Punto de inflexión

Javier de Haedo

Hay varios temas fuertes en la coyuntura y he optado por referirme hoy a casi todos ellos a cuenta de más en cada caso, antes que elegir uno y dejar de lado al resto.

Primero quiero realizar algunos apuntes en el ámbito de lo macro, adicionalmente a los de mi columna anterior, enviada a imprenta el martes antes de la Semana Santa, y que anticipaba lo que dos días más tarde nos anunciaría el Copom del BCU: el apriete monetario con el cual se procura reencauzar la inflación.

El crecimiento interanual del IPC viene subiendo desde hace algunos meses y recientemente ha traspuesto el límite superior del rango que el BCU ha definido como objetivo. Es bueno que se intente poner fin a esa tendencia. Pero hay que leer bien los números y estos dicen que si bien el crecimiento interanual del IPC pasó de 6,1% en los doce meses a octubre, a 7,4% en los doce finalizados en marzo, si se descuentan los rubros más volátiles, la tendencia es la misma pero la magnitud del cambio es muy inferior. Excluyendo esos rubros, que representan un décimo de la canasta (carne, frutas, verduras y combustibles), la tasa de crecimiento interanual promedio del resto de la canasta pasó de 6,6% a 6,9% entre ambos períodos. Mientras tanto, los referidos como volátiles, se aceleraron desde el 2,8% al 10,2% anual. De acuerdo a las noticias de hace unos días, frutas y verduras siguieron subiendo hasta las nubes en abril y se espera que, si el clima ayuda, recién en mayo comience a revertirse ese proceso. En este contexto, hay que ser muy cuidadosos con el apriete que se realiza, cuando la situación puede ser transitoria.

Da la impresión que llevar el crecimiento interanual de los medios de pago al 9% es muy restrictivo. El Gobierno espera que la economía crezca a más del 5% este año y el centro del rango objetivo para el IPC es también 5%. Por lo tanto, en aquel 9% está implícito que se espera un proceso de desmonetización que no tiene fundamentos.

Una de las razones por las cuales el IPC ha tendido a acelerarse ha sido la indexación impulsada desde el Gobierno mediante los Consejos de Salarios, con fuertes pautas de "recuperación" y otra ha sido la política expansiva en materia de gasto que se ha dado desde el inicio de este año, con los salarios que fija el Gobierno subiendo al 15% nominal interanual y con el total del gasto primario subiendo a más del 8% real con relación a 2006, una tasa que tiende a duplicar a aquella a la que habrá de crecer el PIB este año. Sin embargo nada se hace con relación al origen del problema y en cambio se contrae el dinero.

Es fácil entender cómo el Gobierno contribuye a recalentar la economía. Cuando el sector privado gasta $ 100, el Gobierno se queda con aproximadamente $ 30-35 de impuestos. La cuenta corriente de la balanza de pagos empeora en $ 65-70. Cuando el Gobierno gasta esos $ 30-35, la cuenta corriente empeora, a la larga, en igual magnitud. Al final del día el Gobierno no cambió su ahorro neto o su resultado fiscal, pero eso no significa que haya sido neutral. Cuando el PIB está, como no caben dudas hoy, por encima de su nivel de tendencia de largo plazo, esos $ 30-35 deben ser ahorrados y no hacerlo implica ser procíclico.

A diferencia de Argentina, que en el último trienio ha ido consumiendo todos los márgenes que le ha dado el resto del mundo, y que si hoy fuera sorprendida por un cambio de escenario externo debería inexorablemente efectuar un gran ajuste o enfrentar una gran crisis, en nuestro país en los últimos tres años se aprovechó el margen que nos ha dado el resto del mundo y se ha realizado una excelente política fiscal, congelando el gasto primario del sector público no financiero como porcentaje del PIB en 25%. Además, se aprovechó para reperfilar la deuda pública y se siguió una política sensata en materia de precios y mercados, casi sin intervenciones.

Tras la Rendición de Cuentas de 2006, vigente desde enero de 2007, y la que se viene armando para regir desde el año próximo, da la impresión que el Gobierno ha decidido empezar a usar esos márgenes que se acumularon desde 2004. Todo dependerá de cuán rápido se consuman esos márgenes y de dónde nos encuentre el cambio de escenario externo que algún día se dará. Las proyecciones del FMI recientemente difundidas no anticipan ese cambio de aquí al 2008.

