Lauren Hirsch y Matthew Goldstein
The New York Times
La empresa de videojuegos Electronic Arts (EA) —responsable de títulos de fama mundial como EA Sports FC, Los Sims, Battlefield y Mass Effect y Plant vs Zombies— confirmó que será adquirida en US$ 55.000 millones por un grupo inversor que incluye al fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita.
El acuerdo implicaría que la empresa, que actualmente cotiza en bolsa, se convertirá en privada. Una vez finiquitada, sería la mayor adquisición de una empresa pública hasta la fecha, sin ajustar por inflación. Los inversores financiarían parcialmente la operación con un préstamo de US$ 20.000 millones de JPMorgan Chase.
La compra está liderada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que ya posee alrededor del 10% de EA, la firma de capital privado Silver Lake y Affinity Partners.
Esta medida es el último esfuerzo del fondo saudí para incursionar en el sector de los videojuegos, en su búsqueda de diversificar sus inversiones más allá del petróleo. En 2021, el fondo creó Savvy Games Group para liderar una inversión planificada de US$ 38.000 millones en la industria. Riad, la capital saudí, albergó este verano la Copa Mundial de Esports, un torneo de videojuegos con US$ 70 millones en premios.
La incursión del fondo en los videojuegos forma parte de una apuesta más amplia del reino por los deportes, que incluye el respaldo a LIV Golf, rival del PGA Tour, una participación en la Liga de Luchadores Profesionales e importantes inversiones en fútbol.
El fondo saudí estaba «ubicado de manera única en los sectores globales de juegos y deportes electrónicos, construyendo y apoyando ecosistemas que conectan a fanáticos, desarrolladores y creadores de propiedad intelectual», dijo Turqi Alnowaiser, vicegobernador y jefe de inversiones internacionales del Fondo de Inversión Pública, en un comunicado.
«Estoy más entusiasmado que nunca por el futuro que estamos construyendo», afirmó Andrew Wilson, CEO de Electronic Arts.
Cercanía con Trump
La adquisición de EA requeriría la aprobación del Comité de Inversión Extranjera en EE.UU., un panel de agencias gubernamentales que revisa los acuerdos internacionales por motivos de seguridad. Algunos legisladores han solicitado previamente un escrutinio de las inversiones del fondo saudí en el sector del deporte por motivos de seguridad nacional.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump mantiene una estrecha relación con el gobierno saudí;_además, el fondo soberano árabe posee una de las mayores participaciones en Affinity Partners, firma de inversión del yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner, quien colaboró estrechamente con el reino durante el primer gobierno del republicano.
EA estaría obligada a pagar una comisión de rescisión de US$ 1.000 millones a sus nuevos inversores si la junta directiva de la compañía decidiera no seguir adelante con la compra o si los accionistas no aprobaran el acuerdo. En cambio, los inversores pagarían una comisión de US$ 1.000 millones a la empresa si, entre otras cosas, no consiguieran la aprobación regulatoria para cerrar el acuerdo.
EA también tendría que pagar una multa por rescisión si rechazara el acuerdo de compra a cambio de una mejor oferta. Sin embargo, aún no está claro si surgirían otros interesados. Los analistas habían pensado previamente que una importante empresa de medios, como Disney, podría intentar comprar la compañía de videojuegos. Ese acuerdo probablemente se enfrentaría al escrutinio regulatorio.
Perspectivas
La industria de los videojuegos experimentó un aumento repentino en ventas y popularidad durante los confinamientos por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, los juegos que vende EA son costosos de producir. Y los jugadores están dejando de lado los videojuegos tradicionales para apostar por los que se pueden jugar en dispositivos móviles.
Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre de 2026. La compañía mantendrá su sede en Redwood City, California, y continuará dirigida por Wilson.
El récord anterior de compra de una empresa pública fue la adquisición por US$ 32.000 millones (excluyendo deuda) de la empresa de servicios públicos de Texas TXU por parte de un grupo de empresas de capital privado en vísperas de la crisis financiera de 2007.