El ex presidente Juan María Bordaberry declaró ayer por primera vez en el expediente que la justicia le sigue por atentado a la Constitución. Los abogados Diego Viana y Gastón Chaves entregaron un extenso escrito a la jueza Graciela Gatti en el que plantearon que Bordaberry no tiene nada que ver con las desapariciones ocurridas durante la dictadura.
Según dijeron a El País fuentes judiciales, la fiscal Ana María Tellechea pidió a la jueza varias pruebas que comprenden todas las denuncias que se han presentado últimamente vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Tal es el caso de la denuncia "por el segundo vuelo" del año 1976 desde Argentina que fue incluido en el informe de los comandantes al presidente Vázquez, y por las desapariciones de Horacio Ramos y Hugo de los Santos, presentadas recientemente ante la justicia.
La fiscal pretende indagar si existen pruebas que inculpen a Bordaberry con los hechos ocurridos durante la dictadura. Las fuentes indicaron que ahora se iniciará "una larga investigación".
"Está todo por hacer", señalaron los informantes que añadieron que la fiscal pidió muchas pruebas que se comenzarán a diligenciar. Como las otras veces en que Bordaberry ha declarado ante la justicia, lo hizo acompañado por sus hijos, entre ellos el ex ministro de Turismo, Pedro Bordaberry.
La audiencia duró dos horas. La justicia había intentado que no trascendiera por lo que no había sido colocado ningún dispositivo de seguridad, ni vallas, ni personal policial. De modo que cuando ingresó al juzgado, Bordaberry se vio librado de las cámaras. Pero, no tuvo la misma suerte al salir. No obstante, a pesar de estar presentes varios medios, no quiso hacer declaraciones.
La jueza y la fiscal lo interrogaron sobre el golpe de Estado primero y luego sobre algunos de los hechos denunciados de desapariciones. Bordaberry negó haber tenido alguna participación con esos hechos, como en otras oportunidades en las que ha declarado ante la justicia.
TERCERA VEZ. La de ayer fue la tercera vez en la que declara el ex presidente que tiene pendiente un pedido de procesamiento, junto con el ex canciller Juan Carlos Blanco por el homicidio de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes William Whitelaw y Rosario Barredo. Al declarar por ese caso, en la audiencia en la que hizo su defensa, Bordaberry afirmó que las Fuerzas Armadas fueron las únicas responsables de los hechos ocurridos durante la dictadura, ya que eran las que tenían a su cargo cuestiones atinentes a la guerra, y dijo que como presidente tenía el "mando político" del país, pero no el "mando militar". También declaró por la muerte de ocho militantes comunistas en 1972, en un caso que indagó el juez Rolando Vomero y que finalmente fue archivado.
Esta denuncia fue presentada en 2002 ante la Suprema Corte de Justicia por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León y a partir de allí pasó por varios jueces. Finalmente derivó en la sede de Gatti, luego que el tribunal de apelaciones penal de segundo turno revocó la sentencia de la jueza Fanny Canessa que había archivado el caso por considerar que era cosa juzgada.
El tribunal revocó la sentencia de Canessa y obligó a instruir la misma, citar al ex presidente y pronunciarse sobre la acusación de los denunciantes. El expediente originariamente correspondía al juez Pedro Hackenbruch (que estaba a cargo de la sede judicial que hoy ocupa Gatti) quien se abstuvo de instruirlo. Incluso había planteado una contienda de competencia con la Suprema Corte, al oponerse a investigar la denuncia. La corporación decidió por este caso iniciar una investigación administrativa para analizar la actuación de Canessa. Esa decisión, sumada al traslado del juez Hackenbruch, fue interpretada por Pedro Bordaberry como una presión del máximo órgano judicial sobre los magistrados que han debido entender en el caso de su padre.
Indagatoria
"Será una larga investigación... Está todo por hacer", dijo una fuente vinculada al caso