Hace ya unos 15 años, Uruguay comenzó un camino que, a mi entender, no es para nada conveniente, incorporando recomendaciones de la OCDE, básicamente regulaciones y en materia impositiva, que poco y nada nos favorecen; más bien nos perjudican.
Fundada en 1961 con el objetivo de promover la cooperación multilateral, el desarrollo y el comercio entre 18 países europeos más Estados Unidos y Canadá, su misión era la estabilidad y el crecimiento, pero fue “virando de foco”.
Uruguay también decidió integrar algunos comités y participar en ciertas reuniones. Desde que conozco el tema, recibimos misiones que vienen a rezongar y exigir cambios regulatorios y legales sobre aspectos que sólo son de interés de los países “centrales” o de algún competidor en esta parte del mundo. En la segunda mitad de los ´90 y hasta el 2005, Argentina era quien “daba manija”, es especial en materia societaria. Nunca se contempló nada. Luego comenzaron los cambios identificando “nuestros problemas”; regulaciones y costos mediante, la realidad fáctica muestra nulos efectos. No es que determinadas acciones ilegales no podían pasar, esporádicamente pasaban, pasan y pasarán, pero ello no implica que debamos amputarnos las manos como se pretende, porque probado está que aún con regulaciones e instrumentos, siguen pasando igual que siempre en todos lados del mundo. Entonces, focalicemos las acciones en los lugares donde se mueve el dinero y no en instrumentos burocráticos que finalmente son un “check list” de altísimo costo sin resultados que, de paso, violan la intimidad y reserva de las personas. En una palabra, su libertad.
Sobre la integración al organismo, sostienen sus promotores “el país ya pagó los costos” y, entonces, ¿por qué no ser miembro pleno?, basándose en que para ello se nos exigirán determinadas reformas económicas que nos beneficiarían. Ciertamente la argumentación me parece pobre, sino la peor. Las reformas que debemos hacer, sencillamente hay que hacerlas, como se hicieron en el pasado, porque impulsan nuestro desarrollo, no por exigencias. Es más, los costos que nos hacen pagar deberíamos dejar de pagarlos, “desasumirlos” y nada pasará, “el cuco no existe”. Naturalmente que no refiero a medidas de combate a la corrupción, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, eso se debe hacer siempre y por las nuestras. Al respecto, en los años ´90 algún legislador sostenía que las reformas que se impulsaban —y que no compartía—, no eran exigencias de los Organismos Internacionales, sino iniciativas del Poder Ejecutivo, y tenía razón. Esas reformas, entre otras, Leyes de Zonas Francas, Forestal, puertos, marco regulatorio de energía, inversiones, apertura a alguna competencia de EE.PP., reforma de la previsión social, reforma educativa (frustrada por los sindicatos), reforma del Estado (reducción de 30.000 funcionarios en 10 años 95-2004), apertura económica, acuerdos de inversiones, cierta desregulación, etc., fueron la razón del crecimiento y, cuando se agotaron sin renovarlas, comienza el estancamiento que lleva ya 11 años. En esta más de una década, creciendo por debajo del 0,5% anual per cápita, resulta imperceptible para la población en términos de mejora de su bienestar, al tiempo que hace imposible disminuir la pobreza.
Básicamente las exigencias de OCDE imponen costos, quitan libertad y apuntan a quitarnos base de recaudación a favor de Europa, como si no existieran otras jurisdicciones que buscarán quedarse con dichos recursos. Francia, el país que ha frenado el acuerdo de comercio entre Europa y el Mercosur, abanderado de la indebida presión, no parece un ejemplo a seguir. Con gasto público de 57% del PIB, con una deuda de 116% y un déficit fiscal superior al 5% del mismo indicador, piensa que su solución es presionar a países pequeños, entorpecer el comercio y, amenazar a China con aranceles, pidiéndole que colabore con su cuenta comercial. El problema es que su sector público gasta demasiado, le consume recursos al sector privado —que ahorra, porque el saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos es positivo—, quitándole dinamismo a la economía que en los últimos 18 años apenas si creció al 0,87% anual.
En cuestiones políticas y de comercio, el multilateralismo es de central importancia, pero los países, respetando normas generales, tienen el derecho a darse la organización interna que mejor represente sus intereses. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer, una cosa es un acuerdo de comercio o normas de derecho internacional y otras que nos impongan acciones y leyes que afectan nuestro crecimiento y, por tanto, contrarias a nuestro interés. Dentro de éstas claramente están las ambientales, que muchos países no cumplen ni cercanamente y nosotros hemos gastado fortunas sin que fuera necesario dada nuestra matriz productiva. Razonemos por el absurdo, (mi forma preferida de demostrar teoremas), los países centrales de la OCDE entre sí aplican políticas diferentes, es más en algunos casos exactamente opuestas entre sí. ¿Por qué se nos quiere imponer regulaciones que no todos tienen? No parece la OCDE una organización de cooperación para el desarrollo sino más bien, al menos por quienes nos rezongan por la prensa, parece preocupada por imponer normas que dañan nuestro bienestar de manera innecesaria y darnos tareas que deben hacer en sus propios países y, en los países “más activos”, mantener sus desbordes fiscales. Y si se quiere una prueba, veamos las opiniones de los Ministros de Finanzas de Alemania y recientemente Estonia al respecto del llamado Pilar 2 (impuesto mínimo global).
Como decía Groucho Marx cuando lo invitaron a integrar el Friars Club of Beverly Hills, “nunca pertenecería a un club que admitiera a alguien como yo”. Hacer lo que hay que hacer es cosa nuestra, debemos retornar el camino de las reformas, porque el mundo sigue su ritmo y, como expuse hace 15 días, nos maravillamos del Asia, pero eso tiene su explicación: aplican políticas bien orientadas, como hizo Occidente algunas décadas atrás y no lo que estamos haciendo.