El país no puede darse el lujo de seguir financiando pérdidas del Estado

Si bien el balance del BSE de 2002 muestra una ganancia de aproximadamente U$S 3 millones, me cuesta entender ese resultado cuando figura una desafectación de reservas de U$S 34 millones en el mismo ejercicio, sostuvo el economista Andrés Elola, vicepresidente de Audea (Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras) y gerente general de Surco Seguros.

Al ser consultada respecto a la interpretación de los resultados del BSE correspondientes al año 2002, la superintendente de Seguros y Reaseguros, Cra. Ana María Acosta y Lara, respondió por escrito que la empresa estatal de seguros ha remitido información parcial estimada. Por lo tanto, la Superintendencia sólo podrá emitir opinión cuando reciba el balance auditado.

—¿Qué efectos tuvo la crisis del año pasado en el mercado asegurador?

—En 2002 las primas emitidas por las quince empresas de seguros que operan en Uruguay totalizaron unos U$S 210 millones contabilizando el seguro de accidentes de trabajo, que es monopolio del Banco de Seguros del Estado (BSE), lo que significó una contracción de 34% medida en dólares corrientes en comparación con los U$S 318 millones registrados el año previo. Sin embargo, la caída medida en dólares no fue de la magnitud de la devaluación de la moneda uruguaya pese a que mayoritariamente el ingreso de las familias es en pesos uruguayos. Por otra parte, la facturación a precios constantes cayó solamente 4% con respecto al año 2001.

—¿Fue uniforme la caída en todos los ramos del negocio de los seguros en 2002?

—En valores constantes, las primas emitidas asociadas a los seguros de automotores cayeron 12% y las de accidentes de trabajo monopolizados por el BSE descendieron 31% debido al alza del desempleo. En cambio, las pólizas de seguros de vida se incrementaron un 13% en términos constantes y las de incendio un 18%, pero la incidencia de estas últimas es menor —7%— en la facturación total del sector. El grueso del mercado de seguros corresponde a las pólizas de automóviles (33%), vida (22%) y accidentes de trabajo (14%).

—¿Cómo ha evolucionado la participación de las aseguradoras privadas en los ramos que compiten con el BSE?

—En Uruguay nunca existió un monopolio absoluto de los seguros. Las empresas aseguradoras que funcionaban antes de la ley de creación del BSE en 1911 —que, en realidad, eran agencias de compañías extranjeras— fueron autorizadas a seguir trabajando en los ramos en que habían operado hasta entonces, básicamente seguros de transporte de mercaderías e incendio. Naturalmente, no pudieron trabajar con seguros de automotores, que fue el ramo que más se desarrolló en el siglo XX. Al abrirse el negocio de los seguros en 1995, la oferta privada representaba menos del 10% del mercado. A fines de 2002, las aseguradoras privadas habían captado una cuota equivalente a casi el 45% del mercado sujeto a competencia. Entre las razones de ese avance, están los esfuerzos de las empresas privadas por ofrecer un producto diferenciado en calidad y competitivo en precio con el de la empresa estatal.

Por otra parte, la facturación de los seguros de accidente que son monopolio del BSE se ha visto seriamente afectada por el fuerte aumento del desempleo y, por tanto, la participación de este ramo en el mercado de seguros bajó del 22% en 1995 a 14% el año pasado. Luego de la apertura del sector, sin duda, el ramo que ha experimentado un mayor cambio ha sido el de seguros de automotores en donde el BSE, que tenía el monopolio, conservaba el 60% del mercado al cierre de 2002.

—¿Cómo fueron los resultados técnicos y financieros de las compañías aseguradoras el año pasado?

—Además de haber sido el año de la crisis, se debe tener en cuenta que en 2002 cambió la forma de "ver las estadísticas" en los balances. Téngase en cuenta que en dicho ejercicio los índices principales a que se asocia la actividad tuvieron modificaciones enormes y distintas entre sí. El IPC (Indice de Precios al Consumo) varió un 26%, el IPMN (Indice de Precios Mayoristas Nacionales) un 65%, la devaluación fue del 84% y el índice de riesgo país, que al cierre del 2001 estaba en 228 puntos básicos cerró en 1.700 puntos básicos, habiendo tenido un pico superior a los 3.000.

