FEDERICO CASTILLO
Los anestesistas están dispuestos a llegar a un acuerdo con el gobierno antes que sean obligados por ley a cumplir horas en hospitales. La asamblea de especialistas designó una comisión que se reunirá mañana lunes con el MSP.
Tras una asamblea definida por sus participantes como "fermental" y que terminó bien entrada la madrugada del sábado, la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) resolvió hacer lo que ya algunos de sus dirigentes habían anunciado: apostar al diálogo y buscar una negociación con el gobierno. Tender puentes.
La intención es enfrentar la declarada emergencia sanitaria sin la necesidad de que sean "forzados" por una ley aprobada el jueves y que establece la obligación de cubrir horas en salud pública para disminuir la lista de pacientes en espera para distintas cirugías. Las operaciones postergadas suman unas 4.000, según manifestaron las autoridades sanitarias.
Y si bien en un momento se manejó con firmeza la posibilidad de recurrir la ley por inconstitucional (el asesor legal de los anestesistas presentó un informe jurídico al respecto), en la asamblea se prefirió dejar eso de lado para concentrarse en buscar una salida que conforme a todos.
Uno de los voceros de la SAU, Hugo Burstaler, informó a El País que la asamblea designó a una comisión de anestesistas que dialogará el lunes con autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). Esa comisión, que trabajará durante todo el fin de semana, llevará entre otros asuntos su visión sobre la realidad particular de cada centro asistencial.
Es que además de las cuestiones salariales, lo que los médicos reclaman es mejorar las condiciones de trabajo en los hospitales. Han señalado esa situación como una de las razones para no acudir cuando Salud Pública los convoca para cubrir guardias de anestesia. Dicen que falta desde material médico básico (como bandejas de cirugías suficientes) hasta dotación mínima de personal en el block quirúrgico.
"Vamos a llevar propuestas para organizar los servicios que a nuestro juicio están fallando y discutiremos también los aspectos salariales", anunció Burstaler sobre los planteos de la reunión. Agregó que se pretende ajustar una situación laboral "muy inestable" donde la norma es que haya llamados inesperados por día, por hora. "Queremos que se estabilice eso, que no sea tan zafral".
Claro que también esperan mejoras salariales. En promedio, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) paga unos $ 300 el valor hora de los anestesistas. En el sector privado se paga $ 1.000 el valor hora. La idea es al menos acercarse a esa cifra. Y ya hay propuestas que van por buen camino en ese sentido, aseguraron a El País fuentes de las dos partes involucradas.
Burstaler destacó que espera que "no haya demasiada burocracia y que estas cosas se puedan decidir".
Desde el gobierno se insistió en que la base para la salida del problema es el diálogo con los anestesistas.
"De esta situación salimos con ellos sí o sí", afirmó el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo.
Pero, mientras se espera por esta negociación, el presidente José Mujica ha expresado en cuanta oportunidad tuvo su interés en contar con apoyo internacional, que especialistas extranjeros vengan a dar una mano ante la emergencia. Los anestesistas locales no confían que esa sea una salida. "Que vengan, no vamos a objetarle absolutamente nada, pero no van a resolver el problema", dijo Burstaler.
Lo que sigue es un resumen de los principales hechos vinculados a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno.
1.ASSE pide medidas Urgentes
En la segunda semana de diciembre el directorio de ASSE reconoció que la falta de anestesistas en los hospitales ya se tornaba "crítica" y al ver que se le iba de las manos, le trasladó el problema al Poder Ejecutivo para que tome "medidas de urgencia". El País había publicado una semana antes que en el Hospital Maciel se habían suspendido todas las operaciones coordinadas durante dos días seguidos. Los residentes de Ginecología del Pereira Rossell advirtieron que la situación iba a empeorar en verano por las licencias del personal.
2.Mujica anuncia emergencia
El presidente Mujica entendió que el déficit de especialistas que posterga unas 4.000 operaciones en hospitales públicos, supone una "alarma" y "amenaza real" para la población. El martes 14 anunció en su audición radial que declararía la emergencia sanitaria para poder "tomar jurídicamente medidas paliativas". Dijo que se destinarían "fondos excepcionales" para atender demanda.
3.El parlamento aprueba proyecto
En 48 horas y tras dos discutidas sesiones en la Cámara de Senadores primero y en la Cámara de Diputados después, el Parlamento aprobó el proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria. El punto más polémico de la norma es el que obliga a los anestesistas a trabajar en los hospitales públicos por hasta el 20% de las horas que realizan en mutualistas. La oposición rechazó enérgicamente este punto. "Lo más parecido a esto son las medidas prontas de seguridad", cuestionó el líder colorado Pedro Bordaberry.
4.Anestesistas buscan negociar
En la noche del viernes el gremio de los anestesistas se reunió en asamblea y resolvió negociar con el gobierno antes que se les aplique la ley.
Las cirugías atrasadas
Cuando el presidente José Mujica anunció que declararía la emergencia sanitaria, argumentó que lo hacía porque hay 4.000 pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas. Autoridades sanitarias señalaron incluso que esa cifra es un "subregistro", y que en realidad son más. En la exposición de motivos del proyecto de ley de emergencia sanitaria se detalla que en el Hospital de la Mujer del Pereira Rossell hay 120 pacientes que aguardan por una cirugía oncológica. En ese mismo hospital hay 1.000 niños en lista de espera. También hay 39 pacientes portadores de malformaciones que deberían haberse operado en el primer año de vida y ya están llegando a los dos años sin cirugía. En el Hospital Pasteur son 640 los que esperan. En el Hospital Maciel hay 154 pacientes en lista de espera para urología, neurocirugía y cirugía vascular, 100 para cirugía prostática benigna y 600 para cirugía general.