Cuando volver a clase también es una política de seguridad

Ir a buscar al que abandonó la educación formal es una buena inversión. En Chile lo probaron. Recuperaron alumnos y disminuyó el delito. La estrategia tiene bajo costo y es escalable.

En América Latina, el abandono suele abordarse como un problema educativo. Sin embargo, una creciente evidencia sugiere que sus consecuencias van mucho más allá del aula. Abandonar la educación formal no solo reduce las oportunidades laborales futuras: también aumenta significativamente la probabilidad de involucrarse en actividades delictivas. En ese cruce entre educación y seguridad pública, un reciente estudio (“School Re-enrollment and Crime Prevention”) sobre Chile ofrece una lección tan simple como poderosa.

La investigación, realizada por académicos vinculados a la Universidad de Chile y a Unesco, analiza el impacto de una política innovadora implementada por el Ministerio de Educación chileno: un sistema centralizado de monitoreo de estudiantes que abandonan la educación. A partir de registros administrativos que se actualizan en tiempo real, el sistema identifica rápidamente a los jóvenes que dejan de asistir sin haberse reinscripto en otro centro educativo.

Con esa información, el Ministerio elabora reportes que envía a cada centro educativo con el listado de sus estudiantes que han abandonado. La instrucción no es burocrática ni rígida: se trata de un empujón para que las instituciones activen sus redes —docentes, equipos de orientación, contactos con otros centros educativos o autoridades locales— y busquen reinsertar a esos jóvenes, ya sea en la misma institución o en otra más adecuada.

A primera vista, la intervención parece modesta. No hay subsidios, ni programas costosos, ni reformas estructurales. Pero los resultados son contundentes. Los estudiantes que fueron incluidos en estos reportes aumentaron su probabilidad de volver a insertarse en la educación formal. Ese retorno, además, no fue meramente transitorio: también se tradujo en un aumento significativo en la probabilidad de completar el año lectivo.

Sin embargo, el hallazgo más relevante del estudio aparece al observar lo que ocurre más allá del sistema educativo. Dos años después de la intervención, los jóvenes que habían sido identificados y acompañados presentaban una tasa de participación en delitos aproximadamente 7 puntos porcentuales menor que la de aquellos que no fueron incluidos en los reportes. La reducción se concentra principalmente en delitos no violentos, como hurtos, daños a la propiedad o infracciones vinculadas a drogas.

¿Por qué una política educativa puede tener efectos en la criminalidad? Una explicación clásica es el llamado “efecto de incapacitación”: el tiempo que los jóvenes pasan en la escuela o en el liceo es tiempo que no están en la calle, se reducen las oportunidades de delinquir. Además, la escuela y el liceo implican supervisión adulta, normas de comportamiento y cierta estructura cotidiana.

Pero el estudio sugiere que hay mecanismos adicionales. Muchos de los jóvenes no regresan a su centro educativo original, sino que son reubicados en otras instituciones dentro de redes educativas locales. Esto no es trivial: el entorno importa. Cambiar de escuela o liceo puede implicar cambiar de grupo de pares, de expectativas y de incentivos. En contextos donde los efectos de los pares son relevantes, estas reubicaciones pueden amplificar los impactos positivos de la reinscripción.

Desde el punto de vista de política pública, el aspecto más llamativo es su relación costo-beneficio. Implementar el sistema cuesta en promedio menos de 100 dólares por estudiante identificado. Sin embargo, los beneficios en términos de reducción del delito multiplican varias veces ese costo, alcanzando una relación estimada de seis a uno. Y esto sin considerar otros efectos positivos de largo plazo, como mejores ingresos laborales o menor criminalidad en la adultez.
De todos modos, si fuera posible implementar políticas de prevención del abandono a un costo menor, estas podrían resultar aún más eficaces. Volver a captar a quienes ya abandonaron implica esfuerzos costosos de localización y seguimiento; son costos que crecen cuanto más tiempo permanecen fuera del sistema.

No todas las políticas efectivas requieren grandes presupuestos o diseños complejos. A veces, mejorar el uso de la información puede generar impactos significativos. Algo tan sencillo como enviar un listado de estudiantes a los centros educativos logró cambiar decisiones, activar redes y modificar trayectorias de vida.

En Uruguay el abandono educativo sigue siendo un desafío relevante. La citada investigación recuerda que es fundamental mirar a quienes ya quedaron fuera del sistema. En muchos casos, cuando un joven deja el centro educativo, simplemente desaparece del radar del sistema. El sistema de monitoreo corrige precisamente esa falla de información. Hace visible un problema que antes estaba disperso y activa respuestas descentralizadas pero coordinadas. No obliga a las escuelas a actuar, pero las empuja a hacerlo, facilitando información concreta y oportuna.

La escuela y el liceo cumplen múltiples funciones sociales. Educan, integran y, como muestra este caso, también protegen. Cuando el sistema logra recuperar a quienes lo abandonaron, los beneficios trascienden ampliamente el ámbito educativo y alcanzan al conjunto de la sociedad. Reinsertar a quien abandonó la educación no es solo una cuestión de equidad educativa: es también una estrategia inteligente de prevención del delito.