FRANCISCO ROSENDE | DESDE SANTIAGO DE CHILE
Tras retornar de Montevideo, luego de participar en un seminario organizado por El País, llegué a Santiago a preguntar qué sector había ganado la elección municipal disputada el pasado 26 de octubre. El tema no era trivial, puesto que en la noche de dicho día pude ver por televisión a los líderes de la coalición de gobierno festejando los resultados. Sin embargo, al día siguiente los principales diarios chilenos daban cuenta de un triunfo de la Alianza (coalición opositora de centroderecha).
Aunque parezca absurdo, no es sencillo establecer qué grupo puede -legítimamente- considerarse ganador de la mencionada elección. Por un lado, es claro que la Alianza obtuvo un mayor número de votos en la elección de alcaldes, al tiempo que conquistó la alcaldía en las comunas más populosas e importantes del país. Por otro lado, la Concertación -coalición de gobierno- obtuvo mejores resultados en la elección de concejales.
En la práctica sin embargo, la reacción de los líderes políticos sugiere un mayor sentimiento de fracaso en los partidos de gobierno. De hecho, renunció a la presidencia del partido Demócrata Cristiano, la senadora Soledad Alvear, quien hasta entonces se perfilaba como precandidata presidencial por dicha colectividad. Por otro lado, se ha intensificado la contienda para establecer quién será el candidato presidencial de este sector en la elección del próximo año, destacando los nombres de los ex presidentes Frei y Lagos, además del actual Secretario General de la OEA, José Miguel Inzulza.
EL "MODELO": OTRA VEZ. Desde el punto de vista económico, lo complejo del cuadro político gruesamente descrito, es que ha acentuado la aparición de planteamientos más radicales en un sector que -en general- ha demostrado un grado importante de respeto, aunque no de aceptación, por un modelo económico sustentado en la empresa privada y el uso del mercado como mecanismo de asignación de recursos. Así, provocó algún grado de extrañeza la posición planteada en la prensa por Carlos Ominami, un influyente senador socialista y que fue Ministro de Economía del gobierno de Patricio Aylwin, señalando que "la Concertación está en crisis y no da para más".
A su juicio este grupo debe ampliarse a la izquierda y unirse en torno a "las grandes batallas del Siglo XXI". En la esencia, para Ominami esta batalla es la formulación de "una nueva Constitución, porque la actual está estructurada en torno a la defensa del derecho a la propiedad".
Otro senador de la Concertación ha reclamado la aplicación de "una agenda económica más progresista", la que a su juicio debería incluir el término de las AFP y la nacionalización de los derechos de agua.
Afortunadamente esta postura no ha sido compartida por muchos dirigentes de la coalición de gobierno.
Considerando que queda un año para la elección presidencial, la que de acuerdo con las encuestas disponibles encabeza el candidato de oposición Sebastián Piñera, no parece aventurado suponer que en este período se intensificará la aparición de iniciativas económicas con un tinte populista, las que usualmente conllevan un costo no menor sobre las perspectivas de crecimiento de mediano plazo. Desde luego, ningún sector político tiene el monopolio en la producción de ideas económicas "creativas", sin embargo, este tipo de planteamientos se ha visto más en sectores con mayor capacidad de presión para acceder a los beneficios del aparato estatal, junto con grupos -con un tinte más ideológico- que no han logrado convencerse de los méritos del modelo de economía de mercado, a pesar de sus contundentes resultados.
TURBULENCIAS EXTERNAS. Durante el mes de octubre el precio internacional del cobre -principal producto de exportación de la economía chilena- cayó en picada, cerrando en US$ 1,8 la libra, tras comenzar el mismo mes en un precio cercano a US$ 3 la libra.
El mismo cuadro de turbulencia en la economía internacional elevó violentamente el tipo de cambio, desde $ 530 por dólar en septiembre a $ 670 a mediados de mes, para situarse en los últimos días en torno a $ 630.
La disciplina con la que se ha manejado la política fiscal chilena permitió una importante acumulación de recursos, las que ahora servirán para atenuar los efectos de la crisis. De hecho, tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda debieron intervenir en los días de mayor turbulencia financiera que se vivieron en el mes de octubre pasado, para suministrar liquidez a los bancos -tanto en pesos como en dólares- logrando calmar a un nervioso mercado doméstico.
En los últimos días, la autoridad fiscal anunció un paquete de estímulos a la demanda agregada, los que apuntan esencialmente al fortalecimiento del sector de la construcción, que comenzaba a mostrar una importante acumulación de inventarios.
Para el Banco Central el escenario se ha hecho más complejo, considerando que la inflación se mantiene sustancialmente fuera de su rango-meta de 2 a 4%, ubicándose en torno a 9% en doce meses. En el mes de octubre se resolvió no alterar la tasa de política monetaria (TPM) en consideración al turbulento cuadro internacional. No es descartable que dicha actitud se repita en noviembre, sin embargo, a no mediar una fuerte "ayuda" del mismo cuadro externo a la reducción de la inflación -por ejemplo, a través de una importante caída en el precio interno de los combustibles- la política monetaria deberá perseverar en esta tarea. Esto significa que los espacios para reducir la TPM serán muy estrechos.
TIEMPOS DE PRUEBA. Desde fines de la década pasada el tema más recurrente en el debate económico chileno se refiere al establecimiento de una agenda pro-crecimiento. El actual cuadro internacional ha cambiado el eje de la discusión, en tanto ha levantado numerosas voces a favor de una política fiscal más expansiva para enfrentar esta coyuntura, quedando de lado el problema del crecimiento de mediano plazo.
Parece oportuno recordar que la economía chilena se encuentra en una posición de cierta fortaleza -especialmente en el sector financiero- para enfrentar un complejo cuadro externo. Ello gracias a la ortodoxia de su manejo económico, el que hoy cuestionan algunos sectores políticos.
El principal problema de esta economía sigue siendo un crecimiento potencial relativamente bajo -en torno a 4%- junto con un desempleo que se ha mantenido persistentemente elevado. En ambos resultados ha influido una agenda laboral poco amistosa con el empleo. Por otro lado, no se debe soslayar el hecho que en un contexto de deterioro de los términos de intercambio el principal riesgo para la economía chilena proviene de la verificación de un exceso de gasto interno.
La inminencia de un reñido proceso electoral, el que no sólo encuentra a la economía chilena en medio de una severa crisis internacional, sino que además plantea una alta probabilidad de cambio en la coalición gobernante tras veinte años será un severo desafío para sus fundamentos. La forma en que se enfrente esta coyuntura será un determinante fundamental de las perspectivas de mediano plazo.