Abrieron los cofres fort de Pandora

Canelones | E. Barreneche

Un informe reservado de la Auditoría Interna de la Nación sobre el robo de los cofres fort de la sucursal del Banco Caja Obrera de Pando, ocurrido el 28 de mayo del 2002, concluyó que "se habría configurado una situación de corresponsabilidad" en este hecho delictivo por parte de las autoridades y funcionarios de la Casa Central de esa institución financiera.

El documento, fechado el 14 de julio del 2003 y dirigido hacia el "Encargado de Despacho de la Auditoría Interna de la Nación, José Luis Corbo", también señaló que en la operativa de ese banco se detectaron "irregularidades e ilícitos" en varios procedimientos bancarios.

Estas maniobras fueron efectuadas, según los auditores, en la adjudicación de vales y tarjetas de crédito, cobro de cheques, registro de efectivo depositados en los cofres fort y destrucción de chequeras.

También detectaron violaciones de procedimientos administrativos y de seguridad en operativas bancarias con cédulas de identidad falsificadas.

En la investigación se destaca que, la banda que desvalijó 163 cofres fort de la sucursal de Pando, utilizó un plano detallado del edificio de la institución, que contenía una posible vía de escape en caso de que llegara la Policía.

Ese plano fue confecionado por "un tal Lucio, encargado de Seguridad del Banco asaltado, cuyo nombre de pila coincide con el de un comisario que actuaba como asistente contratado por la Comisión de Seguridad de la Casa Central", sostiene el documento al que tuvo acceso El País.

En un "capítulo especial", los investigadores señalaron que el presidente del Comité Gerencial de la Casa Central "contrató a su propio estudio profesional" para tomar declaraciones de los damnificados del robo de los cofres fort de la Sucursal Pando.

En el robo, unos seis delincuentes se llevaron alrededor de 2.700.000 dólares que se encontraban depositados en los cofres fort de la Sucursal Pando. La investigación paralela de la Auditoría de la Nación relevó, paso por paso, la "anatomía" del asalto con detalles hasta ahora no conocidos.

El día anterior al hecho —revela el informe—, un funcionario de esa agencia manifestó que había recibido una llamada de la empresa de cerrajería y la pasó a Gerencia. Tras atender, el gerente ordenó al empleado que reprogramara los relojes de la puerta de la bóveda de los cofres fort para que su apertura se produjera a las 9 horas del 28 de mayo.

PARRILLERO. Para los auditores, el sistema de emisión de chequeras de la Sucursal Pando adolecía de "algunas debilidades" como, entre otras, el hecho de que los documentos de pago eran solicitados sin la firma del cliente o firmados por personas no autorizadas; el mismo funcionario se encargaba de las tareas de recibir el pedido, autorizar, custodiar y entregar de los cheques, y las chequeras eran suministradas sin la firma del cliente o firmadas por personas no autorizadas".

La reglamentación interna del banco asaltado establecía que las chequeras debían entregarse en un plazo máximo de 60 días. Tras esa fecha, las mismas debían ser enviadas a la casa central para su destrucción.

Sin embargo, en el banco de Pando existían chequeras pendientes de entrega con una antigüedad mayor al año; estas se encontraban en un armario al alcance de todo el personal, tanto las pendientes de entrega como las de cuentas suspendidas y clausuradas y el gerente y el contador de esa sucursal quemaron chequeras en el parrillero, "sin cumplir con la reglamentación vigente", sostuvo el documento.

La lista de "debilidades" de la gestión de la sucursal continúa con la no realización de los arqueos de caja; el incumplimiento a la normativa interna sobre encaje (porcentaje sobre los depósitos que el Banco Central exige a los bancos que mantengan sin prestar) y contabilización y cobro tardío de comisiones por cheques devueltos por falta de fondos.

Los auditores constataron, además, que en la Sucursal Pando se otorgaban vales donde no se establecía la tasa de interés y mora; irregularidades en la constitución de las garantías de los préstamos (falta de cesión de derechos a favor del banco, cesiones vencidas y falta de títulos de propiedad) e incumplimientos de la normativa del Banco Central sobre renovación de créditos, apertura de cuentas y prevención del lavado de dinero.

Tras analizar documentos y la información recabada, los investigadores de la AIN concluyen el hurto de los cofres fort de la Sucursal Pando "no fue un hecho aislado y casual", sino que se produce como consecuencia "de un largo y continuo deterioro" en la aplicación de los procedimientos normativos, del sistema de control interno y de la falta de supervisión de las autoridades de la propia institución, así como de los organismos estatales que controlan y regulan la actividad bancaria.

"De ello puede inferirse que se habría configurado una situación de corresponsabilidad en los actos descriptos, por parte de las autoridades y funcionarios en quienes recaía la obligación de control, fiscalización y vigilancia de los mismos", expresaron los auditores.

GESTION. Según el documento, una vez que las autoridades del banco fueron puestas en conocimiento del hurto, determinaron que, ante un eventual reclamo, era necesario tomar declaraciones a los arrendatarios de los cofres fort, "sin el conocimiento previo" de que su cofre hubiera sido violentado.

Los auditores informaron que el presidente del Comité Gerencial de la Casa Central "contrató su propio estudio" para realizar esta tarea.

