Las reformas que siguen sin venir

1/1

JORGE CAUMONT

Hasta los primeros meses de 1973, las importaciones de mercaderías estaban prohibidas en nuestro país. Solo se podía importar lo que no se producía y previo paso por una comisión que determinaba si eran o no necesarias para el abastecimiento de materia prima industrial. No se podían comprar en el exterior bienes de consumo, salvo algunas excepciones por no disponerse de ellos en nuestro país. Tras la liberación del comercio importador, de todos modos, existían barreras arancelarias que alcanzaban hasta el 2.000%. En 1978, se comenzó con una política de desgravación arancelaria previa unificación de muchos tributos que recaían sobre las compras externas. Y la desgravación siguió progresivamente hasta que, desde la segunda mitad de los noventa, se llegó al tratamiento arancelario actual, con gravámenes en general del orden del 20% y con desgravación arancelaria para la casi totalidad de los productos que se adquieran en los países del Mercosur, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Asunción de 1991.

La modificación de la política comercial externa uruguaya se llevó adelante pese a la oposición de grupos políticos de todos los colores, de muchos industriales que con la competencia veían declinar la protección a sus producciones, de numerosos trabajadores trabajando para las mismas industrias y hasta, también, de muchos sectores de la población. Casi cuarenta años después, la política comercial que se inaugurara entonces ha probado ser beneficiosa para el país y, en consecuencia, para los consumidores en general. Es cierto que han desaparecido algunas industrias cuyo motivo de existencia era la protección industrial, pero también es cierto que han aparecido otras que hoy han aumentado la participación relativa del sector manufacturero en la producción total de bienes y servicios. Y con el comercio externo relativamente más libre, tanto porque desaparecieron prohibiciones como porque disminuyeron notablemente los gravámenes sobre las importaciones, han crecido el comercio interno, el agro y los servicios en general. La evaluación de lo ocurrido, a distancia de la oposición cerrada de los núcleos señalados, no puede ser menos que favorable a lo que se decidiera, a lo que transcurriera. Es inimaginable para las generaciones más jóvenes, pensar en un país sin los electrodomésticos que hoy se pueden comprar, sin los productos electrónicos que actualmente son comunes, sin los automóviles y motos que antes solo se adquirían por cifras astronómicas y de pocas marcas armadas por industrias ineficientes de la región y sin la variedad de bienes de consumo en general de la que hoy se dispone.

POCO AVANCE. A pesar que muchas veces mayorías e incluso minorías corporativas con poder de convicción sobre la masa de la población, sea por conveniencia o por ignorancia, se oponen a los avances en materia de liberalización de mercados, hay cambios que deben llevarse adelante aunque sean solo quijotadas de otras minorías, para que se progrese sostenidamente. Pero ello no ocurre. Se sigue confiando más en los controles estatales y en otras distorsiones al funcionamiento de los mercados que en la libertad de entrada en los negocios. Si se toma como ejemplo lo que ha ocurrido con la política comercial externa, una política de largo plazo, de asignación de recursos y de inversiones, no hay justificación para que no se permita competencia en sectores reservados para empresas del Estado, empresas públicas. No existe fundamento alguno, salvo la protección de algunas minorías, para que no se termine con monopolios estatales y se levanten las barreras al ingreso de empresas que produzcan iguales o similares bienes o servicios.

En sectores en los que se ha permitido ese ingreso como es el caso de los seguros, el de los servicios portuarios, el de la distribución de algunos insumos básicos que se reservaban a una empresa privada o estatal y en otros por el estilo, la evaluación también marca resultados muy favorables para consumidores, trabajadores, empresarios y en general para todo aquel que, de alguna otra forma, se vincule a esos servicios. No hay razones para que siga habiendo oposición a la liberalización al ingreso en otros mercados, cuando aún con serias restricciones igualmente vemos sus ventajas para la población con la apertura, por ejemplo, de la enseñanza terciaria.

La tardanza en proceder a esas organizaciones de mercado es un castigo a la gente que, por variadas razones, pero en especial porque no conoce las bondades de la competencia, es penalizada con los costos de la ineficiencia que acarrea la indolencia de los actores protegidos. Es increíble el poco avance que ha habido en la corriente liberalizadora y de apertura de mercados y sectores a la competencia.

DÓNDE EMPEZAR. Hoy, no debe haber nadie que crea realmente que las empresas públicas son de los uruguayos. Tan solo los beneficiarios de esa propiedad estatal, léase grupos pequeños en relación con la población en su conjunto, pueden defender que se mantenga el statu quo. Su capacidad para agruparse y asociarse corporativamente, no tiene el costo de transacciones que tiene una asociación similar de los perjudicados. Y los agentes de los perjudicados, los políticos, no tienen la fuerza para llevar adelante una tarea que traería beneficios a mediano plazo. Recogerían los costos de llevarla adelante, al menos el griterío de los hoy beneficiados y no los aplausos de los muchos que lo serían en el futuro. Actualmente hay ejemplos claros dentro y fuera del país para destacar los perjuicios de la ineficiencia estatal, tanto a nivel de empresas públicas como del gobierno central, pero también la lentitud para proceder si es que en algún momento algo se va a hacer.

En Uruguay hay monopolios públicos y monopolios y oligopolios privados. Los privados se pueden notar en la dispersión de sus precios, lo que hace muy depredador al productor de los beneficios del consumidor. Es necesario que se actúe en los dos frentes con una política que debe desarrollarse ya no desde el Ministerio de Economía, encargado de la política macroeconómica o de corto plazo, sino de la oficina que por definición es la que debe planificar el futuro institucional y de organización económica de nuestra nación.

Entre otras, pero pocas, la política forestal, la reforma previsional y las aperturas en mercados que se mencionaran, hoy pueden ser evaluadas favorablemente no ya por grupos minoritarios que ideológica o interesadamente puedan oponerse, sino por la mayoría de la población que se ha beneficiado. Es esa mayoría la que debiera reclamar los cambios estructurales en los mercados, algo que les aumentaría el bienestar. Aunque lo reconozcan, el costo de asociarse para lograrlo es muy alto por lo que quienes les representan en los fueros correspondientes deberían tomar su lugar. Aunque les cueste políticamente. Después de todo con costos explícitos e implícitos de los contribuyentes, de los consumidores y de la gente en general, su retribución ya la han tenido.