OPINIÓN

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Aún a riesgo de ser reiterativo, quiero insistir en algunos temas que a mi juicio marcarán nuestras perspectivas económicas en el futuro cercano, pero también con un horizonte más lejano.

Uno, el escaso crecimiento de nuestra economía. El MEF ha estimado en 2,3% la tasa de crecimiento tendencial, que con las nuevas cuentas nacionales ha de ser aún algo menor. Pero en los últimos años hemos crecido mucho menos que eso: en el período de gobierno pasado crecimos 4,6% en los cinco años y en el actual, considerando las proyecciones del presupuesto ajustadas por el MEF para 2020 y 2021, creceríamos 8,2%.

Para ir a una mayor tasa de crecimiento a largo plazo deben subir el stock y la productividad del capital humano y del capital físico. Esto se logra con reformas (enseñanza, inserción internacional, peso del Estado, flexibilización laboral, entre otras) que son difíciles de concretar y lentas de instrumentar. Llevan mucho tiempo, pero un día hay que empezar.

Mientras tanto, con crecimiento insuficiente se tensiona la política: no se crean suficientes empleos y, en materia fiscal, los recursos dejan permanentemente insatisfechas a demandas legítimas de la sociedad, lo que lleva a reiterados aumentos impositivos que agravan el problema.

Dos, en el ámbito fiscal la gestión del gobierno en su primer año fue satisfactoria, pero hay que tener en cuenta que gran parte del ajuste del gasto que se ha señalado, no fue por su reducción sino por su represión y por lo tanto, no es estructural sino transitorio.

En el Gobierno, en dólares de 2020, el ajuste del gasto fue de US$ 424 millones, pero de ello, 141 millones se debieron al efecto de la aceleración de la inflación sobre remuneraciones y pasividades, y 95 millones, a menos inversiones. Lo que deja en sólo 188 millones a la reducción “más permanente” del gasto (0,35% del PIB).

En las empresas estatales no hay indicadores que permitan hacer los mismos cálculos (en particular en “compras de bienes y servicios” que incluye petróleo y energía eléctrica) pero la cifra expresada por el MEF se parece mucho a la reducción en los rubros remuneraciones e inversiones.

Entonces, de los “US$ 700 millones” de menores gastos que se proclaman, en realidad no hay más de 200 millones que cuenten. Dicho sea de paso, no es permanente el ahorro vía inflación en remuneraciones y pasividades desde que existe el compromiso oficial de recuperar los niveles reales de los salarios públicos y privados.

A todo esto, desde el Gobierno también se pretende que se ha cumplido con la promesa electoral (tan discutida en su momento) de “no subir impuestos”.

Pero lo que algunos economistas decíamos en 2019 era que resultaría imposible “ajustar sin subir impuestos”. Y si hay algo que aún no ha habido es ajuste fiscal, además de que la meta (déficit del sector público en 2,5% del PIB “viejo”) se pateó para 2024. Por lo tanto, por ahora nada se puede señalar acerca de si tal promesa ha sido cumplida o no. Para ello habrá que llegar a la meta (aunque sea recién en 2024, más tarde de lo esperado) y hacerlo sin subir impuestos.

Tres, Uruguay sigue y seguirá caro. Los impuestos, que por ahora no subirán, tampoco podrán bajar debido el insostenible déficit fiscal; las tarifas públicas no van a bajar mientras no se toquen “vacas sagradas” que inflan los costos de los servicios públicos; y el tipo de cambio real ha mejorado con fuera de la región, pero debe mejorar todavía más, para lo cual la consistencia entre las políticas económicas resulta clave (y la reiteración de errores del BCU no ayuda en ese sentido).

Cuatro, se han dado pasos satisfactorios hacia una mayor consistencia entre las políticas económicas y esto ha permitido reducir las expectativas de inflación de los economistas (no así, por ahora, las de los empresarios, que tienen incidencia en la formación de los precios).

La política monetaria es expansiva, pero no se entienden los niveles altos que mantienen las LRM a seis y doce meses de plazo, inconsistentes con la TPM y con la trayectoria esperada para la inflación. La política fiscal ha sido transitoriamente expansiva de manera acorde con la situación sanitaria y su impacto en la economía. La política salarial ha roto la indexación en el “año puente” procurando limitar el impacto de la crisis sobre el empleo.

Pero aún falta avanzar con la política fiscal y la salarial, siendo clave en este caso lo que suceda con los consejos de salarios desde julio. No se debe volver a la indexación y dada la incertidumbre que persiste sobre la evolución de la crisis del virus, no se deberían hacer convenios mayores a un año, al menos en los sectores más expuestos a ella.

Cinco, una vez que se alcance una magnitud adecuada de la inmunización (¿en la primavera?) se abrirán las fronteras y entonces recibiremos de lleno el impacto del shock regional adverso que su cierre ha venido postergando. Argentina buscará llegar a octubre sin ajuste y sin crisis, pero todo estará pendiente el día después. Mientras que Brasil es una gran incógnita, cuyo tipo de cambio baila al compás de la incertidumbre política.

Más allá de la coyuntura, del corto plazo, lo importante es si en este período podremos comenzar a salir del país del lucro cesante. La impronta liberal del presidente y las convicciones que ha mostrado en su primer año de gobierno dan para ser optimistas. Pero no da para serlo una coalición que no es liberal ni reformista en el sentido que se necesita.