En el acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI que firmaron en el último trimestre del año pasado, las partes estimaban para 2023, una inflación del orden de 60% y un crecimiento de la producción de bienes y de servicios (PIB), del 2%. En marzo, tan solo unos meses después —con la excusa de la sequía y la situación de la economía mundial (¿?)—, las estimaciones cambiaron significativamente y pasaron a un crecimiento del PIB de 0,2% y a una inflación de 98%.

Es altamente probable que en la nueva estimación de ambas partes que se realizará en junio, los resultados que esperen sean aún peores. Es que una de las partes inventa medidas que tomará para mejorar la situación y la otra, como ha venido ocurriendo, le creerá. Los analistas son “menos optimistas” y en mayo, en sus respuestas para la encuesta mensual que lleva adelante el Banco Central, esperan una declinación de 3,1% del PIB y una inflación de 146% para este año, mucho mayor que la que esperaban en meses anteriores y que la actual, que en los doce meses a abril ha sido 108,8%. Si ya esos datos reflejan un panorama desolador, la situación la empeora la inestabilidad cambiaria: la devaluación del peso ante el dólar en el mercado oficial ha sido 96% en los últimos doce meses y 138% en el mercado paralelo (“blue”).

Todo esto viene ocurriendo en el contexto de una gestión económica que no tiene la mínima idea de lo que deben ser políticas que cierren los notables desequilibrios macroeconómicos. Una situación en la que el déficit fiscal es sumamente alto y que se financia con emisión de moneda que, a pesar que ocurre a una tasa menor a la mitad de la de la inflación, no logra reducirla, pues las expectativas creadas la empujan considerablemente a niveles cada vez más altos.

Pero la situación económica de empeoramiento progresivo y creciente, viene ocurriendo, también, en un contexto social en el que la pobreza alcanza al 40% de la población y en un entorno político de distanciamiento total del presidente de la nación con su vice presidenta y, obviamente de ésta y del propio “conductor político” con las fuerzas opositoras. Y no por tratarse de un año en el que es inminente —octubre— la elección general, sino porque la diversidad de posiciones tanto dentro del gobierno como del entorno político general es alarmante y sus consecuencias, significativamente adversas, las sufre la mayoría de la población.

Se puede indicar, sin lugar a equivocación, que Argentina se encuentra en una crisis que difícilmente alguien o algún grupo de nuevos conductores políticos y económicos la pueda solucionar en el corto o mediano plazo, algo que por un tiempo ocurriera en 1991, cuando vivía una situación tan mala como la actual. Ni la conducción económica argentina ni el FMI con sus programas y tolerancias de los últimos tiempos y en la actualidad, podrán sacar en breve al vecino país, al que nos unen numerosas razones de fraternidad, de una crisis que seguirá por tiempo extenso. Una crisis que, en nuestro país, que vive todavía con una influencia muy importante importada de la vecina orilla, se debe evaluar profundamente en los niveles políticos que correspondan, tanto por sus consecuencias presentes como estructurales, para lograr el mayor “desacople” posible, algo que algunos, años atrás, decían que ya había ocurrido. Si bien es cierto que tras la crisis de 2002 hubo medidas para levantar la vinculación financiera que tuvimos con Argentina —que nos llevó a la crisis conocida—, seguimos dependiendo en otras áreas, en buena medida, de lo que pasa en la vecina orilla.

Lo evidente

El gasto en consumo de uruguayos que viajan a la Argentina debido a la diferencia de precios de numerosos productos y servicios nos afecta, al incidir negativamente —a la baja— en el consumo privado en nuestro país. No es referencia solo a lo que ocurre en los departamentos del litoral que les lleva a un desempleo muy alto —de dos dígitos—, detención de actividades y cierres de negocios. También es alto el consumo de uruguayos que, viviendo en otros departamentos y en particular en Montevideo, la diferencia de precios incita a realizar en Argentina.

No menos importante es la influencia adversa de la situación económica del vecino país sobre la producción transable del nuestro, sobre las exportaciones uruguayas y sobre las producciones que sustituyen importaciones. Las ventas de productos a Argentina representan hoy el 4,3% del total de las ventas al exterior, una participación que es baja y que viene declinando de manera persistente, lo cual es algo contrario a los objetivos de estrechar el comercio entre las partes contratantes del Tratado de Asunción (Mercosur). Las trabas argentinas a nuestras exportaciones son alevosas, pues tienen efectos equivalentes a un proteccionismo que se escuda en la supuesta necesidad de controlar que el que importa desde Argentina haya cumplido con sus obligaciones tributarias. El cobro de las exportaciones no es inmediato, tarda medio año en la mayoría de los casos y así se desestimula al exportador, aún al del Mercosur. Y por otro lado, la diferencia de precios a favor de los productos importados desde ese origen permite una mayor competencia con los locales en momentos de crecimiento del consumo privado en nuestro país.

Mientras la economía argentina continúe agravándose, lo cual es altamente probable, será difícil levantar el empleo en el litoral del país; mejorar nuestras exportaciones y evitar una competencia fuerte sobre la producción local. La necesidad de una revisión de las posibilidades de crecimiento en el corto, mediano y largo plazo de nuestro comercio exterior encorsetado por el Tratado de Asunción, es impostergable.