OPINIÓN

Política fiscal en tiempos de COVID-19:hoy se fía, mañana se ajusta

Uruguay enfrenta una aguda recesión y otros efectos económicos del coronavirus con una débil y compleja posición fiscal.

Foto: Pixabay
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Por un lado, a febrero, el déficit fiscal se ubicó cerca de 5,5% del PIB si se excluyen los ingresos al Fideicomiso “cincuentones”, la desacumulación de stocks de Ancap y los ingresos extraordinarios contabilizados por la reapertura de bonos vendidos sobre la par. Por otro, la deuda pública subió a 66% del PIB al cierre de 2019.

Así, sin la emergencia sanitaria y la crisis económica, esta columna habría estado dedicada a analizar la forma de reducir el déficit, la propuesta del gobierno de una nueva institucionalidad fiscal y la necesidad de un programa económico integral que asegure la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas.

¿Deberían salir de la agenda esos tres objetivos? No. Todo lo contrario. Sólo deberían retrasarse algunos meses, pero sin renunciar a ellos. Deben ser creíblemente reafirmados los implícitos en la Ley de Urgente Consideración (y otros), para ser implementados junto a Ley de Presupuesto.

Entre tanto, durante 2020, la crisis llevará inexorablemente a un mayor déficit fiscal en un monto difícil de cuantificar por las enormes incertidumbres vigentes, pero que podría superar el 10% del PIB.

Ya son hechos consumados la fuerte contracción de ingresos por la menor actividad y el simultáneo (fuerte) aumento de ciertos gastos, sobre todo en salud, seguro de paro, transferencias a la población y subsidios a empresas. Pero probablemente se requerirá incrementar más aún estas partidas, junto con prolongar y extender medidas como la postergación en el pago de IVA y otras imposiciones. Y también serán necesarias otras medidas para aliviar los problemas de liquidez y crédito de las empresas para evitar daños permanentes en su capacidad productiva y/o de empleo.

Van en la dirección correcta las rebajas de encajes bancarios, las flexibilizaciones regulatorias para el cómputo de la morosidad, las líneas de crédito del Banco República y el impulso al Sistema Nacional de Garantías (SIGA), pero se requiere en forma urgente acercar financiamiento no bancario de institucionales u otros inversionistas, mediante la securitización de carteras de bancos o fondos (fideicomisos) para comprar créditos corporativos. El banco central y el gobierno tienen un rol relevante para jugar y pueden ser necesarios recursos adicionales o algún tipo de aval estatal.

Por ser un shock transitorio, mucho de eso no debería afectar el déficit estructural, sino sólo el efectivo, por una vez, mientras dure el impacto económico de la pandemia. Con todo, es posible que —dependiendo de la calidad de las políticas durante y después de la crisis— queden algunas secuelas sobre el crecimiento potencial, la persistencia del desempleo y el costo de financiamiento, que afecten estructuralmente los ingresos fiscales (a la baja) y los gastos públicos (al alza).

El nuevo gasto fiscal y las renuncias impositivas deberían ser financiados con reasignación desde otras partidas, alzas moderadas de tarifas públicas y eliminación de subsidios regresivos, pero sobre todo mayoritariamente con deuda. Uruguay no tiene reservas genuinas generadas en el pasado en base a superávits fiscales. Nunca los hubo en los últimos 15 años, ni siquiera en el boom. Por eso, no hay ahorros acumulados, ni un fondo soberano, como en el caso de Chile o Noruega. El gobierno sólo tiene depósitos en el Banco Central que corresponden a emisiones previas de deuda (pre financiamiento) destinados fundamentalmente a vencimientos de préstamos. El resto de las reservas internacionales son activos del instituto emisor que tienen como contrapartida distintos tipos de pasivos, ya sea con bancos locales (encajes), ahorristas (Letras de Regulación Monetaria) o público en general (medios de pago).

Sin embargo, lo que sí Uruguay tiene son líneas de crédito contingente, disponibilidad de financiamiento interno y posible acceso a los mercados globales. Primero, el giro de líneas desde organismos multilaterales puede totalizar cerca de US$ 2.200 millones. Segundo, el mayor tamaño de los institucionales (AFAP sobre todo), junto a la mayor aceptación de la Unidad Indexada, le permite al gobierno acceder localmente a financiamiento de largo plazo. Por ejemplo, una emisión especial de “corona bonos” no debería ser descartada.

Por último, como en la salida de las crisis globales anteriores, 2001-02 o 2008-09, deberíamos tener un período prolongado de tasas internacionales muy bajas con renovado apetito por créditos y activos de países emergentes, quizás desde el segundo semestre de este año.

Por todo eso, para minimizar los riesgos asociados, se hace ahora incluso más necesario el rediseño de una nueva institucionalidad fiscal, con una regla creíble de balance estructural, que contemple desde 2021 readecuaciones permanentes (y transitorias) de gastos e impuestos, con los objetivos de asegurar la convergencia a déficits menores y una deuda sostenible, acotar las bajas en clasificación crediticia, y recuperar un crecimiento alto y sostenido. Parece lo mínimo para que nos “fíen hoy”, con el compromiso de ajustar y reformar mañana.

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