De hecho, se registraron resultados técnicos mucho mejores a los que se habían visto en 2001. Mientras que en 2001 el resultado técnico del sector seguros fue de -12.6% sobre la prima retenida neta devengada (*), hubo una ganancia del 11% en 2002. En el subsector de las empresas privadas, aunque siguieron siendo negativos debido a que el mercado de seguros privado, que es muy joven, está todavía en un proceso de consolidación, los resultados pasaron de -12.8% a -5.2%.

En años anteriores, los resultados técnicos negativos se compensaban por resultados financieros positivos, pero en 2002 esa situación también cambió debido a la situación crítica que vivió la economía de Uruguay que afectó a los títulos de reserva que tenían las aseguradoras.

Por último, quisiera señalar que lo anterior está en línea con lo ocurrido en el sector en la mayor parte del mundo. La caída en los precios de las acciones y de otros instrumentos financieros luego de los eventos ocurridos en Estados Unidos el 11/9/2001 harán que las aseguradoras y reaseguradoras deban poner aún más esfuerzo en equilibrar sus resultados técnicos.

—¿Cuánto se han descapitalizado las empresas de seguros luego de la devaluación del peso uruguayo el año pasado?

—En 2002 Uruguay vivió un proceso muy agitado. Al principio prevaleció el concepto de que se trataba de un problema de liquidez, hasta que la suba vertiginosa del índice del riesgo país demostró que había una gran incertidumbre de los inversores nacionales y extranjeros respecto a la solvencia del propio Estado. Las aseguradoras, que tienen aproximadamente un 55% de sus inversiones colocadas en bonos del Estado uruguayo, sufrieron pérdidas importantes debido a que los títulos de deuda se desvalorizaron significativamente.

También, en la medida que la cobranza de los créditos que otorgan las aseguradoras a sus clientes se vea dificultada, su calidad como activo de respaldo se ve afectada. Todo esto genera presión sobre los estados contables de las empresas ya que muestran un mayor deterioro de sus activos luego de un período de más de cuatro años de recesión.

—¿Le cierran las cuentas a las empresas privadas? ¿No hay riesgo de insolvencia en alguna empresa del sector?

—Hay un organismo de control, que es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR), que está encargada de fiscalizar que las empresas aseguradoras se mantengan solventes y que sus ratios técnicos estén dentro de lo que la prudencia indica. Desde ese punto de vista, no conozco que se haya suspendido la actividad de ninguna empresa aseguradora por problemas de solvencia como sucedió a nivel bancario, en donde el BCU tuvo que actuar. Es una realidad que los activos de las empresas aseguradoras, tanto sean créditos por cobrar como activos financieros o inversiones inmobiliarias, se han visto deteriorados en sus valores de mercado. También es cierto que las casas matrices han venido capitalizando a las filiales locales y el Estado uruguayo a través de la SSR ha estado atento y no ha detectado situaciones irregulares en las empresas de seguros privadas. No puedo decir lo mismo del sector público.

Pautas de consumo

—¿Cuáles han sido los cambios más relevantes del mercado asegurador uruguayo en los últimos años?

—Una vez que finalice la recesión se va a advertir que la pauta de consumo de los uruguayos ha experimentado un cambio permanente. Mi visión es que la demanda de seguros se ha fortalecido. De hecho, las estadísticas del desempeño del sector asegurador durante el año pasado indican que el mercado a precios constantes no cayó en la misma proporción en que se contrajo el PIB del país. Más aún, si observamos todo el período post-desmonopolización, vemos que en conjunto el consumo de los ramos de seguros sujetos a competencia siempre se comportó mejor que el producto, aumentando en consecuencia su nivel de penetración en la economía. Esto me lleva a pensar que en Uruguay los seguros se han convertido en un servicio importante para los consumidores como ya sucede en otros países.

