Otra vez al igual que hace diez años

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En junio de 1997, el Dr. Julio María Sanguinetti y su equipo económico integrado por el ministro de Economía (MEF) Luis Mosca, el presidente del Banco Central (BCU) Humberto Capote y por Ariel Davrieux en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), recibían la noticia que Standard and Poor´s (S&P) elevaba a BBB-, al grado de inversión, la calificación de la deuda pública uruguaya. Casi cinco años después, en enero de 2002 y como consecuencia de los efectos del contagio de la crisis argentina de fines de 2001 S&P le quitó esa calificación y, como las demás calificadoras de riesgo, la redujo a una cercana al default. Un default al que alentaran y exigían jerarcas del FMI y del Banco Mundial como condición para algún tipo de apoyo financiero. El presidente Jorge Batlle y el, desde julio de aquel año, nuevo equipo económico integrado por Alejandro Atchugarry en el MEF, Julio de Brun en el BCU, Davrieux en OPP y el entonces Jefe de Asesores del MEF, Isaac Alfie, descartaron de plano esa alternativa, a pesar del entorno local de expectativas fuertemente adversas. Ellas eran causa de una inimaginable corrida bancaria y consecuente fuga de capitales en un mercado que se mantuvo libre a pesar de la notable disminución de las reservas internacionales del BCU -que, de más de 3.000 millones de dólares, declinaban hasta 660 millones-, de fuerte caída de la actividad y de gran contracción de los ingresos fiscales que llevaron a un alto déficit operativo en momentos, además, de significativos vencimientos de deuda pública. Asimismo, en un contexto de altas presiones sociales exacerbadas por una tasa de desempleo de 19,8%, y por las arengas de los principales políticos de la oposición de izquierda, con alguna excepción, que veían campo fértil para su clásica postura de no pago de la deuda pública. En Argentina, en la semana final de 2001, en los pocos días de gobierno de Adolfo Rodríguez Saa, el fugaz mandatario, con el aplauso unánime del Congreso, había dado el paso del default que hoy, diez años más tarde, todavía impide que la nación vecina obtenga crédito voluntario en el mercado financiero internacional.

LA SALIDA. Tras la negativa a aceptar las exigencias del FMI, el equipo económico tenía que sobrellevar las instancias de repago de obligaciones financieras las que, finalmente logró con medidas profundas de ajuste, en particular del sistema bancario -dispuso el cierre de las cuatro instituciones privadas más importantes- y con otras que también contribuyeron a la reversión de las expectativas de los agentes económicos y financieros del país y del exterior. Por intervención directa del presidente Jorge Batlle ante el de Estados Unidos George Bush se logró un financiamiento temporal que permitió enlazar con otros, forzados como el que finalmente debió dar el FMI por exigencias externas, y no tanto, estos últimos basados en la confianza que despertara el accionar rápido y técnica y políticamente inobjetable, del escaso contingente de los jerarcas citados. Restaba aún la prueba final: demostrar la voluntad del Gobierno de mantener una férrea lucha por cumplir con las obligaciones financieras de un país al que tanto las multilaterales de crédito como las calificadoras de riesgo consideraban insolvente. Y ella vino en el primer cuatrimestre de 2003 cuando se realizara el canje de deuda con alargamiento de plazos y a tasas levemente por encima de las de entonces del mercado. El canje de los títulos venciendo en años inmediatos por otros a plazos de hasta 30 años, fue voluntario, no obligatorio y resultó un éxito con aprobación superior al 90% de los acreedores. Desde entonces, las condiciones económicas y financieras de un país que se consideraba insolvente, cambiaron notablemente. Aunque leve, en 2003, el PIB tuvo un crecimiento que fue significativo en 2004 y ha seguido en expansión hasta la actualidad cuando, al respeto de las reglas de mercado aun en los peores momentos de 2002 se le ha sumado desde 2007 una situación mundial y regional sumamente favorable para el país. Los precios de commodities del agro pasaron a ser más de dos veces y media el promedio histórico, las tasas de interés internacionales son prácticamente nulas, los movimientos de capitales hacia países emergentes son abundantes, y la región también ha contribuido. Con los impuestos a las exportaciones agrícolas, el gobierno argentino ha involuntariamente desviado la atención de inversores al agro uruguayo y la apreciación del real en Brasil y aumento de su ingreso per cápita han hecho soplar un fuerte viento favorable para Uruguay.

DE NUEVO INVERSOR. La economía ha crecido desde 2003, sin interrupciones, en uno o tal vez el más extenso período de expansión de la historia del país. La deuda pública se ha conducido con un objetivo de desdolarización de su estructura que ha sido aunque muy costoso -se ha debido capitalizar dos veces al BCU con papeles de la Tesorería-, de todos modos exitoso. Las obligaciones del sector público han trepado de 13.322 millones de dólares en 2004 a 25.948 millones al finalizar 2011, en buena parte para conducir la política monetaria de desdolarización y para financiar un déficit fiscal que aún es 1,3% del PIB. Un desequilibrio que no se desea erradicar a pesar del aumento de la recaudación tributaria, que se ha multiplicado por cuatro al pasar de 2.398 millones de dólares en 2003 a 9.907 millones de dólares y creciendo, en la actualidad y que se destina a sostener un aumento del gasto público que ha trepado también considerablemente, al pasar de 2.907 millones de dólares a 10.349 millones al comienzo de este año y en términos de doce meses.

Hace unos días, diez años después, S&P ha devuelto a la deuda pública el grado de inversión (BBB-) y en breve otras calificadoras lo harán, siguiendo a un mercado que ya de hecho, lo reconocía: el riesgo país se ubicaba debajo de los 140 puntos básicos. La nueva condición de la deuda pública amplía el número de demandantes de títulos uruguayos en el mercado primario y en el secundario por lo que la tasa de interés a pagar en emisiones futuras o el rendimiento de los títulos en el mercado secundario será menor. Numerosos fondos de pensión y otros similares que operan en el exterior no pueden invertir e n títulos que no sean calificados con el grado que ahora tienen los de nuestro país. La nueva calificación permite además, que haya más fondos que estén dispuestos a llevar adelante inversiones de riesgo sea directamente o a través de su participación en el capital accionario de empresas nuevas o a crearse. La inversión extranjera directa tendrá, en consecuencia también, un número mayor de potenciales participantes en nuestro país. Con la reciente calificación, se recogen los frutos de las difíciles decisiones que contra viento y marea debió tomar un gobierno fuertemente golpeado por la aftosa primero y por el contagio de la debacle financiera y económica argentina después.