Hace unos días venía escuchando a un consignatario, quien analizaba la cadencia de la liberación de permisos para exportar ganado en pie según la actuación del MGAP. Con total normalidad iba desgranando la cronología del otorgamiento de los permisos, vinculándola con la marcha de los negocios. A mí me pareció lamentable ese acostumbramiento a pedir permiso al Gobierno para realizar actividades económicas lícitas, para las cuales la autoridad no tiene ninguna legitimidad de impedir o autorizar. Y en especial me sentí triste por la falta de rebeldía, por el adocenamiento que supone este progresivo aceptar que los gobernantes resuelvan por nosotros, invocando a un mal llamado y difuso interés general, que comúnmente es más bien la interpretación oficial y partidaria de ese supuesto beneficio de todos. Poco a poco -y el tema trasciende al agro- vamos tolerando una intromisión creciente en nuestros negocios y nuestras vidas, transitando así un camino de servidumbre.

EXPORTACIÓN EN PIE. En realidad la exportación en pie es una actividad totalmente libre; muchos sabemos muy bien que no siempre fue así, que estuvo directamente prohibida. Pero ahora es peor. Una prohibición, aun siendo objetable desde muchos puntos de vista, al menos tiene el atributo nada desdeñable de la certeza. Un permiso previo en cambio, es una servil humillación del administrado frente a la administración, mucho peor aún cuando ésta resuelve no conforme a reglas imparciales claras, sino de acuerdo a su peculiar interpretación de lo que resulta mejor en cada caso. La exportación en pie es legalmente libre, sujeta como es lógico no a permisos nacionales sino a la obtención de un certificado sanitario demandado por los países de destino. Pero a la tramitación de ese certificado se la llama erróneamente permiso de exportar, porque la intervención oficial lo ha convertido en eso, en un trámite que se acelera o se retrasa según lo que opine el MGAP acerca de esas exportaciones, en base a no se sabe qué: interés general, de algún grupo, lobbies, resentimientos, quién sabe. No hay pues legalmente permiso alguno, sino el abuso de la expedición de un certificado sanitario como si fuera una licencia. Es no solo un atropello sino una forma más de concebir la relación de la gente con el Gobierno, y de ver a éste como tutor de un interés general que no lo recoge norma alguna.

Hace en esto el ministerio lo mismo que con la importación de frutas, verduras, o pollos. En efecto, convierte un certificado sanitario en un permiso previo para el que ninguna norma faculta a la administración. Es ilegal y nuevamente desplaza la decisión libre de la gente hacia la interpretación oficial del interés general.

Hay otras intervenciones que responden a la misma filosofía pero al menos tienen algún tipo de base legal. Es así que hay que pedir permiso para comprar tierras en el caso de sociedades, para importar algunos insumos agropecuarios, o vino, hay registros que en la práctica son permisos previos como por ejemplo los de agroquímicos y, definitivamente lo peor, habrá que pedir permiso para hacer agricultura en el propio campo. No me olvido de los permisos forestales, o de las nuevas disposiciones de ordenamiento territorial.

INTERVENCIONISMO. En todos los casos lo que subyace es un concepto intervencionista, que ataca la libertad individual, y que es grave porque imperceptiblemente parecería que se va aceptando que el Estado sea quien dirija, acepte, autorice en base a su criterio qué es lo mejor para todos. No es así; no es ese el contrato social en democracia. Para los que pensamos que este sistema de gobierno no es solo votar cada cinco años, la legitimidad del ejercicio del poder es una delegación de los ciudadanos en la autoridad, que solo puede resolver en base a la norma jurídica, así sea el último funcionario o el Presidente de la República. La discrecionalidad gubernamental o la interpretación oficial del bienestar general, son categorías para un país aborregado, que acepta pacíficamente que otros resuelvan por él. Todavía no se trata de economía planificada ni estamos en el camino de la Argentina. Pero lo preocupante es que se empiece a admitir que hay que pedir permiso, o que hay un ministerio o varios que tienen facultades para gobernar la vida de la gente. Y aunque no hay un solo ejemplo en el planeta de éxito en este tipo de economía, peor es la servidumbre política que ella genera tal como lo denunció Friedrich Hayek cuando en su momento advirtió que la economía socialista conducía inevitablemente al totalitarismo político.

SERVIDUMBRE. Hay que distinguir no obstante dos planos de agravio a la libertad. El primero es el abuso del derecho, es decir cuando sin mediar norma alguna, se somete a la gente a pedir permisos sin base legal. Es el caso de la exportación en pie, de las frutas y verduras, del pollo, de permisos para importar. Hay aquí un agravio a la seguridad jurídica, condición necesaria para el ejercicio de la libertad sin riesgo, de tal modo que el empresario o el simple ciudadano puedan organizar su vida sobre la creencia en el orden legal existente y en su respeto estricto e impersonal.

Pero hay otro plano que es el de procedimientos que aun teniendo base legal, suponen igualmente una inversión del orden de las cosas, depositando caso a caso en la administración la facultad de dejar hacer a la gente. Es el caso de la agricultura, de la compra de tierras, o ahora del horror del permiso para usar esa máquina que trajo el Hospital Británico que llaman Da Vinci. El punto no es solo el atraso científico que supone que su aplicación dependa de la voluntad del gobierno. Lo peor es -y nunca sabremos cuánto- la enorme cantidad de Da Vincis que en la medicina y en otros terrenos jamás vendrán, por haberse lesionado el motor económico y social que suponen la iniciativa individual, el afán de lucro, el desafío a lograr cosas en base al riesgo propio, a la excelencia, libremente. Siempre ha sido esta valía individual, el aprovechamiento de estas fuerzas de los mercados, lo que ha hecho posible el desarrollo de la civilización. Y es este orden espontáneo dentro de un sistema de reglas generales, lo que permite construir algo que es mayor que lo que cada uno de nosotros pudiera individualmente construir. Se equivocan terriblemente los que creen que podemos ayudar a dominar las fuerzas de la sociedad de la misma forma que hemos aprendido a dominar las fuerzas de la naturaleza. O que se puede construir un sistema de ayuda social deteriorando la libertad de la gente, que es la mejor manera de bloquear el progreso. El orden espontáneo, que genera modernamente cosas como Wikipedia, o las redes sociales, constituye la mayor fuente de progreso económico y social conocida, aun no siendo el cielo en la tierra pero representando lo mejor de lo que conocemos. Lo otro, es decir el Estado conduciendo la economía o aun las ayudas sociales con o sin ley, pero desplazando a la gente de sus decisiones, ya sabemos cómo termina.