—¿A qué obedecen esas nuevas pautas de consumo en materia de seguros?

—En momentos de incertidumbre la gente tiende a valorar más aún la necesidad de contar con algún tipo de seguridad. Una prueba de ello es que en el ramo de seguros de vida el público se ha volcado a seguros estrictamente de protección, es decir seguros de vida que cubren el riesgo de fallecimiento, dejando relegada la opción de constituir cuentas individuales de ahorro. Este cambio también se observa en los seguros de automóviles, ya que se han limitado las coberturas de daño propio, pero se mantienen aquellas por daño contra terceros. Además, las empresas aseguradoras se han sabido adaptar a la nueva realidad, logrando ajustar sus coberturas al poder adquisitivo de la población.

(*) Nota: La prima retenida neta es aquella que resulta de descontar de la prima emitida la parte que se cede en reaseguro (por eso es retenida). Neta equivale a libre de anulaciones. Devengada se diferencia de la prima cobrada, ya que esta última sigue un criterio de caja mientras que la prima devengada sigue el criterio general de contabilidad de reconocer los ingresos y gastos de acuerdo a cómo ellos se hayan generado, en forma independiente de si se cobró/pagó o si no se hizo. Para calcular la prima retenida neta devengada, debe descontarse de la prima retenida neta la variación de reservas de riesgos en curso.

Ante diversas críticas efectuadas por los operadores privados, quienes alegan que el Estado uruguayo no utiliza el mismo criterio de fiscalización para el Banco de Seguros del Estado (BSE) que para las empresas aseguradoras privadas, con lo cual perjudica notoriamente a estas últimas, ECONOMIA & MERCADO planteó un cuestionario a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR) del Banco Central del Uruguay para conocer la posición oficial respecto. A continuación se publican las respuestas que la superintendente, Cra. Ana María Acosta y Lara, nos hizo llegar por escrito.

—¿Qué factores, además de la devaluación del peso uruguayo y la crisis financiera, incidieron en las fuertes pérdidas registradas por las empresas aseguradores, excepto el BSE que registró ganancias, en el año 2002?

—Otro factor que explica el resultado global de una entidad aseguradora es el producto de su gestión operativa, denominado habitualmente resultado técnico. Conviene destacar que algunas entidades privadas, a diferencia de lo ocurrido en ejercicios anteriores, presentaron resultados técnicos positivos, que en general se revirtieron en el resultado global como consecuencia de resultados financieros negativos, derivados de la particular situación que vivió la plaza financiera uruguaya el año pasado.

El mercado de seguros a partir de la desmonopolización se ha caracterizado por acompañar en líneas generales la evolución del nivel de actividad de la economía y en este contexto, en el año 2002, los indicadores muestran un descenso del gasto en seguros medido en dólares por parte de los uruguayos. En general, podemos apreciar que ante una situación difícil los consumidores de seguros han tendido a dejar de lado coberturas o a bajar la calidad de las mismas, pasando por ejemplo en los seguros de vehículos de daño total a cubrir solamente la responsabilidad frente a terceros, lo que se refleja en el nivel de primas. Respecto a los resultados del BSE, este ha remitido información parcial estimada, por lo que analizaremos el tema cuando recibamos los estados contables auditados.

—¿Es previsible el cierre de algunas aseguradoras debido a la contracción del mercado de seguros uruguayo?

—No hemos recibido planteamientos al respecto. Se han materializado o están en proceso de concretarse algunas fusiones, producto en algunos casos de procesos de compra a nivel internacional y en otros simplemente de decisiones específicas sobre la empresa nacional.

—¿Cuentan los asegurados con garantías suficientes en caso de quiebra de una aseguradora en Uruguay?