Saliendo de lo macro, están las tres reformas fundamentales que se han planteado, aunque muestran diverso grado de avance: la tributaria, con la ley aprobada para entrar a regir a mitad de año, la de la salud, con el proyecto de ley a estudio del Parlamento, y la del Estado, aún en proceso de elaboración por el Poder Ejecutivo. Tres reformas con el sello propio de la izquierda, según se ha dicho.

Con relación a la reforma tributaria, el lobby de los pasivos ha entrado a jugar y la está golpeando, para zafar del IRPF. Hemos tenido que escuchar y leer argumentos que violentan la inteligencia, como que las jubilaciones no son rentas. Ya desde hace meses legisladores opositores venían poniendo el énfasis en el argumento de que renta es sinónimo de ganancia, cuando es notorio que existen los conceptos de renta bruta y neta y que renta es sinónimo de ingreso, pero si todo fuera una mera cuestión de nombres, bastaría con cambiarle el nombre al IRPF por el del IIPF ("ingresos" por "renta"). La ley es coherente hasta el punto en que el activo no será gravado por la parte de su ingreso que aporta a los organismos previsionales, por lo que es lógico que lo sea cuando perciba la pasividad. También es poco serio interpretar que la reforma constitucional de 1989 indirectamente creó una protección de las pasividades contra cualquier tributo que se le pudiera imponer en el futuro; eso es falso y lo que se buscó fue fijar el mecanismo de indexación. Por otra parte, a poco de su entrada en vigencia, en oportunidad del "ajuste fiscal" de 1990, se aumentó el IRP que las gravaba y nadie invocó tal argumento. Tampoco se hizo esto cuando en 2002 se las gravó con tasas considerables.

En cuanto a la reforma de la salud, el proyecto parece tener cosas buenas y malas. Por un lado, va a conducir a una creciente privatización del sistema, si definimos esta como la proporción de la población atendida por entidades privadas versus públicas. Por otro lado, asusta pensar en la centralización estatal de todo tipo de control, decisión y trámite, en un contexto sin competencia. Y se confirma que esta reforma crea un adicional al IRPF, o un segundo IRPF, de 3% para quienes ya pagan a Disse y de 6% para quienes no lo hacen y que tiene un mínimo no imponible. Deja dudas, aunque esto dependerá de un proyecto de ley complementario, el anuncio de que quienes no estando en relación de dependencia y siendo sujetos pasivos del IRPF deberán pagar proporcionalmente sobre las rentas que perciban, para lo cual se considerará el monto imponible de ese impuesto. Si la tasa de 6% se aplica a las rentas del capital, cuya tasa se ubicó en 12%, esto significa que ella subiría hasta el 18% y entonces todos los argumentos que el ministro Astori dio en su momento en fundamento del carácter dual del impuesto y de la necesidad de preservar las rentas del capital, con una tasa razonable que no ahuyente al capital, se desmoronarían.

Por último, la reforma del Estado de la que sólo se conocen titulares y en la que parece que habrá poco de lo que en el mundo se habla cuando se habla de reformar estados. La discusión de la inamovilidad de los funcionarios, o del mantenimiento de áreas "estratégicas" para la actividad empresarial del Estado, o la reducción del tamaño del Estado, parecen perder pie en la agenda. En cambio, parece fácil prever una nueva escala salarial, más lógica, pero que diferencie hacia arriba y por lo tanto tenga un costo fiscal considerable. Y, lo más novedoso en la materia, la "descentralización del gobierno", que parece significar algo así como "recuperar el derecho de la gente a participar en todo momento y no cada cinco años" o extrapolar la experiencia de los centros comunales zonales a todo el país. En lo personal, prefiero no recuperar ese derecho y que gobiernen y controlen a los gobernantes aquellos que elegí, que, por otra parte, ya son muchos más de los que quisiera, al menos en materia de intendentes y diputados.

Tras dos años de "transición" desde las administraciones de partidos tradicionales, en los que ganó reputación y consiguió márgenes, cuidando lo macro, el Gobierno encara la segunda mitad de su mandato buscando aprovechar esos márgenes e impulsar reformas significativas con su sello de izquierda.

Reformas

Las tres que se han planteado con distinto grado de avance son la tributaria, la de la salud y la del Estado