OPINIÓN

Algo parece conocer bien el presidente Lacalle Pou: cómo reaccionar a los desvíos en la gestión, toma decisiones y tiene el “timing” justo. En estos días se han verificado hechos inusuales, que involucraron a ASSE y varios jerarcas. Tomó decisiones rápidas, como en casos similares, ex titulares de CND y Antel, etc.

Aprovechemos para dar un vistazo a algunas situaciones de la gestión.

Auditorías “Zero”

Quedó de manifiesto la disputa por cuotas de poder detrás de la distribución de cargos y cierto nivel de competencia inamistosa con una gran cantidad de cargos a repartir. Aunque parezca contradictorio, existen cientos y miles de otros cargos, ocupados por funcionarios contratados durante 15 años por mérito de la militancia y otros menesteres (1). A pesar de los distorsivo que resulta, esta situación no se ha corregido.

Sectores de la coalición insistieron en la necesidad de profundizar y generalizar auditorías en distintos organismos, por distintas razones, y, hasta que este tema no sea laudado dentro de la Coalición, no se va a lograr el “affectio societatis” necesario para una buena gestión.

Las auditorías no estarían dando, por el momento, los resultados que se esperaba; se están enfocando en formalidades y los desvíos más notorios; no se pone foco en la selección de personas ni las formas de retribución y contratación, son dependientes del empuje de ciertos actores, hay una expectativa acotada de sus resultados y un talante especulativo de algunos protagonistas y, finalmente, también se observa la contradicción en algunos jerarcas, que contraponen las responsabilidades en la gestión, con dichas auditorías, como si fueran excluyentes.

Si el presidente se ocupara directamente, ¿se andarían con tantos “eufemismos”?.

Agenda

En las últimas semanas se dio cierta controversia sobre políticas públicas adoptadas por la pandemia y la economía: apoyo a pymes y a la investigación, la promoción del comercio exterior, el rol de la Cancillería, la reforma previsional, el déficit fiscal, la política tarifaria, etc.

Por insistencia de sus socios, se acentuaron los incentivos a las empresas y se revisó al alza el presupuesto de ciencia e innovación, soslayando las definiciones encarecidamente restrictivas anunciadas pocos meses antes por la OPP.

También hubo controversia referida a la gestión. La discusión sobre la selección de 135 cargos en ASSE y la desafectación inmediata de 40, mostró una arista de un problema real, que debe ser abordado institucionalmente.

En esos días se sumó otra controversia de alto perfil, que se enmarca también, en lo que se denomina “dilema de la agencia”: la Comap aprobó beneficios a la firma del Cr. Isaac Alfie (2). Ambos casos ilustran bien la capacidad de reacción del presidente y su tino al evitar que, temas puntuales, terminaran dañando su imagen y la del Gobierno (3).

Subestimar: un deporte

Más allá de esa velocidad de reacción del presidente Lacalle, nuestra historia desborda de situaciones en las que gobiernos y opinión pública subestimaron el impacto de crisis cuya génesis era ajena y que terminó afectándonos. Con la excusa de nuestra singularidad, sobrestimando fortalezas, se opta por la ajenidad de problemas originados en crisis regionales o problemas endémicos. ¿Arrogancia, imprevisión? El tiempo demostró que no somos tan únicos, más allá de nuestras convicciones y aspiraciones. La historia nos emparenta con otros, más de lo que imaginamos (ej.: la poca reacción ante la devaluación del Brasil en 1999, la dubitativa y tardía respuesta del Gobierno y del BCU, ante la crisis de Argentina en 2001).

Caso crónico si los hay es la Seguridad Social, donde se vienen acumulando soluciones incompletas, soslayando que se mantienen inequidades de base y problemas de sostenibilidad de largo plazo.

Desde el inequitativo Acto Institucional de 1979, los errores de gestión previos al Plebiscito de 1989, que lo terminarían precipitando (4), la fórmula del año 1995 (5), que enmendaba falencias anteriores y solucionaba problemas de índole macro (institucionalidad y profundidad para el mercado de valores y opciones de ahorro para trabajadores), en los años subsiguientes se repitieron ajustes, marchas y contramarchas. Destacan algunos años, 2008 (6), 2017-18 (7), entre otros, en los que se modificaron falencias de la ley y se sumaron otras normas.