—Se ha fijado un marco prudencial similar al adoptado por la mayoría de los países de la región, que comprende la obligatoriedad de constituir reservas técnicas que reflejen los compromisos asumidos con los asegurados y requisitos adicionales a través del margen de solvencia que toma en consideración el nivel de actividad y la siniestralidad de la compañía, los que deben estar respaldados por inversiones en activos admitidos que deben seguir criterios de diversificación, liquidez, rentabilidad y seguridad. Este esquema de supervisión prudencial focalizado en la solvencia de las entidades constituye un marco de garantía para el desarrollo de la actividad aseguradora y consideramos que resulta la mejor defensa para evitar situaciones de quiebra.

—¿Es justa la crítica de algunos operadores que señalan que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR) no aplica al Banco de Seguros del Estado (BSE) el mismo criterio de fiscalización que ejerce con las aseguradoras privadas? Por ejemplo, se afirma que no se le exige al BSE que suministre la información contable en tiempo y forma, que no se controlan adecuadamente los resultados operativos de esa institución, especialmente el del año pasado, etc.

—La normativa vigente a efectos de actuar en el mercado de seguros local es básicamente la misma para los operadores privados y el ente asegurador estatal. Sí, han existido diferencias en cuanto al grado de cumplimiento manifestado por los diferentes actores, fundamentalmente en materia de remisión de información. Respecto al resultado operativo del BSE correspondiente al año pasado, como ya manifesté, podremos emitir opinión cuando recibamos el balance auditado.

—¿Cómo ha evolucionado el patrimonio del BSE desde la desmonopolización del mercado asegurador hasta el año pasado? ¿Es cierto que el BSE fue autorizado a canjear bonos del Tesoro que tenía en su poder registrados a valores de mercado por otros que contabilizó a valores nominales en 2002?

—La información que remiten el BSE y las entidades aseguradoras privadas está disponible en la página web del BCU, donde se puede observar el patrimonio de cada entidad y específicamente respecto del BSE, la situación patrimonial desde el año 1994 ha mostrado un relativo deterioro. La operación de canje de deuda realizada en el año 2002 fue coordinada directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y fue específica para esa institución; sin perjuicio de esto, cabe precisar que el BSE participó, al igual que las restantes empresas aseguradoras, en la opción de canje voluntario de valores públicos instrumentada por el país en 2003.

—¿A qué atribuye la baja siniestralidad, o sea el pago de indemnizaciones a los asegurados, registrada por el BSE el año pasado?

—Respecto al año 2002 sólo disponemos de cifras estimadas, porque el último balance definitivo con informe de auditor remitido por el BSE corresponde al año 2001, por lo que realizaremos el análisis correspondiente cuando recibamos las cifras definitivas.

—¿Puede ser la SSR un regulador efectivo del BSE dado que son dos organismos estatales con igual jerarquía constitucional?

—Indudablemente no es la mejor solución que el organismo regulador y el regulado tengan igual jerarquía constitucional, como es el caso de las entidades financieras públicas incluido el BSE. Pero es una realidad con la que tenemos que convivir y procuramos buscar un resultado que equipare el tratamiento de operadores públicos y privados. En tal sentido, por vía legal se ha eliminado el monopolio del BSE sobre los seguros que contratan las entidades públicas y los vinculados a las licitaciones públicas, se han corregido asimetrías en materia tributaria y la nueva ley de bancos prevé la posibilidad de aplicar determinadas sanciones a las instituciones financieras estatales.

—¿Están los balances del BSE auditados externamente? En caso afirmativo, ¿hasta qué año fueron auditados de esa forma?

—Sí. La normativa sobre requisitos en materia de auditoría externa, comprendida en los artículos 54 a 64 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, se aprobó en el año 1995 y es obligatoria para el BSE y las entidades privadas. El BSE fue la primer entidad financiera pública a la que se requirió dictamen de auditor externo y ha presentado los estados contables auditados a partir del año 1996, siendo el último recibido el correspondiente al año 2001. (1)

(1) N. de R.: Esta información se publicará próximamente en la página web del BCU.

—¿Qué opinión le merece el balance del BSE del año 2002 que convierte a esta empresa en la única aseguradora que tuvo resultados positivos en dicho ejercicio?

