PABLO MELÉNDREZ
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) le dio la razón a un abogado que está en prisión desde 2005 por el homicidio de su pareja, y determinó que su traslado desde la cárcel departamental de Paysandú hacia el Comcar fue ilegal.
Por una resolución del 6 de octubre de 2006, la Jefatura de Policía de Paysandú ordenó el traslado del abogado Gastón Pesce desde el centro de reclusión local hacia el Comcar.
Allí permaneció hasta el 20 de junio de 2007, cuando fue derivado a la cárcel de Salto, donde sigue actualmente recluido bajo prisión preventiva a la espera de la sentencia de primera instancia.
Pesce se presentó ante el TCA reclamando la nulidad del traslado que lo llevó a estar ocho meses recluido en el Comcar. Alegó que no había motivos que dieran lugar a tal decisión que lo privó del contacto con sus familiares que residen en Paysandú.
Y el TCA, en una sentencia que según fuentes del organismo no tiene antecedentes, le dio la razón al recluso y anuló su traslado desde la cárcel de Paysandú al Comcar.
La resolución del TCA, emitida el pasado 4 de octubre, a la cual tuvo acceso El País, señala que del estudio del caso "no surge con claridad cuál fue el motivo de la Administración" para ordenar el traslado de Pesce a otro centro de reclusión.
A juicio de los cinco ministros del TCA, el Ministerio del Interior "no probó la existencia de ninguna situación que justificara la medida adoptada".
Los magistrados entienden que el traslado de Pesce debe ser entendido como un castigo disciplinario, cosa que tomando en cuenta que el abogado "tenía una muy buena conducta dentro del recinto carcelario donde se encontraba recluido, se estima que no resulta lógico ni razonable la aplicación de una sanción".
SIN GARANTÍAS. La sentencia aclara que el TCA reconoce la "competencia exclusiva que posee la autoridad carcelaria para la aplicación del régimen administrativo de reclusión" establecida por ley, pero subraya que a pesar de ello "tal competencia no escapa al deber que tiene la Administración de motivar sus actos".
La abogada María Desirello, que representa a Pesce, dijo a El País que el traslado se realizó "sin las garantías necesarias, porque por ejemplo tuvo lugar en horas de la madrugada y sin notificar a la defensa".
Desirello señaló que si bien su cliente ya no está recluido en el Comcar, no se descarta iniciar un juicio civil al Ministerio del Interior por el tiempo que permaneció en ese centro en forma irregular, de acuerdo con lo que concluyó el TCA.
"Se podría iniciar un reclamo civil por el daño que le causó el traslado", dijo Desirello quien representa a Pesce en acciones judiciales civiles, pero quien en la causa penal es patrocinado por el abogado Leonardo Guzmán.
Consultado por El País, Guzmán se excusó de realizar comentarios porque asumió la defensa de Pesce "hace pocos días" y porque "no corresponde que haga declaraciones sobre el caso de un cliente".
Por otro lado, la sentencia del TCA cuestiona que estando recluido en la cárcel de Pay-sandú a Pesce se le asignaron tareas administrativas en la Oficina de Gestión Interna del centro penitenciario.
Así, para los ministros, esa situación "no parece ser una medida de buena administración, tomando en cuenta que varios reclusos fueron exclientes suyos o de su víctima", que también era abogada.
EL HOMICIDIO. El departamento de Paysandú se vio conmocionado cuando el 20 de octubre de 2005, Pesce asesinó a su pareja, la también abogada Mariela Illia, de 33 años de edad, quien trabajaba para el Patronato de Encarcelados y Liberados.
Pesce, que en su momento fue edil en la Junta Departamental de Paysandú por el Partido Nacional, llegó al estudio jurídico de su pareja, que estaba reunida con una clienta. Interrumpió el encuentro y discutió con Illia.
El abogado se retiró y a los pocos minutos regresó, pero con un arma y le efectuó tres disparos a la mujer. Pesce fue procesado con prisión por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma".
Ya en prisión, y combinando esa situación con su experiencia profesional como abogado, Pesce escribió un libro sobre el sistema carcelario. También organizó la Oficina de Gestión y Redención de Penas de la cárcel de Paysandú.