¿Otra reforma de la Previsión Social?

Semanas atrás, el coordinador del llamado “diálogo nacional por la seguridad social en Uruguay” brindó detalles de por dónde vienen las ideas a proponer respecto de la reforma del sistema. Habló básicamente de Previsión Social, pero también, a mí modo de ver, correctamente introdujo el tema de los cuidados.

Las entrevistas, tanto en El Observador como en El País, fueron lo suficiente extensas como para comprender el espíritu dominante y los temas abordados. Hubo un gran olvidado, el seguro de salud, que tantos problemas está generando, no solamente por su déficit (ajuste de la cuota Fonasa es apenas una evidencia), sino por ciertos errores de diseño e incentivos implícitos, aun cuando el seguro está dentro de un marco general lógico de pago por cápita según sexo y edad de la persona. A mera vía de ejemplo, está “fuera del radar de reforma” el control de las concesiones de licencias médicas, cuyo costoso abuso es notorio, tanto en el sector público como privado y que, a este último sector, le genera costos no sólo porque de todos modos debe abonar la licencia y el salario vacacional de quienes accedieron, sino también por el exceso de personal permanente necesario para mantener el servicio. Esto también es parte del costo país que afecta la competitividad.

El resumen de lo declarado es que se planean mayores transferencias, (beneficios monetarios), una opción de reducción de la edad mínima de retiro a los efectos jubilatorios y mayores erogaciones para los cuidados, todo lo cual eleva el gasto público agregado algo que, como ya fue señalado por varios de mis colegas, resulta muy inconveniente cuando se requiere una significativa reducción si efectivamente se quiere mejorar la competitividad de nuestra economía y dejar que los jóvenes tengan un futuro de desarrollo posible dentro del país.

Sobre las propuestas se podrá estar de acuerdo o no, en todo o en parte. Puede haber medidas malas per sé, pero en otras el punto central está siempre en el diseño que, dentro del marco, genera incentivos correctos o perversos. Más allá de ello, dos cosas deben preocuparnos; i) ante la consulta sobre los recursos para solventar los planteos la respuesta fue, “no hemos hablado de fuentes de financiamiento”. Más gasto requiere más impuestos, Harry Potter es un cuento y, ii) la declaración “cada individuo aporte según su posibilidad y reciba según su necesidad” (al menos así está transcrita en el reportaje). Esta frase ya sabemos a qué llevó a quienes quisieron practicarla. El drama está asegurado.

Dicho lo anterior, también es claro que pensar en el sistema de cuidados está muy bien y sin dudas debe incluirse en los aspectos a contemplar ya en un plazo no tan largo, en especial cuando refiere a los cuidados de los adultos mayores[1]. Para estas personas, sistemas de jubilaciones y pensiones y cuidados deben estudiarse y diseñarse en conjunto porque básicamente atienden a la misma población y, de no hacerlo, su carga se vuelve impagable. La orientación de los recursos, siempre escasos, debe ser muy cuidadosa, reconociendo los avances de la ciencia, la revolución de la medicina y el estilo de vida que nos bendice con mayor longevidad, capacidad de generar valor y vitalidad a edades donde hace 50 años no muchos permanecían vivos, naturalmente contemplando las dificultades de los casos concretos que, lamentablemente siempre los hay. El ratio de dependencia (mayores de 65 años sobre activos) seguirá aumentando por lo que, a menos que se piense existe margen para aumentar los impuestos y las tasas de contribución sobre salario o se pueda reducir el haber de retiro, obliga a ajustes en las edades jubilatorias, finalmente lo único sensato. En la reforma del 2023, el parlamento rechazó, entre otras, la propuesta de ajuste automático en la edad de retiro con el aumento de la expectativa de vida. Dicho ajuste evitaba los saltos bruscos, iban de a 3 meses y con algunos años de aviso previo. Bajar la edad es precisamente lo que no se puede hacer.

Por fuera de bajar la edad de jubilación y aumentar gastos, el coordinador contó el planteo de que la administración de las cuentas de ahorro individual sea centralizada, algo por cierto nada novedoso, pero inconveniente. El ahorro, si es que lo hay, sería insignificante y todo administrador de fondos tiene sus registros.

Las cifras que publica el BPS y los problemas de las cajas paraestatales nos muestran, con certeza, que los tiempos de transición de la reforma del 2023 deben acelerarse y, además, se deben introducir algunos cambios que, o bien fueron rechazados por el parlamento, o directamente no fueron propuestos por el PE, así como también nuevos aportes producto de la realidad que se vive. La reforma partió de determinado “tiempo disponible” basado en que recién a partir de este 2026 las personas se retiran habiendo aportado 30 años al nuevo sistema, que reduce en parte la carga sobre los fondos públicos, pero las cifras indican que las sucesivas leyes de “cincuentones”, junto a la drástica caída en los nacimientos, perforaron demasiado los cálculos presentados por el BPS.

Los aspectos a considerar son varios; cuánto del haber de retiro es de pago definido y cuánto de retorno de capital acumulado; cambios que permitan mayor retorno de los fondos ahorrados por los trabajadores; cambios en la regulación que permitan competencia efectiva en el seguro de retiro y, un seguro global por el riesgo de sobre extensión de la vida a la estimada por las tablas de esperanza de vida, junto a algunas inconsistencias que se advierten del actual ordenamiento y generan la posibilidad e incentivos al adelanto del retiro de personas en plenitud, son algunos de los puntos críticos.

Pensando más allá de 5 años, otra reforma se hace necesaria.

[1] Cuidados incluye discapacitados y, en ciertos casos, menores de edad.