Banco Montevideo: la OEA recomienda medidas al Estado

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EDUARDO DELGADO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dio un plazo de 60 días al Estado para cumplir con una serie de recomendaciones referidas a los ex ahorristas del Banco de Montevideo, quienes aguardan un acuerdo con el gobierno.

Las recomendaciones realizadas son confidenciales, solo las conocen los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y jerarcas del gobierno, pero para quienes presentaron la querella es claro que les es favorable, ya que de lo contrario el caso se habría archivado.

En 2003, tras la desaparición de sus ahorros en el Banco de Montevideo y de que no se les incluyó en el grupo de damnificados cuya deuda el Estado reprogramó, Alicia Barbani y María del Huerto Breccia decidieron presentar su caso y el de otros 706 ahorristas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicho organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, comunicó su informe al gobierno uruguayo el 16 de diciembre pasado y puso un plazo de dos meses para que informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.

corte. Los ahorristas tienen un mes para presentar su posición respecto del sometimiento del caso a la CIDH. Barbani y Breccia adelantaron que se presentarán a la Corte, si bien aguardan con expectativa la posibilidad de lograr un acuerdo con el Estado.

Ambas indicaron que su reclamo es tener la calidad de ahorristas y que, como a otros ahorristas afectados por el cierre de bancos en 2002, se les reintegre hasta un máximo de US$ 100 mil. Destacaron que de 1.470 ex ahorristas del Banco de Montevideo, el Banco Central contempló 22 casos, cuatro de ellos ex gerentes del Banco de Montevideo.

"De los US$ 97 millones que en un principio se nos debían, el Estado esto lo arregla con la mitad aproximadamente. Si pedimos los montos totales, más las indemnizaciones y costas, esto le sale cinco veces más al Estado uruguayo", dijo Barbani.

El Estado uruguayo puede pedir una prórroga a la CIDH, pero para ello debe demostrar su voluntad de cumplir con las recomendaciones que se le realizaron.

En 60 días, la CIDH decidirá si el Estado tomó las medidas adecuadas y si publica o no su informe.

"Lo único que hicimos fue defender la verdad y todos estos años mantuvimos la esperanza de que esto lo ganaríamos. No pagamos abogados ni recibimos un peso de nadie, salvo la colecta que hacían los ahorristas para que nosotras pudiéramos viajar", sostuvo Barbani.

el proceso. La demanda presentada en 2003 hacía un racconto de hechos, del número de víctimas y responsabilizaba al Estado por acción y omisión en la violación de derechos humanos, entre ellos el derecho de igualdad, propiedad y a la vida, debido a la cantidad de suicidios de damnificados.

La petición fue admitida por la CIDH, "ya que pudimos demostrar el retardo de las decisiones judiciales en el país y agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna", afirmó Breccia.

Barbani y Breccia concurrieron cinco veces a la OEA desde 2003, en dos ocasiones a audiencias orales frente a representantes del Estado uruguayo.

Tras aceptar el caso, la CIDH le propuso al Estado que llegue a una solución amistosa con los querellantes, recordó Barbani. Agregó que con esa solución estuvieron de acuerdo los entonces canciller y secretario de Presidencia, Reinaldo Gargano y Gonzalo Fernández.

Barbani recordó que tras ir a la OEA y ya durante la administración presidida por Tabaré Vázquez, el gobierno representado por Danilo Astori, Mario Bergara y Fernando Lorenzo iniciaron una negociación. "Pero cuando consultaron al BCU, éste les dijo que no negociaran porque los juicios se iban a ganar. Nosotras seguimos tratando de buscar un solución para reparar el daño", afirmó

Al no llegarse a una solución amistosa, la CIDH examinó las pruebas suministradas por el gobierno y los querellantes y preparó este informe.

Barbani y Breccia aguardan con expectativa recibir alguna señal de diálogo desde el actual gobierno y confían en alcanzar un acuerdo entre los ex ahorristas del Banco de Montevideo y el Estado.

Las dos representantes de los ahorristas hicieron hincapié en que el Estado cumplió con una anterior recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó la libertad de los hermanos Peirano Basso, al cumplir más de dos años de prisión sin condena definitiva.

"Si se cumplió con delincuentes, espero que se cumpla con ciudadanos honestos que confiaron en un banco uruguayo", dijo Barbani.

"Los ahorristas fuimos las víctimas de una gran estafa que se cometió por segunda vez y por la misma familia", agregó.

Barbani y Breccia prevén solicitar una reunión al presidente electo José Mujica, ya que consideran que de llegar a un acuerdo entre ahorristas y el gobierno, se concretará en la próxima administración.

"Empieza un gobierno nuevo, tenemos que confiar en que hará justicia con este tema y cumplirá con el Pacto de San José de Costa Rica", comentó Breccia.

Barbani acotó que Mujica siempre fue muy receptivo a los planteos de los ahorristas del Banco de Montevideo.

Breccia sostuvo que a veces el Estado toma decisiones "para salvar determinadas situaciones, pero acá hay víctimas de estas decisiones y fuimos las que posibilitamos que el país saliera adelante". Contrastó eso con que "los encargados de esta situación están en su casa y con su patrimonio absolutamente intacto".

Son 708 los damnificados por el cierre del Banco de Montevideo que se presentaron ante la CIDH. Barbani y Breccia se están comunicando con ellos para reunir sus consentimientos y presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Barbani dijo que varios damnificados han fallecido, el último de ellos fue el ex canciller Héctor Gros Espiell, quien la asesoró en la presentación ante OEA.