Lo que hay que saber: gasto público y competitividad

Existen conceptos y definiciones que muchas veces no son adecuadamente empleados y confunden el análisis.Cuando se habla del “precio del dólar” la referencia es el precio de pizarra, el TC nominal, siendo lo relevante su precio relativo frente a los precios en conjunto, el poder de compra de un dólar en relación a los precios domésticos y su relación con el mismo ratio en otro país o conjunto de países debidamente ponderados por su importancia relativa en nuestro intercambio comercial de bienes y servicios. El cociente entre ambos define el tipo de cambio real (TCR). O sea, el TCR nos dice el precio relativo de 2 bienes, externos e internos, a diferencia del TC nominal que nos muestra la relación de precio de dos monedas.

Evaluar la competitividad implica conocer dónde está el TCR, ya que el TC nominal dice poco y nada. Éste puede subir, pero si los precios también lo hacen dicho aumento podría no significar nada en la relación de precios de los dos bienes.

Es cierto que saltos en el TC nominal abaratan los precios domésticos respecto a los externos, —sube el TCR—, pero ello sólo ocurre por circunstancias internas —un problema mayor— que reduzca sustancialmente la demanda de pesos, o por movimientos internacionales donde los inversores hacen el llamado “vuelo a la calidad”, aunque esa “calidad” sea bastante dudosa. Estas variaciones, en especial la que tiene origen internacional, salvo por la aplicación de malas políticas, no suelen ser duraderas.

La teoría económica enseña que bajo libertad y alta movilidad de capitales internacionales y un régimen de libre flotación cambiaria, a largo plazo el TCR no depende de la cantidad de dinero, sino, y en forma negativa, del nivel del gasto público, el gasto privado y las exportaciones “independientes” de los precios domésticos. Estas últimas, básicamente precios de metales, energía y, en ocasiones, productos agrícolas.

En determinados plazos, no necesariamente cortos, la política monetaria influye sobre el TCR vía la tasa de interés real. Mayor tasa induce la “pesificación” y menor TCR, y viceversa.

Es decir, “Caeteris Paribus”, el nivel de gasto público incide en la competitividad y cuando se habla del “TCR de equilibrio según el modelo”, si éste incorpora un mayor gasto público, su valor de equilibrio resulta en uno inferior al que se tenía antes de la expansión fiscal. Lo anterior sucede aun cuando el mayor gasto esté financiado con impuestos, pero su repercusión es peor cuando el financiamiento es mediante mayor deuda pública. Entonces cuando hoy la mayoría de los economistas recomiendan la reducción del gasto público para al menos reducir el desequilibrio fiscal, implícitamente están bregando por un TCR más alto, es decir por una mayor competitividad.

La condición, “todo el resto sin cambios”, implica asumir un “estado de las regulaciones y estructuras de mercado” como dados. Ahora bien, los aspectos micro tienen importancia, en especial respecto a los costos domésticos y la tasa de crecimiento potencial de la economía. Mercados competitivos y no sobre regulados reducen los costos e impulsan el crecimiento vía mejoras en la productividad, básicamente por la reasignación de recursos hacia actividades de mayor eficiencia relativa. Si esto sucede, y es también en lo que muchos economistas insisten, dado un nivel de gasto público, esa economía “soporta” un menor TCR que lo que su historia sugeriría.

Dado lo anterior, el timming, en especial en la aplicación de una política monetaria para bajar la inflación, es crucial. Lo razonable es primero hacer reformas micro que permitan que la economía soporte la caída del TCR que usualmente se da al aplicar la tasa de interés o el control del TC como instrumento. Claro está que no es preciso hacer “todas las reformas” pero sí comenzar, darles un tiempo y luego seguir el camino ya en conjunto con el programa desinflacionario.

Entonces, atacar las regulaciones y fomentar la competencia de los mercados es central. En Uruguay solemos hablar de duplicaciones de papeles y trámites en exceso lo cual es cierto, pero si ampliamos la lente, tenemos el monopolio en los combustibles y la regulación de toda la cadena de distribución, las limitaciones a la competencia en telecomunicaciones y energía, y las impuestas por los Ministerios de Ganadería, Salud, Industria, Transporte y Ambiente, así como en el LATU y el BCU entre otros. Desde el MEF, el Ministro ha anunciado una ley que ataque estos temas. Desde luego que no podemos esperar una norma abarcativa de todos los temas, pero su anuncio, “varios se sentirán afectados”, hace pensar al menos en sectores importantes y un “sacudón al árbol”. Es el tipo de medidas imprescindibles.

Las regulaciones y el gasto público son altos en Uruguay desde hace mucho tiempo, pero en los últimos 20 años han sufrido una “inflación” que requiere corrección.

Las regulaciones cuando se toman individualmente parecen poca cosa, pero todas juntas, las “pocas cosas” y sus efectos colaterales son algo grande. Todo hace pensar que la Administración va por el camino correcto.

Referente al gasto público, es necesaria una reducción de 3 a 4 puntos del PIB[1]. Para ello se puede sostener el gasto en términos reales y dejar que el producto crezca y reduzca sólo el ratio. Esto no sencillo y requiere disciplina de largo plazo por dos razones: i) la tasa de crecimiento del PIB no es lo suficientemente robusta y, ii) alrededor del 30% del gasto crece razonablemente al mismo ritmo que el PIB (pasividades). Entonces los esfuerzos deberían concentrarse en la racionalización de los procesos, la revisión de las personas públicas de derecho privado y las SA y fideicomisos, la plantilla de personal, así como en transferir inversiones al sector privado cubriendo únicamente donde sea necesario, no en todos los casos, el riesgo de demanda.

[1] El gasto del sector público en su conjunto y no sólo el del presupuesto nacional.