Argentina optimista y confiada

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Sonrisas, fotos de familia, buen humor y declaraciones de optimismo: así terminó la delegación argentina su argumentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a la que solicitó la suspensión de las obras de dos papeleras por parte de Uruguay.

"Era optimista antes de venir a La Haya y lo sigo siendo ahora. Creo que los argumentos argentinos han sido muy bien desarrollados y la CIJ tiene en estos momentos una postura clara de lo que nuestro país defiende y pretende", declaró Susana Ruiz Cerutti, consejera legal de la Cancillería y encargada del equipo de defensa argentino, a la salida del Palacio de la Paz, sede de la CIJ en La Haya.

Según la experta, en estos dos días, Argentina ha conseguido demostrar que Montevideo no cumplió el estatuto del Río Uruguay (1975) al decidir de forma unilateral la construcción de las dos papeleras, situadas en el margen uruguayo de dicho río, y que no suministró a Buenos Aires toda la información necesaria relativa a estas fábricas.

Pese a que no existe en la CIJ un caso precedente en que el tribunal decretara medidas cautelares de semejante envergadura, los expertos argentinos están convencidos de que los magistrados podrían dar un paso adelante en esta ocasión.

Argentina usó su derecho a réplica y acusó de "mentir" y ocultar información para evitar la suspensión de las obras de dos plantas de celulosa en Fray Bentos.

"Uruguay presentó ayer ante este tribunal una visión bastante deformada de los hechos (...) Este país ha optado desde el principio por la política de los hechos consumados", declaró el jurista argentino Marcelo Kohen, profesor de Derecho en Ginebra.

Según el experto, "en ningún momento, Argentina consintió la construcción de las dos fábricas" y Uruguay "nunca" suministró la información exigida por el estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975.

Para el jurista británico Philippe Sands, Uruguay intentó hacer olvidar a la CIJ que se está juzgando "el mayor proyecto industrial lanzado por Montevideo, que se sitúa en lugares vírgenes, en un río compartido y viola un régimen común de respeto al medio ambiente".

Con el beneplácito de Montevideo, la empresa finlandesa Botnia y la española Ence construyen dos papeleras en la localidad de Fray Bentos, en el lado uruguayo del río, un proyecto que significa una inversión global de 1.800 millones de dólares. Las fábricas deben entrar en funcionamiento entre 2007 y 2008.

Argentina dispondrá de dos horas para replicar a las afirmaciones realizadas la víspera por la parte uruguaya y los representantes de Montevideo, de otras dos, el viernes por la tarde.

A partir de entonces, la CIJ deberá decidir si paraliza la instalación de las dos plantas de celulosa tal y como solicita Argentina y su decisión se divulgará dentro de cuatro o cinco semanas.

Sólo después la Corte entrará en el tema de fondo: la demanda argentina basada en la supuesta violación por parte de Uruguay del estatuto del Río Uruguay de 1975, en vigor entre ambos países, en un proceso que podría durar unos cuatro años.

En sus 60 años de existencia, la CIJ no ha dictado todavía una medida cautelar de tal envergadura y según Uruguay, no se cumplen las condiciones de peligro "inminente e irreversible" necesarias para decretar la suspensión de las obras.

Las sentencias de la CIJ son definitivas y no se pueden apelar pero el tribunal no dispone de los medios para obligar a las partes a aplicarlas. Desde su entrada en funcionamiento en 1946, la CIJ ha dictado 92 veredictos y tan sólo cinco no se han aplicado.

Responsables de Argentina y Uruguay ya manifestaron que acatarán la decisión de la CIJ, un órgano al que el primero recurrió al no lograr un entendimiento con su vecino.

AFP