Habrá negociaciones en el Parlamento durante toda la tarde.

Legisladores del Partido Nacional se reunirán en esta jornada para analizar qué artículos respaldarán del proyecto de Rendición de Cuentas, que desde este miércoles se votará en comisión, y cuáles no, y estudiarán una iniciativa para reasignar aproximadamente US$ 24 millones.

El diputado nacionalista Jorge Gandini adelantó a El País que presentará a sus compañeros una propuesta para financiar por medio de la Rendición de Cuentas gastos en 2018 que requiere ANEP ($ 200 millones), los auxiliares de servicio de la Enseñanza ($ 133 millones), la Universidad Tecnológica ($ 150 millones) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ($ 30 millones) por un total de $ 713 millones (aproximadamente US$ 24 millones), más otros compromisos con INAU e Inisa.

Esa propuesta ya está en conocimiento de algunos legisladores del Frente Amplio y de otros partidos de la oposición, explicó el diputado.

La bancada del Partido Nacional no apoyará el artículo 15 del proyecto de Rendición de Cuentas, que exime al Estado de pagar juicios en su contra cuando se afecte la prestación de algunos servicios. Tampoco votará el artículo 4 que establece un cambio en el sistema de ascensos en el Estado, algo que incluso muchos frenteamplistas rechazan. No apoyarán el artículo 9 que permite que tras diez años los funcionarios públicos que hayan sido destituidos por ineptitud puedan volver a trabajar para el Estado.

Respecto a este artículo, la idea que prima en la bancada oficialista es que esa disposición no debería estar incluida en la Rendición de Cuentas.

Asimismo, los nacionalistas presentarán un artículo como aditivo a la Rendición por el que se deroga el artículo 733 de la ley de Presupuesto 2015 que habilita al Poder Ejecutivo a postergar el pago de sentencias en su contra.

El aditivo redactado dispone que el artículo entre en vigencia en la fecha que se promulgue la ley de Rendición y no el 1° de enero de 2018 como el resto del articulado. Si cae el artículo 733, los funcionarios judiciales no tienen que esperar hasta que la Suprema Corte defina la inconstitucionalidad del artículo para cobrar los aumentos que reclaman.

LEGISLADORES SE REÚNEN HOY