El año no termina bien. Al estancamiento del empleo, que no creció en los primeros diez meses del año —lo mismo que se observa con la producción del núcleo industrial (en ambos casos considerando cifras comparables, sin estacionalidad)—, se sumó más recientemente la caída interanual de las exportaciones, desde septiembre. El dato del PIB del tercer trimestre, con una leve caída, resultó coherente con esos indicadores de avance.

El gobierno destacará los resultados medidos a partir de promedios anuales en estas variables cuyo desempeño ha empeorado, y es legítimo que lo haga; es un gobierno, es política, pero cabe esperar que no se lo crean. Los datos propios de 2022, sin arrastres estadísticos, terminan siendo malos.

No se puede desvincular lo anterior del extraordinario atraso cambiario autoinfligido por la política económica, con una caída de casi 20% en el tipo de cambio real con fuera de la región, a lo largo del año que termina.

Pero sólo estamos viendo la sinopsis de la película que se verá en el año próximo, con impacto en el sector real de la economía y la confirmación de una fuerte desaceleración del crecimiento económico que se dio una vez finalizado el rebote post pandemia.

Al shock negativo proveniente del exterior (mundo y vecinos) no hemos respondido como se debe y, entonces, el enfriamiento económico será mayor al “importado” y no se corregirán los precios relativos, por lo que permaneceremos caros en términos de dólares. Esto, por un lado, permitirá comprar más televisores, celulares y autos y también viajar más, pero, por otro lado, será cada vez más caro agregar valor (producir) en Uruguay, relativamente a sus competidores dentro y fuera de fronteras.

Y, como hemos visto en columnas anteriores, con más objetivos que instrumentos, el gobierno deberá decidir si priorizará el salario o el empleo (máxime si se crecerá poco) y cuánto más insistirá con el intento fallido y costoso de bajar la inflación, que ya ha resignado parcialmente. En este contexto complicado, destaca el sector fiscal, con excelentes resultados.

Reformas. Salgamos de la coyuntura y revisemos el panorama en materia de reformas, muchas de ellas pendientes desde hace añares. Se destaca la concreción de la referida a la institucionalidad fiscal, cuya regla es la cara más visible, pero no la única. Esta reforma no es ajena al satisfactorio desempeño fiscal observado hasta el presente.

Con relación a la reforma del Estado, la ONSC planteó cambios en el régimen vigente para el servicio civil, cuyo tratamiento parlamentario ha sido postergado dos veces por el Poder Ejecutivo. Ha habido ajustes concretos y focalizados, como en el caso de la regulación de las compras estatales. No hay en agenda una reforma del sector público en su conjunto, que pueda dar lugar a su redimensión con carácter estructural.

En materia laboral, además de prohibir por ley las ocupaciones de los lugares de trabajo, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca atender la mayoría de las recomendaciones efectuadas por la OIT, a partir de quejas efectuadas por cámaras empresariales. Pero no se han planteado cambios que den lugar a una flexibilización de las condiciones laborales ni a una descentralización de las negociaciones colectivas.

No ha habido cambios en cuanto al gobierno corporativo de las empresas estatales y en el caso más visible, que es el mercado de los combustibles, las reformas marchan con lentitud. Lo más relevante desde el punto de vista conceptual es el propósito de privar a Ancap de su rol tradicional de ser juez y parte en ese mercado, mediante el fortalecimiento de su unidad reguladora (la URSEA). Lo más visible ha sido la determinación, mensualmente, de los precios de paridad de importación (PPI) que son tomados como referencia por el Ejecutivo al fijar los precios de los combustibles. Persisten numerosos subsidios que no son propios de la gestión de la empresa, sino de políticas de gobierno y que por lo tanto deberían ser explicitados y pagados por el Poder Ejecutivo, con respaldo legal. Algunos se han incorporado a los precios de los combustibles y otros no y siguen impactando en el balance de la empresa.

En materia de educación, está en proceso la “Transformación Educativa” impulsada por la ANEP con cambios curriculares y en la evaluación, con mejoras en la carrera docente y dotando de mayor autonomía a los centros educativos. Quienes ven con ojos críticos este proceso, consideran que no se trata de cambios estructurales sino de ajustes de diseño y que, además, están siendo realizados sin una base amplia de consenso, lo que pondría en riesgo su continuidad con un cambio de gobierno. Queda lejos de lo que en su momento planteó Eduy21.

El de la seguridad social podría ser otro caso “de éxito” del gobierno en materia de reformas estructurales. Que una reforma es necesaria es evidente y que debe generar ahorros también. Si finalmente resultara aprobada podría quedar la duda acerca de cuánto de las pautas originales habrá quedado por el camino en la búsqueda de los necesarios consensos para su aprobación. En este caso, quienes critican a la reforma lo hacen reclamando menos cambios (y ahorros) que los que se han planteado.

Finalmente, la inserción internacional. El Poder Ejecutivo planteó dos iniciativas que hicieron ruido: la búsqueda de un TLC con China y la presentación de la solicitud de ingreso al acuerdo transpacífico (CPTPP). En ambos casos, los restantes miembros del Mercosur mostraron tan rápida como previsiblemente su oposición a que uno de sus socios pretendiera recorrer un camino individual. Sesgados y cerrados, tampoco parecen en sintonía con sumarse a ese propósito. Mucho ruido, ¿y pocas nueces?