OPINIÓN

En realidad, llevamos 10 años de estancamiento y el nivel de actividad económica ya venía descendiendo desde antes que se estableciera la cuarentena, a pesar de las expansiones monetarias que se hicieron.

El último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que anticipa el comportamiento del PIB, fue publicado la pasada semana por el Indec, con información correspondiente al mes de febrero, antes de que se estableciera la cuarentena. Lo que se observa es que la actividad económica en febrero ya estaba en el punto más bajo de la serie histórica mensual tomando desde enero de 2011, año en que comenzó el estancamiento económico que ya lleva 9 años y vamos hacia el décimo, incluyendo este, que seguro va a mostrar una muy fuerte caída del PIB.

Si tomamos las variaciones interanuales del EMAE con estacionalidad, vemos que tanto en enero y febrero de este año ya se habían producido caídas en la actividad comparadas con enero y febrero de 2019, año que ya había recesión. En enero, el EMAE cayó el 1,8% interanual y en febrero el 2,2%. Es decir, la caída en el nivel de actividad es anterior a la cuarentena, lo que hace la cuarentena es potenciarla a niveles extremos, generando una seria crisis económica y social por la cantidad de gente que queda sin trabajo o bien pierde parte de sus ingresos mensuales por suspensiones.

De los 6.3 millones de personas registradas por la AFIP en febrero trabajando en relación de dependencia en el sector privado, podemos estimar que al menos el 50% tiene comprometido su ingreso y su puesto de trabajo. Parte de la industria manufacturera, construcción, comercio mayorista y minorista en su gran mayoría, transporte y almacenamiento está comprometido en gran medida por el transporte aéreo, transporte de larga distancia y marítimo, servicios inmobiliarios, hotelería y restaurantes, servicios profesionales, servicios artísticos y servicios, y asociaciones y servicios personales son los rubros con mayores problemas.

Las empresas que presentaron declaraciones juradas de aportes y contribuciones patronales durante el mes de febrero fueron 541.357, de las cuales 540.871 empresas corresponden al sector privado. La masa salarial que pagó el sector privado a sus empleados registrados en la AFIP, según las declaraciones juradas presentadas, fueron $ 375.160 millones durante febrero.

Estimo que la masa salarial de todo el sector público nacional (nación, provincias y municipios) está rondando los $ 280.000 millones mensuales.

Si asumimos que el Estado financia el 50% de la mitad de la masa salarial del sector privado y, teniendo en cuenta la brutal caída de los ingresos tributarios en todos los niveles de gobierno, lo más probable es que también tengan que asistir a provincias y municipios para financiar el pago de los salarios, más lo que corresponde a la nación, la emisión necesaria para pagar sueldos de toda la administración pública y del 50% del sector privado, sumaría $ 374.000 millones, que equivalen al 20% de la base monetaria. Ese aumento en un solo mes y sin contar los planes sociales.

Es bastante claro que semejante emisión monetaria produciría una estampida inflacionaria de magnitudes como las que hemos visto en el pasado.

Si el paquete de ayuda del gobierno, ya sea por planes sociales o apoyo a las empresas, suma $ 805.000 millones de acuerdo a lo que declaró el ministro Kulfas, eso implica una emisión equivalente 43% de la base monetaria. Agregando el financiamiento a las provincias y los sueldos del sector privado, estamos en $ 1,2 billones, lo que implicaría aumentar la base monetaria el 68% en un corto período de apenas dos o tres meses.

Algunos colegas economistas consideran que una expansión monetaria de esta envergadura o aun mayor, tendría poco efecto inflacionario porque el consumo es bajo y, por lo tanto, no hay margen para aumentar los precios. La realidad es que si se juntan expansión de moneda no deseada por la gente, con menor oferta de bienes y servicios, se genera el cocktail perfecto para un agudo proceso inflacionario.

Es sorprendente la velocidad con que puede potenciarse la tasa de inflación en un país sin moneda como es el caso argentino. Eso se vio cuando se produjo la hiperinflación de 1989.

En efecto, el 6 de febrero de ese año, el entonces presidente del BCRA, José Luis Machinea, anunciaba que el Central dejaba de vender dólares en el mercado para frenar la suba. De una inflación mensual del 8,9% en enero de ese año, pasamos al 17% en marzo, casi se duplicó la inflación mensual en el lapso de 3 meses. En abril estaba en el 33% mensual, es decir, se duplicó en un mes. En mayo trepó al 78,5%, más que se duplicó en un mes. En junio estaba en el 114% mensual y llegaba al pico en julio con el 196,6% mensual de inflación. Fue una llamarada que luego continuó.

Es decir, la tasa de inflación pasó del 8,9% mensual en enero de 1989 al 196,6% en julio. En otras palabras, en 6 meses la tasa de inflación se multiplicó 22 veces. En Argentina la huida del peso es contundente. Se produce en un abrir y cerrar de ojos.

Estamos en el peor de los mundos. El gobierno aumenta el gasto público en el mismo momento en que cae como piano de piso 11 la recaudación tributaria, tanto nacional como provincial. El aumento del déficit fiscal tiene como única fuente de financiamiento la emisión monetaria en un país que, como decía antes, no tiene moneda. Si el gobierno no recapacita en su política económica, una llamarada hiperinflacionaria está a la vuelta de la esquina.