OPINIÓN

Este contenido es exclusivo para suscriptores

El presidente Tabaré Vázquez debió estar siempre aliviado por el apoyo de Líber Seregni y Danilo Astori a la reforma constitucional de 1996 que introdujo la segunda vuelta en el sistema electoral uruguayo, pese a su oposición y la del resto del Frente Amplio. Sin esos apoyos, que definieron por estrechísimo margen aquel plebiscito, Vázquez habría sido presidente desde 2000 y enfrentado la mayor crisis económica de la historia uruguaya. Porque más allá de las especulaciones sobre cómo la habría gestionado —mejor que el presidente Jorge Batlle dicen sus partidarios, peor sugieren sus adversarios— es utópico plantear que habría revertido tan rápidamente las fragilidades económicas estructurales que Uruguay había acumulado durante décadas, en medio de un contexto regional e internacional tan adverso.

Aquellos desarrollos externos e internos condicionaron el desempeño económico de su primer gobierno.

Por un lado, cuando asumió en 2005 el viento ya era favorable desde 2003 y se intensificó hasta tornarse transitoriamente adverso en 2008-09 por la crisis global, para volverse en contra nuevamente durante su segundo mandato.

Por otro lado, en lo interno, si bien asumió con la economía en fuerte recuperación (18% versus el mínimo) y las cuentas fiscales casi equilibradas, la deuda pública bruta estaba cerca de 100% del PIB y los indicadores sociales seguían muy deteriorados, con el desempleo aún cerca de 13%.

Así, para capitalizar aquel favorable escenario internacional e ir hacia el pleno empleo, Uruguay necesitaba “política” y “políticas” que el gran liderazgo de Vázquez encaminó.

En lo político, fue esencial para conducir al Frente Amplio desde “la oposición sistemática a la moderación programática”, como han sostenido los politólogos Adolfo Garcé y Jaime Yaffé. En ese sentido, quizás lo más importante fue haberle confiado la política económica a
Danilo Astori, en una definición no sólo económica, sino sobre todo “política”.

Hacia 2005, en la izquierda latinoamericana, había disponibles “modelos” antagónicos de gobierno. Por un lado, el socialismo al estilo de Felipe González-José Luis Rodríguez Zapatero en España o Ricardo Lagos en Chile, y por otro los caminos que ya recorrían Venezuela con el chavismo o Argentina con el kirchnerismo. Ante esas opciones, incluso debatidas dentro del Frente Amplio, Vázquez fue clave en liderar una especie de “vía uruguaya”, de orientación socialdemócrata, que estuvo lejos de representar una refundación del país. Hubo cambios, como la reincorporación de los Consejos de Salarios o la introducción del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero mucho de continuidad. Y eso, probablemente, generó una baja estructural en “el riesgo país” y el costo de financiamiento de Uruguay, con efectos favorables sobre la deuda y la inversión.

A su vez, en cuanto a “las políticas” económicas, Vázquez validó tres lineamientos fundamentales de Astori y su equipo, que impulsaron el crecimiento y que marcaron contrastes con algunos países de la región, con otras etapas históricas de Uruguay, e incluso con propuestas que el propio Frente Amplio había defendido o promovido en las décadas previas.

Primero, se mantuvo la apertura e inserción externa. No se promovió el desarrollo hacia adentro, ni se desalentaron los sectores de ventajas comparativas, con detracciones u otros impuestos específicos.

Segundo, se reconoció la importancia de la estabilidad macro. La recuperación del grado inversor en 2012, en parte por las políticas de su primer mandato, representó quizás el mejor sello en esta materia. Y si bien estuvo cerca de perderlo durante su segunda presidencia, su objetivo declarado y el esfuerzo de gobierno fueron por mantenerlo, intentando contener el deterioro fiscal registrado durante la gestión del presidente José Mujica.

El tercer lineamiento clave fue la promoción de la inversión como puntal para el crecimiento económico y la masa salarial. Lo más simbólico, cuya importancia trascendió lo económico, fue la defensa de Vázquez de la industria celulósica y de la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos (hoy UPM 1), asediado por las movilizaciones y el bloqueo de puentes desde Argentina, que Néstor Kirchner respaldaba. Pero además de esas potentes señales, se mantuvo —con ajustes— la Ley de Promoción de Inversiones y otros estímulos relacionados.

Es cierto que esas tres grandes “políticas” estuvieron lejos del óptimo.

En la inserción externa, no hubo grandes avances en términos de nuevos acuerdos comerciales, ni progresos significativos en los existentes. Para el estándar internacional de estabilidad macro, la inflación fue alta y otros desequilibrios se acentuaron durante su segundo gobierno. Y la promoción de inversiones no se hizo de la manera más neutral, ni eficiente, con muchas trabas en los últimos años, sobre todo por problemas de competitividad y riesgos de mayores alzas tributarias.

También hubo otro déficits en términos de capital humano, falta de autonomía respecto a algunos actores sociales y reforma del Estado, que probablemente enlentecieron los avances en bienestar. Hubo daño emergente por algunas políticas o lucro cesante por falta de otras, como suele decir Javier de Haedo, estando Vázquez en el gobierno o siendo antes férreo opositor.

Con todo, en las tres “políticas” económicas decisivas, sus orientaciones mostraron claros contrastes con lo implícito en la Argentina kirchnerista, con algunas décadas uruguayas y con ciertos planteos frenteamplistas previos, donde hubo más proteccionismo que inserción externa, más inestabilidades macro que estabilidad y más desincentivos que estímulos a la inversión. Esas diferencias se cimentaron en su gran liderazgo y constituyeron los pilares de sus resultados.