Afectados inician un juicio al Estado

Unas 150 personas presentarán en los próximos días una denuncia judicial, en la que reclamarán al Estado el pago de entre US$ 5 millones y US$ 7 millones por indemnizaciones no pagadas a raíz de las consecuencias en sus tierras por la represa de Salto Grande, dijo a El País su abogada patrocinante Yolanda González.

"Hay una demanda ya encauzada contra el Estado por 121 personas y estoy a punto de ingresar el expediente por 150 más. En el primer caso la demanda contra el Estado es por US$ 7 millones. Son personas tanto de Artigas como de Salto ", afirmó González.

"Han pasado cinco gobiernos. Como abogada he intervenido en muchas indemnizaciones que el Estado ha pagado y no dejo de recordar la de 2006, cuando la ley mandaba pagarle a los exiliados políticos, donde yo intervine dando asesoramiento. Esto es lo mismo. ¿Por qué en este caso no?", cuestionó la abogada.

Agregó que la propia Ley 15.845 "Río Uruguay y sus afluentes" establece el pago a los afectados. Esa norma indica que las llamadas servidumbres serán constituidas por el Poder Ejecutivo y se extenderán por un plazo de 100 años.

Según la norma, están sujetos a cobrarlas los inmuebles afectados por las crecidas del embalse de Salto Grande, tanto por la ejecución del proyecto, por el manejo o por operativos especiales. "Dicha indemnización deberá cubrir, además, los daños y perjuicios ocasionados a cosechas, ganados y mejoras", señala la ley.

Además, la ley indica que el Estado es "civilmente responsable" por los eventuales daños ocasionados en el pasado en la zona de influencia de Salto Grande, por la incidencia de la represa en las crecidas extraordinarias del Río Uruguay y de sus afluentes.