—Si bien el balance del BSE de 2002 muestra una ganancia de aproximadamente U$S 3 millones, no debemos olvidar que nos estamos refiriendo, como dice textualmente la propia comunicación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Banco Central, a cifras presentadas por ese organismo en forma estimada sin dictamen de auditor externo. Por lo tanto, no se tiene la información definitiva de los resultados del BSE. Personalmente, me cuesta entender ese resultado cuando surge de la misma información una desafectación de reservas tan importante —de U$S 34 millones— en el mismo ejercicio. El BSE señala una ganancia en 2002 aunque, al mismo tiempo, marca una liberación de las reservas, que de hecho son pasivos. Si se desafecta ese pasivo, se genera una ganancia, pero no sabemos qué monto de dicho pasivo está contribuyendo a que los resultados terminen siendo positivos. A su vez, parece lógica alguna baja en las reservas cuando el negocio se achica. En todo caso, considero que se precisa mucha más información para saber efectivamente cuál fue el resultado del balance de dicha institución el año pasado.

—¿Considera que las compañías aseguradoras privadas y el BSE operan en igualdad de condiciones?

—Es sabido por todos que la desmonopolización de los seguros en Uruguay fue parcial. No deja de ser extraño la existencia de monopolios, que han quedado en manos de la empresa estatal, en un mercado en el que se compite. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde que se abrió el mercado asegurador hace ocho años. Por ejemplo, ahora existe la posibilidad de ofrecer seguros de fianzas en licitaciones públicas y de ofrecer la contratación de seguros privados a las empresas del Estado.

—¿Qué "asignaturas" están todavía pendientes en materia de liberalización del sector?

—En primer término, la cartera de seguros de accidentes y enfermedades profesionales aún permanece bajo el monopolio del BSE. Esa cartera es importante ya que representó una facturación de U$S 28 millones en 2002, pero llegó a ser de U$S 80 millones antes de la recesión. Si bien hay un proyecto de ley a estudio del Parlamento para su desmonopolización, no se ha avanzado mucho al respecto.

En segundo lugar, falta dar más potestades al BCU en la medida que su organismo de control, la SSR, no puede sancionar a la aseguradora estatal cuando infringe las reglas como, por ejemplo, cuando no presenta sus balances en tiempo y forma. Debido a que ambos organismos —el BCU y el BSE— son entidades del mismo rango jerárquico, el primero está inhibido de poder controlar efectivamente al segundo. En consecuencia, desde hace varios años se ha solicitado al gobierno que modifique el estatuto jurídico del BSE para que pueda operar como una empresa de seguros más. De ese modo, el control sería igual para todas las empresas del sector .

Tercero, el BSE ha tenido el privilegio de realizar pérdidas durante estos primeros ocho años de apertura del mercado de los seguros, pero es evidente que la economía del país no puede darse el lujo de seguir financiando pérdidas de las empresas estatales.

—¿Qué otras asimetrías existen entre el BSE y las aseguradoras privadas que significan una discriminación contra estas últimas?

—Los estados contables del BSE no cuentan con el análisis de una auditoría externa, mientras que ese es un requisito indispensable —y, además, lógico— para que los balances de las aseguradoras privadas sean admitidos por la SSR. El propio informe oficial de la SSR expresa que el balance del BSE del año 2002 se presentó "sin auditoría externa". Es decir que no existió un control independiente que evaluara la calidad de la información suministrada por la compañía estatal de seguros. En cambio, todas las aseguradoras privadas están sometidas lógicamente a un sistema de auditorías en sus balances y de rigurosos controles, cuya calidad ha ido mejorando con la experiencia adquirida por la SSR en todos estos años.

En síntesis, es necesario que todos los operadores del mercado dispongamos de información clara y oportuna, ya que este es un elemento fundamental para que cada empresa pueda comparar su gestión con la de sus competidores y pueda tratar de mejorarla. Esa es la forma de desarrollar sanamente un mercado, mientras que la falta de transparencia tiene un efecto negativo a largo plazo. Si se resiente la competencia o se aleja de las "mejores prácticas", se hace difícil mejorar la actividad aseguradora.