Aumentan ocupaciones y el decreto no se aplica

SEBASTIAN CABRERA

Provocó enojos, críticas e interminables discusiones durante la primera mitad del año. El 30 de mayo pasado el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto de prevención de conflictos, que tenía como uno de sus objetivos la regulación de las ocupaciones de lugares de trabajo y el establecimiento de instancias previas de negociación.

El empresariado enseguida impugnó la norma por considerar que "legaliza" las ocupaciones. Los sindicatos también pusieron el grito en el cielo, al entender que la ocupación es parte del derecho de huelga y que por ello no debe reglamentarse.

Pero el decreto se aprobó. Pocos meses más tarde, parece ser ignorado: hoy existen siete ocupaciones en pie, de las cuales cinco fueron iniciadas después de la entrada en vigencia de la norma. En el correr de julio hubo casi una nueva ocupación por semana, en una clara muestra de que la conflictividad sigue en alza. El decreto fija "instancias de consulta y negociación" antes de adoptar medidas de conflicto, pero eso no ha sido aplicado en algunas de las últimas ocupaciones.

El ministro Eduardo Bonomi dijo a El País que el gobierno ahora empezará "a exigir" que se cumplan los pasos previos previstos e informó que así fue comunicado el jueves a las delegaciones de empleados y empleadores en el consejo superior tripartito. El jerarca admitió que en algunas de las últimas ocupaciones las negociaciones previas fracasaron y que en otros casos directamente "no hubo" negociación.

Aunque Bonomi entiende que hay ocupaciones "inadecuadas", no tiene nin-guna herramienta legal para evitarlas. El decreto sólo permite desalojar una firma si está "en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de la población" o si se afecta "seriamente el orden público".

Inicialmente el gobierno había anunciado una ley de prevención de conflictos, donde las autoridades tenían la facultad de desocupar empresas si fracasaban los mecanismos de negociación. Pero, ante las críticas de empleados y empleadores, el proyecto de ley se transformó en un decreto y la posibilidad de desalojar fue limitada a ciertas condiciones.

CONTRADICCION. Ante esta situación, ahora el empresariado exige a viva voz que se aplique el decreto. "Vemos que no se está respetando esa posibilidad de mediación y negociación bipartita. Y es algo en lo que me parece que estamos de acuerdo con la central: siempre debemos agotar las instancias de diálogo antes de ir a las medidas de fuerza", dijo a El País Juan José Fraschini, delegado patronal en el consejo tripartito.

Al respecto, Bonomi afirmó que existe una clara "contradicción" del sector empresarial, que criticó fuertemente el decreto de prevención de conflictos por considerarlo "ilegal", pero ahora pide su aplicación.

En el tripartito, el director de Trabajo, Julio Baráibar, pidió el jueves "mayor responsabilidad" a empresarios y trabajadores, contó Bonomi. Desde el gobierno se entiende que los incumplimientos empresariales y las "respuestas inadecuadas" de los sindicatos han elevado la conflictividad. Y hay conciencia de que es necesario actuar para modificar la situación. Es en ese marco que se lanzará la discusión de una ley de negociación colectiva, que incentivará la negociación a nivel de empresas y seguramente incluirá algunos elementos de prevención de conflictos y ocupaciones.

Baráibar afirmó que el gobierno "no tolerará" acciones de gremios "inexperientes" que creen que "vale todo". Participantes de la reunión dijeron a El País que el jerarca fue "muy claro", y sostuvo que el gobierno está "muy preocupado" por sucesos en donde los gremios intentan interferir en la gestión de las firmas.

La comisión de Legislación del Trabajo de Diputados citó en forma urgente a sindicatos y trabajadores no afiliados de las cuatro últimas empresas ocupadas: la metalúrgica Fapiur, la fábrica de cierres ZIP, la tripería Coltirey y la fábrica de alfombras Rualer en Fray Bentos. Irán el lunes al Parlamento. Al respecto, el presidente de la comisión, el diputado blanco Pablo Iturralde, dijo que el gobierno "se queja del caos" que generó. "Alegan su torpeza misma. Primero dieron manija con las ocupaciones y ahora descubrieron lo que denunciamos desde hace un año", comentó Iturralde.