Las obligaciones financieras en el contexto externo actual impiden el crecimiento

Nuestro país es una economía pequeña y abierta al resto del mundo. En consecuencia, recibe la influencia de lo que ocurre tanto en la región como lo que sucede con variables económicas fuera de ella, las del resto del mundo. Los ejemplos son abundantes. No se puede dejar de recordar lo que ocurrió con la relación de precios de nuestro país con los que tuviera —mucho más bajos— Argentina durante varios años durante la administración política anterior a la actual. Tampoco se puede dejar de reconocer la influencia de variables internacionales, como la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyos movimientos nos afectan de inmediato desde el punto de vista financiero y cambiario. También observamos frecuentemente las repercusiones que tiene sobre el funcionamiento de nuestra economía la variación de los precios internacionales de las materias primas o, como asimismo ocurre habitualmente y hoy, con el petróleo y los commodities, como la carne o la soja.

Si bien es lógico que en una economía abierta se presenten —para bien o para mal— esas influencias sobre el comportamiento de la producción local de bienes y de servicios (PIB) y de la actividad económica en su conjunto, también son de importancia los efectos que producen las políticas macroeconómicas —la fiscal, la monetaria y la cambiaria—, para atenuar las influencias depresivas, inflacionarias y nocivas para el comercio de bienes y de servicios o para la propia balanza de pagos.

Las estimaciones anuales sobre el crecimiento de la economía uruguaya durante la actual administración de gobierno asociadas a la ley de presupuesto aprobada el 9 de diciembre de 2025, señalaban que para todo el año, a tan solo tres semanas de cerrado ese año, el PIB crecería 2,6%. Se ha conocido días pasados, que el PIB tuvo una expansión de 1,8%, sensiblemente menor a la prevista y que, en el trimestre final del año fue solo 0,12% mayor que en el mismo trimestre de 2024. Ante el resultado señalado siguieron estimaciones para el crecimiento del PIB de este año tanto, a nivel oficial como de analistas, bastante por debajo de la estimada inicialmente para el año en curso de la actual administración.

Como es de suponer, la disminución del crecimiento a lo que se suman los efectos más recientes —de marzo y abril que continúan en mayo— de las disputas en Medio Oriente, en general más depresivos de la actividad económica y en consecuencia de la recaudación fiscal, se reflejarán —como lo vienen haciendo las relaciones comerciales con Argentina y Brasil—, en la recaudación impositiva. El reflejo señalado es, probablemente, sensiblemente mayor a los ajustes tributarios —política fiscal contractiva— que ha hecho la conducción económica y cuya recaudación marginal es, por el momento, de estimar.

El escenario fiscal apunta a más gasto público por la aprobación del presupuesto en diciembre —política fiscal supuestamente expansiva de la actividad—, a pesar del reconocimiento oficial que algunos gastos deberán ser pospuestos no obstante la firme oposición que se ha trasmitido en la reciente “celebración” del 1º de Mayo.

También apunta, a pesar de nuevos impuestos en aplicación, a una menor recaudación fiscal por el enlentecimiento y probable estancamiento —sin descartar un tránsito recesivo—, de la economía que por su estado actual la política monetaria no podría contribuir para su mejor desempeño. Se presenta un escenario que será muy difícil de eludir y que necesitará un financiamiento que en los cuatro trimestres desde el actual tienen exigencias financieras sumamente importantes. Tal vez las más exigentes de las últimas dos décadas y media.

En el lapso mencionado, abril 2026–Marzo 2027, el sector público no monetario enfrenta vencimientos de deuda e intereses por 6.300 millones de dólares, a lo que se suma un probable déficit primario este año, de 1.300 millones de dólares, lo que implica necesidades financieras por un monto de 7.600 millones de dólares, aproximadamente 8,7% del PIB. Imposible emplear a la política fiscal para estimular de inmediato al crecimiento del PIB, ya que implicaría bajar el gasto público y reducir la presión impositiva, algo que agravaría la situación fiscal.

Además de lo comentado para el sector público no monetario, se deben agregar las necesidades financieras del Banco Central para cumplir con su misión de, en un sistema de tipo de cambio variable, atender desequilibrios o de precios o de empleo. Su objetivo principal, que ha sido reducir la inflación, ha llevado el stock de letras de regulación monetaria —pasivo en pesos en el que incurre para absorber liquidez del mercado—, a un monto que, en dólares —incluyendo el pago anual de los intereses que corresponden y cuya tasa de interés se ubica en 6% tras su progresiva reducción desde el 12% en 2022—, es del orden de 10.543 millones de dólares. Se trata de un pasivo que se renueva enteramente a lo largo de un año debido a que las emisiones de esa deuda se realizan a distintos plazos siendo, el mayor de un año. Emplear una política monetaria expansiva como ocurriría en un escenario de menor endeudamiento, es difícil que asegure un crecimiento a mayor tasa.

En definitiva, las necesidades financieras del Gobierno Central-BPS más las del Banco Central en el período abril 2026-marzo 2027 son por un monto de aproximadamente 18.143 millones de dólares, 19.5% de la producción interna de bienes y de servicios (PIB). Es difícil que con un endeudamiento tan alto se pueda usar a las políticas fiscal y monetaria en el sentido que requeriría un escenario económico relativamente más normal.