OPINIÓN

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Las pautas salariales propuestas por el Poder Ejecutivo para la novena ronda de los Consejos de Salarios dejaron disconformes a todos los involucrados, tanto a los empresarios como a los trabajadores.

Según Búsqueda del jueves 15, en las cámaras empresariales se quejaron de que se ingrese en una nueva ronda sin haberse reformado la ley de negociación colectiva que ha sido observada por la OIT. También sostienen que debió darse un tratamiento especial, como se dio a las microempresas, a las empresas pequeñas y medianas.

Mientras tanto, el PIT-CNT consideró que con estas pautas no se garantiza el mantenimiento del salario real y menos aún su recuperación. Todos tienen razón.

Era previsible que tal disconformidad ocurriera cuando se dictan pautas que presentan alguna diferenciación de modo de contemplar realidades diversas, pero sin poder alcanzar a aprehender la casuística de tal diversidad: se pretende fijar precios mediante fórmulas no muy diferentes en un mercado que presenta situaciones muy heterogéneas en momentos en que recién se estaría saliendo de la pandemia, pero no todavía de sus consecuencias, en particular en materia de empleo.

Vayamos a lo básico: con la pandemia, el país recibió un fenomenal shock externo negativo. Cuando esto ocurre, cae el PIB y junto con él la masa salarial y dentro de ella, sus dos componentes, precio y cantidad, salario y empleo. Y cuanto menos baje el salario real, más bajará el empleo. El año pasado el PIB cayó 5,9%, la masa salarial se redujo en 5,2%, el salario real promedio bajó 1,7% y la cantidad de ocupados se redujo en 3,5%.

En ese contexto, no tuvo sentido que el gobierno se comprometiera, hace un año, a iniciar la recuperación salarial desde una fecha concreta y mucho menos, ahora, a pretender hacerlo de manera bastante pareja (unas décimas más o menos no son relevantes). Hace un año el gobierno no podía saber la realidad a la que se enfrentaría 12 meses más tarde. De hecho, a fin de agosto, en el Presupuesto, no había previsto “gasto COVID” para este año y sin embargo ya debió asignar casi mil millones. Da la impresión que en el escenario trazado en 2020 por el gobierno, la pandemia terminaba pronto y en 2021 ya no habría rastros de ella.

Ahora el gobierno es esclavo de sus compromisos y anuncia una recuperación que lo será ex ante y muy poco probablemente ex post, con lo cual entraría en la dinámica de la arruga en la alfombra, pues en julio de 2023 debería dar un gatillo considerable. “Recuperación” y “gatillo” deberían dejarse de lado, al menos como regla general. Lo mismo que la “indexación”, que vive y lucha y sigue presente en las nuevas pautas de un nuevo gobierno. ¿Política de Estado?

Con los salarios pasa algo parecido a lo que sucede con las cuentas públicas: se desconoce el ciclo económico. Cuando se crece, sube el salario y cuando se cae, no se lo deja bajar. Lo que se debe entender es que estas prácticas tienen efectos reales. En este caso, sobre el empleo.

Veamos algunos números. Tomemos las pautas para el caso general, en las que los cuatro aumentos previstos en esta ronda suman un 12,66%. Allí, ex ante, y con las expectativas de inflación del gobierno, hay implícita una “recuperación” de 1,6% (del 4,3% perdido en el “año puente”). Pero si se consideran las de la última encuesta de expectativas del BCU, de julio, la inflación sería de 13,61% y en vez de una recuperación habría una nueva pérdida de salario real. Sabemos, además, que los empresarios esperan una inflación todavía mayor, tanto en los precios como en sus costos.

Las pautas salariales oficiales intentar resumir en una planilla Excel una realidad diversa. Para ello, plantea tres situaciones iniciales y un abanico de ajustes finales en función de la evolución del empleo y la magnitud del salario.

¿No hubiera sido mejor, al menos por esta vez, probar una fórmula diferente, y que la casuística surgiera de las negociaciones entre las partes involucradas al nivel (sector o empresa) que mejor cuadrara en cada caso? La innovación, al menos por esta vez, debió darse dejando de lado restricciones autoimpuestas: recuperación, gatillo, indexación y también (mediante ley) niveles mínimos por categorías para nuevas contrataciones. Podría ser una oportunidad para que los informales ingresen al mercado formal.

Se sabe que los precios mínimos por encima del equilibrio generan exceso de oferta. En el caso del mercado de trabajo, desempleo. ¿Acaso alguien puede creer sinceramente que mínimos fijados en tiempos normales, pueden sostenerse en tiempos de una crisis que movió las curvas de oferta y demanda? Quizá los mismos que creen que los gobiernos pueden fijar salarios reales.

La realidad actual es demasiado diversa como para pretender abarcarla desde la burocracia estatal. Es probable que haya sectores y empresas que habrían seguido caminos no muy distintos a los propuestos, aún sin esas pautas. De hecho, hay sectores que no se han venido rigiendo por ellas. Pero debió abrirse la posibilidad de que, para quienes están en problemas, se pudieran buscar soluciones dentro de un menú más amplio, que sólo puede dar la negociación entre las partes.

De hecho, lo que propongo no es original: los políticos, por unanimidad, encontraron hace poco en los llamados “jornales solidarios”, una fórmula que no se rige por las normas generales. Pero que ataca las consecuencias y no las causas.