Los preceptos de la macro y el opio de intereses creados con sesgos ideológicos

¿Cuántas opiniones discordantes, aceptamos como verosímiles en economía? La realidad indica que son variadas y contradictorias.

El ministro de economía participo de una interpelación en “buenos términos”. En ocasiones, no terminan por satisfacer ni a los interpelantes ni a la opinión pública, ya que los legisladores se someten a explicaciones y la exhibición de una batería de datos que pueden encandilar, tanto al más preparado como al más despistado, dada la disparidad de información y recursos entre partes, lo que puede resultar, incluso contraproducente.

Una fase acuñada por el ex presidente Batlle que, reflejaba una visión e ideología particular. Una expresión del mismo temperamento y trivialidad la del presidente Orsi: “cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”. Ambas expresiones, sin duda, espontáneas, contundentes e infelices.

Algunas expresiones del ministro Oddone, incluida su reciente interpelación en el Senado, dejan dudas sobre posibles contradicciones y nos llevan a cierta desesperanza. Durante la interpelación, desde distintos sectores se plantearon interrogantes que no se agotaron en esa instancia, tampoco con las aclaraciones posteriores del ministro en redes sociales. Las dudas quedan, aun cuando no se hayan podido expresar de la mejor manera.

¿Se puede sostener, con todo lo que supone y tal como lo expresó el ministro?, que “Uruguay es un Gran País”, y, al mismo tiempo, insistir en las restricciones para mitigar las inequidades y la satisfacción de necesidades de sectores vulnerables. Su pensamiento y expectativa real es que “tenemos insuficiencia económica para financiar el actual sistema de convivencia”, lo cual no deja de ser muy alarmante[1].

El ministro está sumergido en decisiones de “alta política”, y, parece estar “fugando hacia adelante”, por las propias restricciones que señaló, por el entrelazado de intereses del propio gobierno, y, es obvio, está en el medio del rio[2].

Paralelamente, analistas y otros actores han dado sus puntos de vista sobre la ley de competitividad que va a ser discutida en las próximas semanas, así como, sobre las aclaraciones del propio ministro en la interpelación, en medios y redes sociales.

Ceres, independiente del gobierno y más vinculado al sector empresarial, plantea una visión más escéptica, en su pretensión de hacer un análisis fundado y objetivo sobre la ley y sobre la situación en general.

No coincidimos siempre con las propuestas de Ceres; su enfoque es, en ocasiones, “intensamente ortodoxo”, en política fiscal y monetaria y tiende a hacer un análisis más crítico de ciertos sectores que de otros. En este caso, los aportes hacen sentido y son un buen punto de partida para marcar otros matices. En particular realizaron varios aportes para el proceso de mejora de la competitividad y baja de costos[3] y agregaron, como es usual, información interesante. Hay aspectos muy destacables, aunque en otros no coincidimos.

Coincidimos con la intención del gobierno y las valoraciones Ignacio Munyo, en el sentido que se está en un buen camino eliminando duplicación de documentos y trámites, simplificando la tributación de Pymes, creando un auto despacho aduanero, racionalizando las tasas al comercio exterior y habilitando para que las certificaciones emitidas en el exterior sean legitimadas, más otros cambios realizados en la buena dirección.

No coincidimos con Ceres, en demonizar ni el gasto ni el Estado, per se, sino según su realidad, naturaleza y retorno. Señala tres ejes relevantes de las primeras transformaciones: regulación laboral, carga fiscal y competencia. Los primeros, sugiere, son críticos, y, él último, estaría siendo mejor resuelto según Ceres. Entendemos que el último es el más relevante y que con la ley se está dando un puntapié inicial, pero, está lejos de estar resuelto. El eje de la carga fiscal, depende de otras etapas de la reforma estructural del Estado y no se van a resolver en esta.

Asimismo, estamos lejos de creer en creación/eliminación de exoneraciones puntuales como las planteadas para los vehículos eléctricos. No es una señal de buena política, apelar a “manotazos” a recursos que resultaron de políticas de Estado bien definidas. Debió ser otra la valoración y estas iniciativas deben analizarse como algo sistémico, no es tiempo de cambiar el paso ahora y si evaluarlas en el marco de una revisión de otras exoneraciones más amplias. No compartimos el modo, el instrumento ni el objetivo.

Finalmente, nos inquieta la creación del Consejo Asesor de Competitividad para evaluar nuevas regulaciones, a partir de una gobernanza que hoy tiene infinidad de fallas y que debería ser revisada a fondo y modificada previa y concomitantemente. Dichas modificaciones deben ser con todo detalle, ya que, como ya pasó con las unidades reguladoras a partir de los años noventa y los dos mil, no siempre se aseguraron los mejores resultados, con una independencia técnica que vele por el interés del usuario, sin inclinarse, de facto, por el interés del regulado.

Los cambios normativos deben ser bien reglamentados, pero, aun así, no garantizan un resultado. Hay que dar seguimiento a su ejecución, sino pueden terminar en un cambio con poco o ningún impacto real.

El ministro Oddone anunció cambios para mejora de la competitividad, que podría alterar “muchos intereses”, pero, al mismo tiempo, se expresó exigiéndole a todos[4]. Entendemos que, “a quien más hay que exigir” es al propio Estado y al gobierno y tomar riesgos afectando intereses reales, para que no resulte un esfuerzo vano. El desafío es grande y solo comienza con esta primera norma, que luce perfectible, por lo cual hay mucho trabajo por hacer[5].

El ministro reconoce que los recursos no son suficientes para atender los graves problemas estructurales que tiene nuestra sociedad y ha insistido en las restricciones que hay para lograr un desarrollo más equitativo y un crecimiento sostenible. Está claro que mientras se mantienen privilegios, “cotos de caza” y mercados poco transparentes, no se puede pensar en mover la aguja y modificar el costo país. Sobran ejemplos: en el ámbito de las empresas públicas, combustibles, energía, transporte, banca pública, regulación del sistema financiero y mercado de crédito, en el ámbito de la salud, etcétera.

El esfuerzo no se agota con esta ley. Es buena señal, pero no suficiente, tampoco abarca todos los aspectos que se debería incluir. No debería ser el punto de llegada, sino el punto de partida. Dicho por el ministro, estas iniciativas tenían la pretensión de afectar intereses, ya que sin afectar intereses no hay cambios, ni habrá reformas. Confiemos.

[1] El ministro Oddone advirtió reiteradamente que la economía uruguaya tiene un crecimiento insuficiente para hacer frente a las deficiencias de su matriz de protección social.
[2] En próximas columnas nos extenderemos en porque Uruguay no es una mosca blanca, ni ha tenido una performance tan destacada en la región en 60 años
[3] “La dura realidad de la economía uruguaya, el gasto que no para de crecer”, presentación del Ec. Ignacio Munyo, CERES, jun/2026
[4] Tajante con el sistema político y demandó tomar postura sobre las medidas a los que hace años demandan por medidas pro competitividad
[5] Ver referencia de Diario El Observador sobre disertación del ministro Oddone ante empresarios uruguayos en Mdeo., 14/May/26