En el debate público, el término “competencia” suele usarse como sinónimo de precios bajos. Pero esa simplificación empobrece el diagnóstico económico: más rivalidad, menos barreras a la entrada y más alternativas pueden ayudar a disciplinar márgenes y contener precios, pero eso no implica que todo problema de precios altos sea, esencialmente, un problema de competencia.
En economía, un mercado competitivo es aquel en el que varias empresas enfrentan presión efectiva de sus rivales —actuales o potenciales—, donde la entrada y salida es posible, los consumidores tienen alternativas y no existen prácticas distorsivas. En ese contexto, los precios tienden a reflejar los costos, no a eliminarlos.
Cuando se habla del “Uruguay caro” o de la “falta de competitividad”, no se está describiendo un mercado puntual, sino una percepción sobre el conjunto de los precios de la economía. Es decir, un entramado de precios relativos que no se agota en la estructura competitiva de uno o dos sectores.
Una forma simple de verlo es recordar cómo se forma un precio: costo más margen. La competencia actúa sobre los márgenes; la competitividad, sobre los costos.
En este sentido, una economía puede ser cara no solo porque algunos sectores presenten baja competencia, sino también por una combinación de factores como impuestos, costos regulatorios, habilitaciones, registros, logística o niveles de productividad. La escala también importa. En una economía pequeña, la dimensión del mercado limita la posibilidad de explotar economías de escala en producción, importación, distribución y comercialización. Cuando los volúmenes son bajos, los costos fijos por unidad tienden a ser más altos, lo que encarece el precio final incluso en contextos donde existe competencia.
Uruguay puede ser percibido como un país caro por una combinación de factores que operan simultáneamente: presión impositiva, costos de producción como la energía y el financiamiento, costos laborales no salariales, y condiciones regulatorias y logísticas que afectan la actividad económica. El término “Uruguay caro” sirve como intuición, pero conviene precisar qué se está midiendo. Para eso, al menos, hay tres niveles de análisis: el agregado de precios, la desagregación sectorial y el nivel microeconómico.
Una forma de medir el nivel agregado de precios de manera comparable a nivel mundial es el Price Level Index elaborado por el Banco Mundial en el marco del International Comparison Program. Este índice —relevado cada tres años— permite comparar el nivel de precios de un país con el promedio mundial, ponderado por población.
El centro de innovación argentino FUNDAR sigue la evolución de este índice de forma mensual. Los datos a diciembre de 2025 muestran que Uruguay es 58% más caro en dólares que el promedio de América Latina, siendo no solo el país más caro de la región, sino ubicándose en valores similares a los de países europeos como España e Italia.
Al analizar la evolución mensual del indicador para Uruguay se observa una clara tendencia alcista durante todo el período, con un marcado aumento durante 2025.
Además de la suba de precios en dólares, se observa un encarecimiento relativo frente a otras economías, no solo de la región sino también a nivel mundial. Esto se refleja en la evolución reciente del Tipo de Cambio Real (TCR). El BCU publica este indicador con base 2019=100, lo que permite observar la trayectoria del índice respecto a ese año de referencia: un valor inferior a 100 indica que Uruguay está más caro en términos relativos que en 2019.
Sin embargo, para evaluar si la economía está cara o barata en una perspectiva más amplia, resulta más útil comparar el TCR actual con su promedio histórico de largo plazo. El TCR global —que pondera las monedas de los socios comerciales según su participación en el comercio exterior uruguayo— se ubica en torno a 35% por debajo de esa media, evidenciando un encarecimiento estructural sostenido, con tendencia bajista desde mediados de 2022. Desde febrero de 2026 se observa cierta mejora, asociada principalmente a la depreciación internacional del dólar, aunque los niveles actuales siguen lejos del promedio histórico. Por su parte, el TCR bilateral con Estados Unidos también se encuentra por debajo de 100, aunque con una caída menos pronunciada.
Pasando a la desagregación sectorial, cabe distinguir entre bienes transables y no transables. En los primeros, la competencia internacional tiende a disciplinar precios, ya que los consumidores pueden recurrir a importaciones o sustitutos externos. En cambio, en los servicios no transables —como alquileres, servicios personales o ciertos costos logísticos— los precios dependen mucho más de las condiciones internas de la economía.
Así, una economía puede resultar cara aun con competencia en bienes transables, si los costos de los no transables son elevados y se trasladan al resto de los precios.
En Uruguay se observa que la variación de precios de los bienes no transables se ha ubicado por encima de la de los transables. En línea con lo que muestran los demás indicadores, esta brecha se profundiza a partir de 2022.
En el tercer nivel —ya microeconómico— se analizan aspectos como estructura de mercado, concentración, barreras de entrada, dispersión de precios, importaciones y márgenes. Es en este plano donde la agenda de competencia se vuelve más relevante. En ese contexto, las nuevas guías de la Coprodec merecen una valoración matizada. Es positivo que expliciten criterios para el análisis de mercados relevantes, umbrales de concentración y requisitos de información en operaciones de concentración económica, porque aportan transparencia y previsibilidad al marco regulatorio.
Sin embargo, su alcance es necesariamente acotado: actúan sobre la estructura y la conducta de los mercados, pero no inciden directamente sobre los factores de costo que explican buena parte del encarecimiento. Dicho de otro modo, una política de competencia más activa puede contribuir a moderar márgenes en sectores específicos, pero no sustituye una agenda más amplia orientada a reducir costos sistémicos.
Medir que Uruguay es caro es relativamente sencillo; explicar sus causas exige un análisis más preciso. Resulta insuficiente atribuir el encarecimiento exclusivamente a problemas de competencia en algunos sectores.
Una agenda procompetitiva puede contribuir a moderar precios en ciertos mercados, removiendo barreras regulatorias innecesarias, favoreciendo la entrada, facilitando importaciones y haciendo más contestables sectores donde hoy hay poca presión competitiva.
Pero una política de competencia bien diseñada tiene un alcance específico. Si el encarecimiento responde sobre todo a impuestos, logística, escala, regulación o productividad, una mayor rivalidad entre firmas difícilmente alcance, por sí sola, para revertirlo. Por eso, la agenda de competencia debe ubicarse dentro de una estrategia más amplia, orientada también a reducir costos sistémicos, mejorar la productividad y revisar regulaciones que encarecen innecesariamente la actividad económica.
El debate gana calidad cuando distingue entre tres preguntas: si hay mercados donde falta rivalidad; si la economía es cara en términos comparados; y cuáles son los factores estructurales que explican ese encarecimiento. Juntar todo bajo una sola etiqueta puede ser útil en el debate público, pero es una mala guía para la política económica.
- Los autores son Juan Carlos Oehler y Sofía Pereira, Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay y Paraguay.