Según declara un alto funcionario del banco en cuestión, esa "decisión fue tomada por el presidente, quien decidió contratar a los profesionales de su propio estudio jurídico para efectuar la toma de declaraciones (a los damnificados) en esa primera instancia. Yo, simplemente como Gerente de Operaciones, dispuse de los lugares físicos y materiales logísticos para que la misma se llevara a cabo".

Por esos trabajos, el estudio profesional cobró U$S 37.552 y $ 41.385. El interventor del banco designado por el Banco Central del Uruguay (BCU), advirtió que, posteriormente, el presidente de la Casa Central envió una liquidación de honorarios "por todo concepto de aproximadamente 500 mil dólares".

Los auditores informaron a la Auditoría Interna de la Nación (AIN) que hubo una serie de "maniobras fraudulentas previas y conexas" al robo de los cofres forts de la Sucursal de Pando, referidas a vales, cheques y tarjetas de crédito.

El documento expresa que se destaca un "hecho de singular gravedad" ocurrida en la Sucursal Rondeau (Montevideo) de la institución financiera, cuya agencia de Pando fue asaltada el 28 de mayo del 2002.

El 30 de noviembre de 1999, el gerente, quién posteriormente ocuparía el mismo cargo en Pando, autorizó un vale por la suma de U$S 10 mil a nombre de Pablo L. Ante el incumplimiento de la obligación, el banco inició las acciones judiciales para su cobro.

Durante el litigio, el demandado manifestó que no era el responsable de dicho crédito y solicitó un peritaje caligráfico. Este estudio concluyó que Pablo L. no había solicitado jamás el vale.

A pesar del perjuicio económico, señalan los auditores, el banco "no efectuó" una investigación administrativa ni realizó una denuncia penal hasta la fecha.

A partir de noviembre de 1999, ocurrieron una serie de "maniobras fraudulentas" mediante el intento y cobro de cheques librados contra cuentas radicadas en la sucursal Pando. En esa fecha, se depositaron en una caja de ahorros del Banco República (Brou) dos cheques cruzados por un total de $ 7.709. En el momento en que estos documentos fueron librados, la cuenta estaba cancelada. Sin embargo, los cheques fueron cobrados contra una cuenta que sí estaba vigente del cliente. Lo paradójico de la situación es que la Inspección General de Casa Central "archivó el caso, dejando el tema sin resolución", afirmaron los auditores.

Un caso de mayor gravedad fue el protagonizado por Gregorio C. Hubo un intento fallido de descuento de dos cheques de C. por las sumas de $ 98.200 y $ 137.000. Estos cheques aún no habían sido emitidos por el titular. Este denunció el hecho al Juzgado y el magistrado anuló los cheques.

Los documentos utilizados en la maniobra fueron lavados y modificados mediante procesos químicos para que su librador fuera una empresa crediticia, con cuenta corriente en el banco aludido.

"No se concluyó con la investigación administrativa sobre el caso", expresan los auditores.

El 16 de noviembre del 2001, se paga en la Casa Central del mismo banco un cheque por la suma de $ 102.750 contra una cuenta radicada en Pando. El cheque cobrado pertenecía a una libreta que el cliente no tenía en su poder. El recibo de entrega de la misma no tiene fecha de retiro y la firma no coincide con la registrada. A su vez, la solicitud de la chequera carece de firma.

En la filmación de las cámaras de seguridad, Pablo Farías fue el que cobró este cheque. Farías es considerado el ideólogo del asaltado al banco de Pando.

El 22 de marzo del 2002, una persona intentó cobrar en ventanilla de Casa Central un cheque por U$S 20.600. Dicha maniobra se detecta cuando el mismo día surge otro cheque contra la misma cuenta por $ 367.000.

Según declaraciones del titular de la cuenta, ambos cheques le fueron sustraidos sin percatarse de ello. El segundo de los documentos pertenecía a una libreta que aún no había sido retirada de su envoltorio hermético de celofán.

Una de las personas que intentó cobrar el cheque de $ 367.000 es R. G.S., hermano de uno de los integrantes de la banda que robó los cofres forts. Este individuo se encuentra prófugo.

El 30 de abril del 2002 se paga en la Sucursal Villa Biarritz un cheque por $ 101.200 contra una cuenta radicada en sucursal Pando a nombre de Richard R. Ese mismo día había ingresado un depósito de $ 77 mil en esa cuenta. Los auditores constataron que hubo dos consultas de adentro de la sucursal pandense sobre el dinero existente en esa cuenta.

La persona que cobra el cheque lo hace presentando una cédula de identidad falsificada.

Según investigaciones realizadas por la Policía de Canelones, el cheque es cobrado otra vez por R.G.S.

Para los investigadores de la Auditoría Interna de la Nación, el robo de los cofres fort desnudó la existencia de por lo menos seis violaciones de las normas de seguridad vigentes.

La tarea programada por un supuesto cerrajero no requería la apertura de la bóveda en un horario especial.

El día del hurto no fueron convocados los dos guardias que son necesarios para la apertura de la bóveda, como lo establecen normativas de la casa central del banco asaltado.

No se contaba con la autorización por escrito de la Comisión de Seguridad (de la casa central), que permitiese la apertura antes de la hora normal.

Una persona (el gerente) poseía la llave de ingreso al banco, la clave para desactivar la alarma, la combinación para la apertura de la bóveda de los cofres, lo que sumado a los dos puntos anteriores, permitía que mediante la reducción de una sola persona, la Sucursal quedara totalmente vulnerable.