Por costumbre, el rito anual de la Rendición de Cuentas se ha convertido en una instancia para adicionar gasto y, en consecuencia, buscar más recursos. En los hechos, esa conducta implica desdibujar su propósito básico que es presentar los resultados de la ejecución del presupuesto quinquenal, eje central del programa de gobierno.

Es que para nuestra cultura ciudadana, este trámite no es más que una ventana de oportunidad para presionar en la consecución de reivindicaciones salariales o de gasto postergadas, alguna prebenda y casi nada de realineamiento de las cuentas públicas dadas las variaciones del ciclo económico que afectan la recaudación.

En realidad, nuestra historia nos enseña que las rendiciones de cuentas han sido uno de los mecanismos de fuga por el cual el gasto público se dispara en periodos preelectorales dados los incentivos que ejerce sobre el cuerpo político la necesidad de captar electorado, descargando sobre el gobierno siguiente la necesaria consolidación de las cuentas públicas. Es un tema recurrente en la mayoría del universo de las naciones democráticas que no se ha resuelto cabalmente.

La rendición de cuentas que presentará próximamente el Poder Ejecutivo tiene como uno de sus desafíos introducir correctivos para disminuir el déficit fiscal, hoy en el 4% del PIB, para llevarlo según lo prometido hacia un nivel más sostenible del 2,5% del PIB al final del periodo de gobierno. Ese objetivo debe lograrse en un escenario de muy bajo crecimiento de la economía, lo cual limita la expansión del gasto si se pretende respetar la idea de restablecer la salud fiscal sin aumentar impuestos.

En tal sentido, los anuncios no van en la dirección correcta, pues aparecen nuevos gastos por 250 millones de dólares que no tienen financiamiento.

A ello, debe adicionársele el arrastre de mayor gasto que genera la reforma de la salud por la inclusión de nuevos colectivos, más el aumento de las prestaciones del BPS por mayores coberturas y pagos por seguro de desempleo.

Como la inversión pública ya se encuentra en sus promedios históricos mínimos en momentos de carencias notorias en infraestructura, tampoco es posible generar financiamiento reduciéndola.

Por tanto, parece ineludible un aumento de la carga impositiva por medio de nuevos tributos o aumentos tarifarios, de no mediar reducciones de gasto en otras aéreas o un fortalecimiento de la tasa de crecimiento económico que genere los "espacios fiscales" necesarios de antaño.

En realidad, la expansión extraordinaria del gasto reciente fue posible gracias al aumento del endeudamiento bruto, el aumento de la presión tributaria y la fenomenal performance de la economía debido al super ciclo de las materias primas.

Como se sabe, el endeudamiento bruto ha llegado a un límite que no se pueden traspasar, pues su carga de intereses (cercana al 3% del PIB), es ya un lastre considerable equivalente a dos tercios de lo que se gasta anualmente en educación. Aumentarlo de ahora en más sólo se justificaría para casos de emergencia.

La presión fiscal es muy alta comparada con la vigente en países con desarrollo similar, o medida por la calidad de los servicios públicos que se ofertan. Además, se recauda gravando insumos estratégicos para el desarrollo de actividades productivas, siendo la energía su paradigma.

El error de haber utilizados espacios fiscales transitorios para financiar gasto corriente permanente, en vez de utilizarlos para financiar inversión pública o reducir deuda bruta, hoy está cobrando su cuenta.

Pero lo más alarmante es que en segmentos importantes del imaginario social esta realidad no está presente, dados los reclamos que una vez más están sobre el tapete. A su vez, la responsabilidad es compartida por parcelas del sector político que no advierten claramente del problema a la ciudadanía.

El problema no queda centrado en el episodio puntual de esta rendición de cuentas, que por lo visto ya está jugada, sino en lo que implica de futuro.

De una vez por todas, se debe entender que hay que ser muy cuidadoso en la instrumentación de programas que requieren financiamiento robusto permanente, con la expectativa que los recursos saldrán de algún lado. De la misma manera, aceptar que la presión fiscal tiene límites infranqueables, so pena de convertirse en un freno para la actividad productiva y el trabajo formal.

Y por último, comprender que todo confluye hacia la necesidad de fortalecer el crecimiento económico, pues es el único generador de recursos fiscales genuinos.

En tal sentido, lo que debe imperar es el realismo de lo posible. En primer lugar desterrar la idea del retorno del super ciclo de las materias primas que nos hizo crecer a tasas cuasi chinas, lo cual generó espacios fiscales cuantiosos. En su lugar, hacernos a la idea que recuperar nuestra tasa potencial de crecimiento cercana al 3% no es una mala cosa, dada la situación externa que se proyecta para el mediano plazo.

Pero lograrlo implica hacerlo sin contar con bonanzas extraordinarias de precios sino a puro esfuerzo, vía mayor inversión y aumentos de productividad. Aunque parezca un contrasentido por la situación fiscal comprometida, es necesario fortalecer y generalizar los incentivos a la inversión, y no como se anuncia, recortarlos. En particular para la inversión en infraestructura, pues a través de ella se genera actividad y se mejora la productividad global del país.

Es una apuesta que entendemos ineludible. Hacerlo implica despojarse de prejuicios, abandonar reivindicaciones cortoplacistas y el aporte de todo el sistema político.

CARLOS STENERI