OPINIÓN

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Según el Banco Central, la producción de bienes y de servicios de nuestro país declinó 9% en el segundo trimestre de 2020 en relación al anterior y 10,6% frente al mismo trimestre de 2019. El PIB ya había caído 1,4% en los primeros tres meses del año frente al lapso octubre-diciembre de 2019 y 1,6% interanual. La economía se encuentra en recesión desde el cuarto trimestre de 2017, pues desde entonces la tasa de desempleo ha sido mayor y la capacidad ociosa de la inversión en bienes de uso menor, que las consistentes con el crecimiento potencial del PIB.

Obviamente, la aparición del coronavirus agravó la situación de la producción. Ya desde marzo y tras la aparición del virus han surgido comentarios a favor y, más en contra, de las medidas decididas por el nuevo gobierno y en especial ahora sobre el programa de recuperación económica contenido en el proyecto presupuestal para el quinquenio 2021-2025 y en el monetario del Banco Central. También se han sucedido comparaciones con lo ocurrido en la crisis de 2002.

La crisis de 2002

En aquella ocasión hubo diecinueve trimestres de caída del PIB —bajó 20% en ese lapso—, golpeado por una situación externa complicada que se inicia en 1995 —crisis de México—, que continúa en 1997 —crisis de los países del sudeste asiático—, sigue en 1998 —crisis de Rusia—, y continúa con las de los socios grandes del Mercosur. En enero de 1999 Brasil devaluó fuertemente su moneda. Argentina se resistió a dejar de lado su programa de convertibilidad —tipo de cambio fijo 1x1—, pese a la falta de competitividad, a la recesión y al alto déficit fiscal financiado de manera creciente con emisión monetaria, que en 2001 llevaron a corridas al dólar, inestabilidad bancaria y de las reservas de la autoridad monetaria, que derivaron en el primer paso hacia el conocido “corralito” —conversión de depósitos en dólares a pesos a tipo de cambio muy inferior al real— a fines de 2001, y en la renuncia del Presidente De la Rúa.

Al inicio de 2002 se sucedieron quiebras de varios bancos y la negativa del pago de las deudas del sector público.

A partir de febrero de 2002 lo que ocurría en la región afectó considerablemente el nivel de actividad en Uruguay —el desempleo llegó a 18%—; al resultado fiscal y a la confianza en una economía que mostraba baja competitividad regional y que tenía un severo cronograma de pagos de su deuda. El reflejo fue en una fuerte y persistente caída de las reservas del Banco Central, en una situación del sistema bancario muy difícil, que sortearon las instituciones extranjeras por apoyo de sus casas matrices, pero que culminó con quiebras de instituciones bancarias locales.

Hasta el trimestre final de 2002 y con la expectativa generalizada de default de la deuda como era la situación en Argentina, era muy difícil pensar en una recuperación económica fuerte, que devolviera a la economía a una situación como la anterior a la crisis. Sin embargo, medidas muy cuestionadas en aquel momento permitieron que la recuperación se concretara. Se debe recordar, por ejemplo, cuando el gobierno del Dr. Jorge Batlle decidió honrar el pago de los vencimientos de deuda —y también se debe recordar quienes cuestionaron el pago: el FMI, economistas reconocidos del BID, economistas locales y la propia oposición política de entonces, que es la de hoy—. Fue la rápida, eficaz y eficiente refinanciación de los vencimientos la condición necesaria para frenar la crisis. Pero también se debe recordar el manejo más eficiente de las finanzas públicas que se constituyó en una palanca adicional para el resurgimiento productivo.

Nueve trimestres después del gran ajuste de las obligaciones y del funcionamiento del sector público y recuperada la competitividad por la flotación de la moneda, se entregó el gobierno a una nueva administración con recuperación del PIB que creció 18%, apuntalado por el consumo privado y la inversión, con mejora parcial del ingreso de los hogares —según el INE— y con el desempleo en 10% —como la tasa que dejara en marzo de este año la pasada administración a pesar de 70 mil empleos públicos más—. La inflación se entregó en un dígito y el déficit fiscal en 1,36% del PIB, bastante mejor que el 5% registrado a marzo de este año.

La crisis actual

Alta inflación; significativo déficit financiero del sector público que limita su uso para estímulo a la economía —imposible bajar impuestos que es la forma de estímulo fiscal real a la actividad económica—; aumento también significativo anual de la deuda pública; baja competitividad —relación entre precio de transables con los no transables inconveniente para la competitividad de los sectores transables intensivos en uso de mano de obra y servicios públicos—; economía ya en recesión y en declinación y otros obstáculos al crecimiento por el estilo, caracterizaron una situación al inicio de marzo de este año muy distinta a la que se diera tras la crisis de 2002 y se entregara a la nueva administración de entonces.

La pandemia agravó la situación y exige muchos más ajustes —de tipo ortodoxo y heterodoxo—, que los que se preveían hasta mediados de marzo pasado. En resumen, en marzo pasado la economía tenía muchos más desequilibrios macroeconómicos que los que se recibieron en 2005 y la pandemia los agravó.

Si bien la incertidumbre que rodea a los efectos de la pandemia de aquí en más inhibe estimaciones cuantitativas sobre el desempeño de la economía, se puede finalizar señalando que, para que el PIB vuelva a su nivel del trimestre final de 2019, debería crecer por trimestre 2% sobre el anterior durante seis trimestres. Creo que no es imposible porque quienes lo intentarán ya lo lograron hace veinte años.