Apertura

El BID enfatiza que gasto público y déficit fiscal (por la Covid) son récord en Latinoamérica y el mundo desarrollado y que son necesarias reformas fiscales que contemplen los desafíos de la pandemia. Mientras el FMI (8) habría pasado de la “inflexibilidad irrestricta” a la autocrítica y la búsqueda de nuevos paradigmas, en medio de una pandemia de proporciones bíblicas, Uruguay se está rezagando en comparación con otros.

El Gobierno, aprovechando de sus aciertos, pasando raya de logros y desafíos, debería tomar en cuenta su agenda previa, con flexibilidad y valorar la situación actual y las condiciones para sostener los cambios de fondo, más allá de un período de gobierno (pretensión mínima de quienes son socios en la Coalición).

Debe revaluar su “dilema de agencia” para lograr un liderazgo con apertura, que asegure continuidad a ciertas transformaciones y que permita que se consoliden, tal como sucedió con las leyes forestal, de puertos y zonas francas, promoción de inversiones, etc.

En lo posible resistir a la tentación de “tercerizar” decisiones, manteniendo el control sobre los “gerentes” que manejan la “Agencia”, escuchando a los socios de la Coalición, a los adversarios inteligentes y bien intencionados y a la opinión pública, y, principalmente, no perder el olfato, rapidez y sentido de oportunidad, para advertir y ajustar todos los desvíos de gestión.

1) Esto se llevó a cabo también en el marco de las formalidades de Uruguay Concursa y otras variantes, con el objetivo de ubicar militantes que no tenían suficientes antecedentes para ganar los puestos por sus propios méritos o lograban cargos por arriba de sus capacidades. Está claro que no involucra a todos los nombramientos realizados ni mucho menos, hay designaciones realizadas cuyos candidatos tenían los méritos necesarios para ocuparlos, obviamente
2) La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, COMAP está integrada por representantes del Ministerio de Economía, de la OPP y de los ministerios de agricultura, industria, turismo y trabajo.
3) La sociedad y la opinión pública no funciona como algunos colegas creen que funciona, hay decisiones que resisten los papeles y las formalidades pero están lejos de justificarse para consolidar una credibilidad que es el principal activo que debe preservar un profesional de la Economía. Va más allá de lo lo que los expertos o mercados financieros visualizan y basado en realidades que se ponderan de manera diferente.
4) Muy a pesar y como consecuencia de lo parcial de las soluciones dadas por los intentos infructuosos de incluir cambios como los de la Ley 15.900 de 21/6/1987, donde se modifican disposiciones sobre ajustes a las pasividades y la Ley 15.852 de 16/01/1987 y más allá de que con la Ley 15.800 de 17/01/1986 se re institucionaliza el BPS
5) Ley 16.713 de 11/9/1995 Sistema de Seguridad Social, Ley 16.759 de 12/7/1996 con modificaciones a la Ley 16.713
6) Ley 18.356 de 8/10/2008 sobre comisiones AFAPs, Ley 18.314 de 15/7/2008 del Impuesto Asistencia a la Seguridad Social (IASS), la Ley 18.395 de 6/11/2008 de flexibilización de acceso a jubilaciones, la Ley 18.396 de 11/11/2008 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y la Ley 18.241 de 8/1/2008 sobre el subsidio a personas carenciadas de 65-70 años, Ley 18.355 de 8/10/2008 para los trabajadores de la construcción, Ley 18.395 de 24/10/2008 con flexibilización a las condiciones de acceso a la jubilación común.
7) Ley 19.162 AFAP- Revocación de opción por régimen mixto de 2013, Ley 19.456 Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) de 2016, Ley 19.590 de desafiliación del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio de 2017 y la Ley 19.695 de 29/10/2018 que incluye modificaciones al sistema de previsión social militar.
8) Ver entrevista Luis Custodio en el País al representante uruguayo en el FMI por casi 20 años