JUAN SÁNCHEZ
Un aspecto poco destacado pero que despierta numerosas interrogantes es el hecho que en Uruguay, hoy se puede condicionar al presidente en su gestión y en sus decisiones. Nos atenemos a las declaraciones públicas sobre temas económicos de jerarcas que, pretendiendo dar señales de estabilidad, pueden llegar a contribuir al debilitamiento institucional.
Mujica resigna ciertas áreas de su gestión, previo a las elecciones, luego tiene las dificultades lógicas para lidiar con ello y, finalmente lo esperable, la enmienda de plana al propio presidente.
Un extremo inexplicable se verificó en la negociación con AEBU a raíz de los descuentos aplicados tras los paros en el clearing bancario. De hecho, para evitar dejar desairados a los delegados del Ministerio de Economía se contraría (autorización mediante) la decisión del propio presidente. Otro extremo se dio el 1º de marzo, cuando éste resigna dirigirse directamente a la opinión pública; en esta oportunidad lo acertado y conciso del mensaje disimuló el episodio.
Certidumbre hoy pero interrogantes para el futuro deja como resultado la resolución de estas escaramuzas políticas, por la investidura de quienes participan y por la indisimulada contrariedad de los protagonistas.
OPINIONES. En una actitud diversa, a comienzos del año, varios legisladores del Frente Amplio y de la oposición han reclamado, creemos acertadamente, participación en la discusión de ciertos temas que importan para la asignación de recursos y la definición de prioridades de la sociedad (reforma tributaria y seguridad son sólo dos ejemplos).
El diputado J. Gandini planteó, entre otras ideas, focalizar la rebaja del IVA en algunos productos y servicios y, en particular, en los tramos de bajo consumo de electricidad; el legislador no podría haber elegido un rubro más pertinente en toda la discusión del tema tributario, que ha estado plagada de propuestas atendibles pero también de lugares tan comunes como superficiales (neutralidad fiscal, desincentivo a la inversión, distorsión a la asignación de recursos).
UTE cobra un IVA del 22%; un hogar tipo con un consumo moderado, con tarifa doble horario y potencia contratada de 8-12 Kw en el verano pagó entre cargo fijo e IVA más del 50% del total de la factura y en algunos casos no extraordinarios más del 60%. Claramente la aplicación del impuesto al valor agregado supone un sobrecosto por ineficiencia, sumado a otros sobrecostos.
En Uruguay la energía es cara, pero tratándose de UTE es particularmente cara, porque los intereses corporativos inciden, porque se mantiene el monopolio, porque es un vehículo para recaudar, porque se aplican impuestos sobre impuestos, porque no se incentiva el consumo inteligente y limpio, etc.
Un impuesto indirecto como el IVA (teniendo en cuenta las carencias en su matriz energética) potencia la restricción del consumo de energía eléctrica (energía limpia) con lo que se converge a una situación de equilibrio de consumo inferior al óptimo.
Las sucesivas crisis y ajustes fiscales llevaron a recortes y topes a la inversión pública y a condicionamientos a las transferencias entre empresas públicas y el fisco, lo que agregó factores adicionales a la sub-inversión.
Uruguay no tiene la matriz energética que debería, lo que ya es muy relevante, pero tampoco una infraestructura que esté a la altura de los requerimientos de la producción. Tiene una industria cuya estructura deja dudas hacia el futuro (además de otros problemas importantes vinculados a la calidad del empleo y la integración social) y por lo tanto tiene algunos desafíos que superar. Con toda lógica cabe preguntarse si estos tienen que ver o no con la política económica, y si al mismo tiempo hay algo más para hacer que lo que se suele reconocer por parte del equipo económico. La respuesta que estamos sugiriendo es obvia.
