la coalición de sectores afines al expresidente Luis Alberto Lacalle agrupados en Unidad Nacional (Partido Nacional) y el Partido Colorado.
"¿No se da cuenta el ministro (del Mides, Daniel) Olesker que lo que reclama la abrumadora mayoría del pueblo uruguayo es invertir más en seguridad? El ministro de Desarrollo Social es un delirante, quiere la mayor parte de ese dinero y no ha sido capaz de controlar a través de sus funcionarios si los niños hijos de quienes perciben dinero del Estado van a la escuela o al liceo. Que no pida más dinero y que haga lo que tiene que hacer y no hace. Que saque a la gente que vive en la calle, que los apoye y los lleve a albergues, que controle el consumo de alcohol en la calle", reclamó Borsari.
"Con parte de ese dinero se podría completar la compra de más patrulleros, apoyar a las comisarías, poner en funcionamiento de una buena vez el instituto de rehabilitación del menor infractor, poner a funcionar el servicio 911, instalar cámaras en los lugares más conflictivos, equipar como se debe a los efectivos policiales, construir establecimientos penitenciarios modelo, donde los presos puedan rehabilitarse trabajando y estudiando. Esto es lo que se debe hacer. El gobierno debe despertar de su inacción y hacer las cosas, hablar menos y hacer más", propuso el diputado blanco.
La campaña de la Comisión Nacional Por la Seguridad prepara para marzo un nuevo "firmazo" para recolectar firmas, que piensa entregar en abril al Parlamento para que la Corte Electoral habilite en 2014 la consulta popular.