Uruguay caro para producir: del cliché a la acción

Ignacio Umpiérrez (*)

“Uruguay debe mejorar su competitividad” probablemente sea una de las frases más escuchadas en el debate económico. Casi un cliché. En el último tiempo, el enfoque ha ido dejando de lado el tipo de cambio real y se ha concentrado en la reducción de la burocracia, el desempapelamiento y la facilitación del comercio exterior. Todo en la dirección correcta, pero lejos de mover la aguja significativamente en el clima de negocios y la ecuación de costos del sector productivo. ¿Cuáles son las principales perillas a mover? ¿Estamos dispuestos a hacer cosas distintas si queremos obtener resultados diferentes? ¿Existe voluntad política para impulsar esos cambios?

Uruguay es caro para producir. Lo es porque la rentabilidad asociada es baja. No en uno o en un par de sectores, sino de forma generalizada. Aún con un nivel de riesgo muy bajo, sin rentabilidad adecuada no hay inversión que valga la pena llevar adelante. Los datos son elocuentes: la inversión en capital físico no supera el 16% del PIB, al menos seis puntos porcentuales por debajo de un conjunto de países de similar ingreso per cápita con los que nos queremos comparar. Varios factores explican esta realidad, pero hay cinco que destacan por sobre el resto.

Primero, la carga tributaria y las contribuciones sociales a los factores capital y trabajo son elevadas para aquellos que no acceden a los regímenes de promoción de inversiones. Basta observar la tasa efectiva de impuesto a la renta empresarial (IRAE) o a las personas físicas (IRPF), la brecha entre lo que paga un empleador y cobra un trabajador, o cómo cada vez más pymes contratan trabajadores “independientes” (unipersonales de servicios) que, en los hechos, operan en régimen de dependencia.

Segundo, la determinación de los salarios trata igual a los desiguales y, en muchos casos, se desalinea respecto a la productividad del trabajo. Al no reconocimiento de las heterogeneidades por tamaño, sector y ubicación geográfica de las empresas se han sumado ajustes por franjas de ingresos, que tienden a achicar su pirámide salarial, desalinear incentivos y desincentivar la productividad. Todo ello en un marco rígido de relaciones laborales que abarca las modalidades de trabajo, los mecanismos de contratación y despido, las categorías laborales y los tiempos de jornada, descanso y licencias.

Tercero, los costos de la energía eléctrica y los combustibles son, desde hace mucho tiempo, de los más altos de la región. Detrás está la posición monopólica de UTE y Ancap, la forma en que se fijan las tarifas y los sobreprecios que se trasladan al sector productivo bajo la forma de impuestos encubiertos (no legislados). Mal sería que, bajo este esquema, estas empresas no dieran ganancias, pero eso no implica que estos mercados operen bajo condiciones de eficiencia.

Cuarto, los costos logísticos, como los portuarios y el transporte de carga, se han vuelto una pesada mochila para quienes compiten con el mundo. Detrás hay tarifas no competitivas, regulaciones sectoriales y límites a la competencia que encarecen y amplifican el resto de los costos, reduciendo la productividad. A esto se suma la inestabilidad recurrente en el principal punto de salida del país —el puerto de Montevideo—, que introduce incertidumbre y deteriora la imagen del país.

Quinto, la apertura e inserción al mundo se plantea de forma asimétrica. Para exportar más es necesario promover una liberalización de las importaciones. Esto abarca al arancel externo común y la tasa consular, las restricciones a los volúmenes y las trabas fito-sanitarias que operan en la práctica como barreras a la entrada. El resultado es una protección que encarece la producción en lugar de promoverla.

En el corto plazo, no habrá mejoras en el clima de negocios ni mayor dinamismo de la inversión privada si persiste la incertidumbre tributaria en un contexto de presiones al alza sobre el gasto público (véase, por ejemplo, el Diálogo por la Seguridad y Protección Social). Ni mejores condiciones laborales si se propone reducir la jornada sin contraprestación alguna. Ni mayor eficiencia en las empresas públicas si las señales sobre su gestión son inconsistentes (véase, por ejemplo, el caso del portland de Ancap). Ni mayor confiabilidad si persisten los paros en el puerto y no se promueve su esencialidad. Ni mayor apertura si no se abandona la idea subyacente de exportar sin importar. En conjunto, estas señales más que compensan negativamente las medidas pro-competitividad anunciadas y por anunciarse.

A la larga, tampoco habrá más y mejor competitividad sin encarar reformas profundas: tributaria, para aliviar la carga sobre empresas y personas; laboral, para dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo; en las empresas públicas, para mejorar su gobierno corporativo, abrirse a la competencia y al mercado de capitales; en logística e infraestructura; y en materia comercial, avanzando hacia una reducción progresiva de aranceles y tasas. Todas ellas requieren un denominador común: reducir de forma sustantiva el gasto público, como medio para liberar recursos hacia el sector privado.

En síntesis, Uruguay es caro para producir y ninguno de los factores que podrían mitigarlo parece estar genuinamente arriba de la mesa. También es caro para vivir, tema de una próxima columna. Peor aún, a veces parece instalarse la idea de que ser un país caro es un rasgo inevitable, casi una condición dada, frente a la cual poco se puede hacer. En parte, porque seguimos creyendo en la “excepcionalidad uruguaya”, pese a señales crecientes de que el llamado “modelo de convivencia”, que data de décadas, se está agotando. Es hora de que la frase “Uruguay debe mejorar su competitividad” deje de ser un cliché y pase a la acción.

(*) Su opinión es personal y no representa a las instituciones a las que está vinculado.