Crimen en Uruguay: lo que dicen los datos

Diego Aboal

El debate sobre la seguridad en Uruguay suele moverse entre percepciones, episodios impactantes y discusiones políticas. Sin embargo, la evolución de la criminalidad en el país es más compleja de lo que sugieren esas narrativas. Entender qué dicen —y qué no dicen— las estadísticas es fundamental para interpretar correctamente el fenómeno.

Tras el retorno a la democracia en 1985, Uruguay experimentó durante la década siguiente niveles de criminalidad relativamente bajos y estables en comparación con los promedios latinoamericanos de la época. A comienzos de los años noventa se registraban poco más de 2.500 rapiñas, en el entorno de 200 homicidios y alrededor de 54.000 hurtos al año.

Todo comenzó a cambiar a mediados de los noventa y, sobre todo, a comienzos de la década de 2000, coincidiendo con la crisis económica que atravesó el país en aquellos años y con la llegada de drogas altamente adictivas y baratas. Los delitos contra la propiedad iniciaron entonces una expansión muy marcada que se prolongó durante casi tres décadas. En ese período, las rapiñas se multiplicaron por 11 y los hurtos por más de 2, alcanzando sus niveles máximos hacia 2018-2019.

En paralelo, los homicidios también aumentaron en el largo plazo. Entre comienzos de los años noventa y el pico registrado en 2018, la tasa de homicidios aproximadamente se duplicó, ubicándose en un entorno de 400 por año hacia fines de la década de 2010.

Este proceso refleja cambios estructurales en la dinámica del delito. Uruguay dejó atrás el perfil de país de baja criminalidad que caracterizó buena parte del siglo XX y pasó a ubicarse en niveles intermedios dentro del contexto regional, en una de las regiones más violentas del mundo. América Latina y el Caribe, con menos del 10 % de la población del planeta, concentra cerca del 30 % de los homicidios globales.

En los últimos años, sin embargo, la evolución ha sido menos uniforme. Desde alrededor de 2019, algunos delitos contra la propiedad comenzaron a descender, especialmente las rapiñas y los hurtos denunciados. Ambos delitos retrocedieron a niveles similares a los observados a comienzos de la década de 2010.

Un fenómeno distinto se observa en las estafas. En los últimos doce años, las denuncias por este delito se multiplicaron por veinte (superando 26 mil en 2025), pasando de ocupar el décimo lugar entre los delitos más denunciados a convertirse en el tercero, solo detrás de hurtos y rapiñas.

Los homicidios, en cambio, se mantienen en niveles elevados en comparación con décadas anteriores. En 2025 se registraron 369 homicidios, algo más de 10 % por debajo del pico de 2018, pero aún con tasas cercanas a 10 cada 100.000 habitantes. Con estos niveles, Uruguay sigue ubicándose en una posición intermedia en América Latina, y la tendencia ascendente de largo plazo aún no se ha revertido de forma definitiva.

En otras palabras, Uruguay no enfrenta los niveles extremos de violencia de algunos países latinoamericanos, pero tampoco es ya la excepción que fue durante buena parte del siglo XX.

Las denuncias policiales muestran solo una parte del fenómeno, ya que una proporción relevante de los delitos no se reporta, generando la llamada “cifra negra” de la criminalidad. Para captar esa dimensión, muchos países utilizan encuestas de victimización.

Uruguay comenzó a avanzar en esa dirección en 2024, cuando el INE incorporó un módulo de victimización en la Encuesta Continua de Hogares.
Este instrumento permite medir de forma periódica tanto la victimización como la percepción de inseguridad, independientemente de la denuncia.

Se trata de un avance institucional relevante, que complementa las estadísticas basadas en registros administrativos. En conjunto, ambas fuentes deben interpretarse de manera complementaria para lograr una visión más completa del fenómeno delictivo.

Los datos semestrales del módulo de victimización del INE muestran una caída sostenida de la criminalidad en los últimos tres semestres. La cantidad de eventos mensuales de victimización (robos y estafas) pasa de 82,1 mil en el segundo semestre de 2024 a 67,9 mil en el primero de 2025 y a 51,8 mil en el segundo semestre de 2025, lo que implica una reducción acumulada cercana al 37%. Esta tendencia se observa tanto en robos (de 55,2 mil a 35,4 mil) como en estafas (de 26,9 mil a 16,3 mil), y también en la prevalencia de victimización mensual, que desciende de 5,2% a 3,6% en hogares y de 3,6% a 2,6% en personas. Sin embargo, dado el corto período de observación, aún es necesario contar con más semestres de información para determinar si esta caída se consolida como una tendencia de largo plazo.

Por otra parte, aproximadamente cuatro de cada diez uruguayos declaran sentirse inseguros o muy inseguros al caminar solos por su barrio durante la noche. Este indicador se ha mantenido notablemente estable en los últimos tres semestres, sin cambios significativos entre el segundo semestre de 2024, el primero y el segundo semestre de 2025.

Las encuestas de victimización permiten además observar otro fenómeno clave: la baja propensión a denunciar ciertos delitos. Según los datos del INE, en los últimos semestres solo alrededor de un tercio de los eventos de victimización termina en una denuncia formal (27,5% en el segundo semestre de 2024 y en torno a 32% en 2025). La proporción es mayor en los robos (37%) y significativamente menor en las estafas, aunque en aumento reciente (de 11,7% a 21,5%).

Uruguay debería avanzar hacia un sistema más robusto de estadísticas de criminalidad basadas en registros administrativos, integradas al sistema estadístico nacional y bajo la responsabilidad técnica del INE. Esto permitiría contar con datos producidos con estándares claros y contribuir a despolitizar, en parte, el debate sobre las cifras de criminalidad, sin afectar el rol operativo del Ministerio del Interior ni la generación de estadísticas para su uso propio.

El desafío es que estos registros no siempre se generan con fines estadísticos, lo que puede afectar su calidad y comparabilidad. Por ello, algunos países han desarrollado mecanismos formales para evaluar y comunicar estas limitaciones. El instituto nacional de estadística de Irlanda (CSO), por ejemplo, publica estadísticas basadas en registros policiales junto con evaluaciones explícitas sobre la calidad de los registros que le dan base. Un esquema similar en Uruguay fortalecería la transparencia y la confianza pública en los datos.

En fenómenos tan complejos como la criminalidad, ningún dato aislado puede ofrecer una respuesta definitiva. Pero algo sí está claro, para discutir mejor el problema, Uruguay necesita más evidencia, mejores estadísticas y un debate público menos basado en percepciones y más apoyado en datos.