ACADEMIA TOMA NOTA. Recientemente, dos trabajos realizados para la Cámara de Industrias del Uruguay dan razón a la preocupación que hemos manifestado sobre el futuro de la producción nacional: un informe sobre caracterización de la industria arroja luz sobre la situación real de la estructura del sector hoy (1) y otro más reciente recoge informes y opiniones de especialistas referidos a la estructura y el futuro de la industria, la innovación, las políticas públicas (2).
En una cita a Hausmann se establece que la composición de las exportaciones uruguayas parecen ir en sentido contrario a lo que se identifica como factor de desarrollo; cada vez se exporta relativamente menos del tipo de bienes que exportan los países ricos y que la estructura de exportaciones de los países es algo que sí importa para su crecimiento y bienestar (3). Carne, arroz, cereales, lácteos, soja y madera concentran el mayor peso de las exportaciones, incorporando escaso valor agregado industrial y mientras carnes, cereales, oleaginosos, lácteos y maderas representaban apenas algo más del tercio de las exportaciones de bienes en 2000, entre ese año y 2009 más del 70% de todo el incremento de dichas exportaciones correspondió a este grupo de productos (4).
J. Quijano sostiene que no existe ninguna posibilidad de construir un proyecto industrial sólido de largo plazo, diversificando producción y exportaciones hacia bienes de valor agregado y de mediano y alto contenido tecnológico, si no se corrigen las distorsiones en los precios relativos que están asociadas a las políticas monetaria y cambiaria en aplicación (5).
Por otro lado, en otros estudios, A. Young (1994) y J. De Gregorio (2007) cuestionaron los lugares comunes y creencias habituales respecto de los mitos del crecimiento y la productividad así como el verdadero aporte de la acumulación de capital. Por su parte, S. Collins & B. Bosworth (2003) muestran qué tan cercanos hemos estado en América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, de las tendencias de largo plazo de las zonas con peor desempeño.
Más allá del entorno favorable actual, no se supone necesariamente que la región esté mejorando sustantivamente su productividad, la calidad de sus empleos, productos y servicios. Más aún, a mediano y largo plazo podría repetirse la historia pasada y, por tanto, en aras de ser objetivos debemos poner las cosas en contexto.
Existen estudios serios que llegan a la concusión de que la acumulación de capital en el caso del Uruguay no aseguró siempre el crecimiento de los años subsiguientes e incluso sugiere que su desempeño no fue aceptable, ni siquiera para asegurar un mínimo de aumento de la productividad, que permitiera que esta contribuyera en forma positiva al crecimiento económico (6).
Todos estos factores reseñados nos llevan a la conclusión que, lejos de observar un panorama ideal para los próximos años, tenemos la convicción que el minimizar estas cuestiones pendientes nos pueden llevar a alejarnos del "desarrollo" al que todos aspiramos.
Los cambios tributarios y la estrategia sobre aspectos sustantivos como la energía y la infraestructura tienen mucho que ver con el futuro, no solamente de la industria, como es obvio, sino de todos los sectores y, por tanto, la política económica tiene que ir más allá de mantener equilibrios macroeconómicos en virtud del diagnóstico de la situación actual de Uruguay.
Transferir responsabilidades no es siempre un negocio rentable. En este caso se impone que tanto el presidente como el parlamento reclamen la gestión, el control y la participación en las decisiones que importan para el futuro del país, para que no se corra el riesgo de que se minimicen las carencias o que, como ha ocurrido en el pasado, nos cueste mucho tiempo luego enmendar los errores acumulados de diferentes gobiernos.
(1) Caracterización del comercio exterior de bienes del Uruguay, I. Bartesaghi, CIU, oct./10
(2) Revista Enfoques, medio oficial de difusión y ámbito de opinión de la CIU, dic./10
(3) Cita de A. Jung a Hausmann, Hwang y Rodrik (2007)
(4) Porqué se requiere una estrategia de desarrollo industrial, A. Jung en Enfoques Económicos, CIU, dic./10
(5) La política industrial ¿es posible?, J. Quijano en Enfoques Económicos, CIU, dic./10
(6) CINVE, Para entender la economía del Uruguay, oct./07