La baja inversión y las consecuencias de la desinversión

Muchos economistas y analistas, y también los miembros de la conducción económica de nuestro país, encuentran que una inversión bruta fija del orden del 15,7-16% de la producción de bienes y de servicios como porcentaje del producto bruto interno (PIB), como la que viene ocurriendo en Uruguay, no es suficiente para crecer económicamente a un ritmo mayor al 1%. Solo si ocurren factores exógenos favorables —como mejores precios internacionales de los exportables—, independientes de la combinación de políticas macroeconómicas como la que se lleva adelante desde inicios de 2025, podrían ayudar a una expansión mayor de la producción del país.

La inversión bruta fija, como se sabe y se reconoce, es la que permite junto con el empleo de trabajadores de distinta calificación, que se produzcan bienes y servicios que se vuelcan luego al mercado, local o internacional. Es el ingreso que esas ventas generan el que permite que se pueda pagar por los insumos empleados para lograrlas y, además y muy importante, es con el que se puedan pagar las contribuciones al valor agregado de esos dos factores de producción.

En un caso bajo la forma de salarios y en otro por las ganancias de la inversión.

Es obvio y bien conocido que la inversión ocurre cuando se estima que la ganancia que por ella se puede obtener por quien la realiza, es una buena alternativa a la de otras actividades de similares características de riesgo, tanto en el propio sector productivo como en el financiero. Y la ganancia depende no solo del costo de los insumos de todo tipo que se deban emplear para desarrollar la actividad productiva y de los impuestos que se deban pagar, sino también de la retribución a las distintas formas de trabajo que se contraten para la producción.

Es obvio también, que si los ingresos por las ventas que se realizan no alcanzan para cubrir la suma de los diversos costos señalados y retribuir a la tasa de ganancia esperada para la inversión durante un lapso relativamente extenso, habrá un desestímulo para mantener la actividad. Dicho más directamente: si no se gana lo que se pensaba y se puede sí ganarlo en otra actividad o en una menor a la corriente, se discontinuará o disminuirá la producción y con ella el empleo total o parcial de trabajadores. Reitero que lo hasta aquí señalado no es algo que no se sepa. Pero tal vez puede ser algo que algunos no desean saber.

En los últimos semestres hemos asistido a la desinversión de varias empresas importantes en nuestro país, con la discontinuidad o reducción de su actividad productiva. Algunas exportadoras y otras sustitutivas de importaciones. Las razones que han tenido y tienen algunas de esas empresas extranjeras y locales, han sido varias pero la más importante conocida de acuerdo con sus justificaciones, ha sido la referida al alto costo de producción. En particular la referencia ha sido, concretamente, al alto costo de la producción en relación con otras localizaciones internacionales. Es decir, que se alude como justificación para la detención o reducción de la actividad productiva local, a una diferencia importante entre el alto costo de la mano de obra en relación con el menor que tiene el valor de la productividad del trabajo. Situación que se agrava debido al atraso que hay, desde hace ya tiempo, entre la menor evolución al alza del tipo de cambio respecto al aumento, sensiblemente mayor, del costo local en pesos de la mano de obra. Dicho de modo: menor productividad del trabajo y mayor costo salarial en dólares. Aunque también se menciona como impulsor del alto costo a la presión tributaria y el alto costo de servicios básicos de origen estatal.

Las razones que se mencionan y que impulsan a un menor empleo de trabajadores por la discontinuidad o reducción de la actividad o la sustitución por factores de producción alternativos son, entonces, las que explican el bajo nivel de la inversión respecto al PIB que, incluso en gran medida, ese bajo nivel comprende a la inversión de reposición por depreciación anual del stock de bienes de capital.

Cuando una empresa comunica su decisión sobre la no continuidad de su actividad productiva no busca afectar sin causa a sus trabajadores como se ha supuesto en varios cierres, como se está suponiendo hoy con algunos casos recientes y como se declara airada y frecuentemente por miembros de los sindicatos involucrados. Los cierres totales o parciales de empresas implican la pérdida de trabajo de personas como también significa la pérdida de lo invertido por los propietarios de esas empresas. Estos son también afectados por el cierre. Si la reducción de actividad y la disminución de puestos de trabajo es parcial se trata de un intento de sobrevivencia de propietarios que alcanza también a trabajadores, no un intento de encubrir otros propósitos.          

Existen excepciones a lo anteriormente comentado pues hay casos en los que quienes soportan la pérdidas de una empresa no son sus accionistas. Es el caso, por ejemplo, de empresas cuya propiedad no es de particulares sino estatales que, teniendo significativas pérdidas, son sostenidas en actividad por el esfuerzo de los contribuyentes de impuestos o con precios de sus bienes o servicios significativamente más altos que los que rigen en otras naciones. Esta variante de sostenimiento de una actividad con resultados económicos negativos es la más disruptiva de la actividad productiva privada y la que más afecta a los trabajadores en general como tales y como contribuyentes de impuestos para el financiamiento de la ineficiencia económica.